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TCP

0588/2019-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
11 de septiembre de 2019SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0588/2019-S3

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0588/2019-S3 Sucre, 11 de septiembre de 2019

SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad

Expediente: 29371-2019-59-AL Departamento: Potosí

En revisión la Resolución 021/2019 de 6 de junio, cursante de fs. 52 a 58 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Benigno Fernando Quispe Quisbert contra Julio Alberto Miranda Martínez y María Cristina Montesinos Rodríguez, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí y Ronald Augusto Basilio Lupa, Juez Público Civil y Comercial Primero -en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Primero- de Uyuni del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 5 de junio de 2019, cursante de fs. 19 a 24 vta., el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El Fiscal de Materia a cargo de la investigación, el 26 de mayo de 2018 lo imputó por la presunta comisión de los delitos de secuestro, privación de libertad, robo agravado, asociación delictuosa, tenencia y porte o portación ilícita y tentativa de asesinato, solicitando la aplicación de medidas cautelares en su contra.

El proceso radicó en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí y por Resolución de la misma fecha se dispuso su detención preventiva ante la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234 numerales 1, 2 y 10 y 235.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); es decir, por no haber acreditado domicilio, residencia habitual, familia, negocio y trabajo en el país.

Al amparo del art. 239.1 del CPP, el 1 de febrero de 2019 solicitó la cesación de la detención preventiva, adjuntando certificados de verificación policial domiciliaria y del presidente de la junta vecinal, placas fotográficas y croquis de ubicación, que establecían que su domicilio real estaba en el inmueble, de la calle 2 entre Santa Cruz y Colombia, zona Miraflores de la ciudad de Uyuni, misma que fue de conocimiento del Juez Público Civil y Comercial Primero -en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Primero-, de la referida ciudad y departamento, instancia que mediante Auto Interlocutorio de la citada fecha rechazó su solicitud; por lo que, apeló dicha decisión, que radicó ante los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, quienes por Auto de Vista de 10 de abril del mismo año, declararon parcialmente procedente su pedido, estableciendo en cuanto al riesgo de fuga que: "...En relación al elemento arraigador domicilio el imputado en la presente audiencia ha referido que no se ha valorado la prueba presentada por su parte. Sin embargo del análisis del legajo de apelación cursa a fs. 147 certificado de verificación policial domiciliaria que establece que el imputado tiene domicilio en calle 2 entre Santa Cruz y Colombia s/n Zona Miraflores de la ciudad de Uyuni, datos que evidentemente no dan certeza a este Tribunal para establecer que el imputado no tiene domicilio fijo e indubitado, porque no ha establecido en que calidad vive en la referida ubicación, siendo que el inmueble referido es de propiedad de otra persona, por lo que el imputado no acreditado tener domicilio, y al no tener trabajo debidamente acreditado hace vigente el núm. 2) del art. 234 del procesal penal, en ese sentido el imputado no tiene arraigo natural y no se advierte agravio al respecto"' (sic).

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