Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0587/2026-S1 Sucre, 8 de abril de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 55747-2023-112-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 057/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Giovanni Arturo Morales Aliendre en representación sin mandato de Jorge Luis Gómez Rivera contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 8 de mayo de 2023, cursante de fs. 2 a 7 vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual previsto y sancionado en el art. 312 del Código Penal (CP), se encuentra detenido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, disponiéndose la ampliación de dicha detención por dos meses mediante "Resolución 134/2023", ante la falta de la realización de una valoración psicológica como acto de investigación, fijándose audiencia de situación procesal para el 30 de marzo de 2023; fecha en la cual, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de La Paz, solicitó la ampliación de su detención por treinta días más, de igual forma el Ministerio Público señaló que ya habría presentado requerimiento conclusivo de la etapa preparatoria con la correspondiente acusación.
En cuanto se refiere a la solicitud del representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de La Paz no correspondería una ampliación; puesto que, la valoración psicológica a la que hizo referencia ya fue realizada; y con relación a la solicitud del Ministerio Público, el art. 233 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que el plazo de la detención preventiva podrá ser ampliado a petición fundada del Fiscal de Materia y únicamente cuando responda a la complejidad del caso, fundamentos que jamás fueron expresados por la representante del Ministerio Público, sino simplemente se refirió al hecho de que ya existiría una acusación y en juicio oral, público y contradictorio tendrían que prestar sus declaraciones los testigos ofrecidos y que aún se mantendría latente el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del citado Código; fundamentos que no corresponden, para solicitar una ampliación del plazo de la detención preventiva; en consecuencia amparado en lo establecido en el art. 239.2 del mismo código, solicitó la cesación de la detención preventiva y en su lugar se apliquen las medidas cautelares personales señaladas en el art. 231 bis del adjetivo penal; dictándose en la misma fecha la "Resolución 209/2023" donde la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz, rechazó su petición; sin tomar en cuenta que, el cese de las medidas al constatarse el vencimiento del plazo es de cumplimiento obligatorio.
En grado de apelación, la Vocal hoy accionada al emitir el Auto de Vista 311/2023 de 21 de abril, donde confirmó la Resolución impugnada, estableció que no existía agravio alguno; puesto que, concurriría logicidad y racionalidad en la Resolución dictada por la Jueza de primera instancia, ya que habría tomado en cuenta el bloque de constitucionalidad que dispone la protección de las víctimas mujeres y niñas, esto sin realizar una ponderación de derechos se apartó de lo dispuesto en la norma procesal.
I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso vinculado a su libertad, a la defensa, a la motivación de las resoluciones, a la certeza y "a la seguridad jurídica"; citando al efecto los arts. 23.1 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
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