0592/2022-S2

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar:

1. a)El cumplimiento integral de la Conminatoria de Reincorporación Laboral plasmada en la RM 047/21 de 26 de enero de 2021;
2. b)El pago de once meses y veintidós días de salario (del 20 de febrero de 2020 al 12 de febrero de 2021), del aguinaldo gestión 2020, la asignación de quince días de vacaciones de la gestión 2020, o en su defecto el pago y otros derechos que corresponda tal como instruyó la Jefatura Departamental de Trabajo de Potosi; y,
3. c)Sea respondida de manera inmediata la solicitud que realizó.

La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, añadiendo que:

1. 1)La presente audiencia debe tratar temas que no tengan relación alguna con el fondo del asunto, dichos asuntos deberán ser dilucidados por otras instancias, en ese entendido, solo deben avocarse estrictamente a los actos ilegales a partir de la reincorporación establecida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Potosi;
2. 2)Si bien luego de aproximadamente cinco meses y medio de su reincorporación, recién reclamó el pago de sueldos devengados; no obstante, esto fue para mantener una excelente relación laboral que existía;
3. 3)Al momento de ser retirada de su puesto laboral, se tenía acreditado que era la única que generaba recursos económicos para su familia, siendo que tiene una hija y un esposo con una deficiencia pulmonar aproximadamente del 60 a 80%, razón por la cual su desvinculación fue ilegal;
4. 4)La jurisdicción constitucional debe verificar si en efecto la RM 047/21, se cumplió a la fecha de manera íntegra.

Guido Anagua Villafuerte, Gerente General del SSU Potosí, a través de su abogado, en audiencia, solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos:

1. i)En efecto la ahora accionante prestó sus servicios en el Seguro antes citado, no obstante, en ningún momento fue despedida de manera ilegal, toda vez que, estaba bajo un contrato a plazo fijo mismo que concluyó, y producto de la misma se dio la cesación de la relación laboral, como corresponde conforme a derecho, se procedió con el pago de sus beneficios sociales, firmando esta y dando su pleno consentimiento;
2. ii)La ahora accionante cobró sus compensaciones económicas el 28 de febrero de 2020, y el finiquito correspondiente fue visado ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Potosí, en dicho documento se puede evidenciar de manera tácita, la aceptación respecto a la conclusión del vínculo de trabajo y su conformidad con todas sus utilidades recibidas;
3. iii)Habiendo transcurrido quince días de percibir sus bonificaciones, la accionante interpuso denuncia ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Potosí, citándoles en consecuencia a audiencia para el 13 de marzo de 2020, en la cual la ya nombrada expuso los mismos argumentos de su supuesto retiro ilegal;
4. iv)La hoy peticionante de tutela desconoce el contenido del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006, que en su art. 10, refiere de manera contundente que cuando el trabajador opta por el cobro de beneficios sociales, ya no corresponde su reincorporación, más aún cuando se evidenció que estos fueron percibidos por la ya señalada, este hecho fue valorado por la Jefatura Departamental de Trabajo de Potosí, razón por la cual en una primera instancia emitió la RA Conminatoria de Reincorporación JDTP-JACP 020/20, declinando competencia, confirmada por la RA JDTP-JACP 009/2020, porque existen aspectos que deben ser tratados en la jurisdicción ordinaria a través de autoridad competente;
5. v)Ante este rechazo es que la ahora demandante de tutela acudió ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, no obstante, se incumplió con el principio de garantía y el derecho al debido proceso, toda vez que en ningún momento tomaron conocimiento del recurso de revocatoria; pese ello se tramitó el recurso en la vía jerárquica y el Ministerio señalado emitió la RM 047/21, totalmente ilegal por el cual dispuso la reincorporación arbitraria de la accionante;
6. vi)Respecto a la supuesta vulneración del derecho a la petición, no hubo tal situación, toda vez que la accionante, de manera voluntaria se presentó en sus oficinas y expresó que renunciaba al cobro de sus salarios devengados porque ya se encontraba trabajando; pero, ahora de manera desleal le sorprendió con esta acción tutelar, cuando ya se le dio respuesta y tenía conocimiento de cuál era la forma de obrar de la institución;
7. vii)Al ser el SSU Potosí una entidad pública, está bajo el amparo de la Ley de Administración y Control Gubernamentales, misma que establece que para el pago de algún recurso, este debe estar programado dentro de su ejecución presupuestaria, y al no estarlo, se inviabiliza su ejecución; asimismo, y en concordancia con la Ley de Administración Presupuestaria, respecto al presupuesto, esta señala que las entidades públicas no podrán comprometerse ni ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados; por lo que son estas disposiciones las que no les permitieron hacer efectivo el pago de los salarios devengados, no es voluntad del Gerente no hacer viable el desembolso, como se pudo observar, existieron criterios de orden legal que evitaron hacerse efectiva la cancelación;
8. viii)La institución demandada tenía hasta el 8 de agosto de 2021, para hacer que la RM 047/21, quede sin efecto, aspecto que debe tomarse en cuenta, en otras ocasiones ocurrió que fueron pagados los sueldos adeudados y luego una autoridad competente declaró la ilegalidad de la reincorporación; en lo relativo a la imposición de cancelación de costas no corresponde. Al ser una institución pública bajo la Ley de Administración y Control Gubernamentales; y,
9. ix)Existe la voluntad de saldar deudas por parte de la entidad pública, no obstante debe entenderse que hay que seguir todo el procedimiento establecido en la Ley de Administración y Control Gubernamentales para no incurrir en defectos de orden legal.

Asimismo, en audiencia pública de consideración de la presente acción tutelar, el Gerente del SSU Potosí, señaló que:

1. a)La hoy accionante cobró los beneficios sociales, puesto que a la fecha el cheque generado no les fue devuelto, siendo que ya pasó más de un año y medio, esto implica que ya fue cobrado, existiendo un hecho consentido;
2. b)En esa reunión voluntaria referida, la hoy peticionante de tutela señaló que su pretensión era tener un trabajo indefinido de planta, de manera verbal manifestó su intención de no querer percibir los sueldos devengados, petición a la que no otorgó respuesta alguna; y,
3. c)A causa de la pandemia por el COVID-19 es que el SSU Potosí, está con un déficit económico, aspecto que dificultó la cancelación de obligaciones económicas.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Resolución 38/2021 de 29 de julio, cursante de fs. 53 a 62 vta., concedió -lo correcto es en parte- la tutela solicitada, disponiendo el cumplimiento integral de la reincorporación contenida en la RM 047/21, es decir, el cumplimiento integral referente al pago de sueldos, salarios devengados y demás derechos sociales, en un plazo de treinta días, y denegó en cuanto al pago de costas, con los siguientes fundamentos:

1. 1)Es evidente la existencia de la citada Resolucion Ministerial, por la cual se dispuso la reincorporación, el pago de sueldos devengados y demás derechos sociales en favor de la ahora accionante, y el mismo fue cumplido de manera parcial ya que solo se la reincorporó a su puesto de trabajo, incumpliendo así el pago de sueldos devengados y demás derechos sociales;
2. 2)Respecto al cumplimiento de pagos, evidentemente se presentaron como prueba los documentos de planillas de finiquito y el comprobante de depósito que se hizo ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Potosí, que sería el cheque supuestamente entregado por el pago de beneficios sociales, pero este último fue aclarado por la accionante que si bien recibió dicho cheque, no obstante este no fue materializado, por lo que el tema del finiquito se queda en ese estado;
3. 3)Respecto al pago de los beneficios sociales, la autoridad demandada reconoció que no se canceló hasta la fecha, que existe la voluntad total para cumplirse con dicho pago, al ser una entidad pública debe hacérselo de acuerdo a la normativa legal establecida en la Ley de Administración y Control Gubernamentales; y,
4. 4)Sobre el derecho a la petición, no corresponde analizarlo, toda vez que, este no está encuadrado dentro de lo que se debe analizar en temas de peticiones al existir una resolución administrativa, y que precisamente, en virtud al incumplimiento parcial se ha realizado esta acción de amparo constitucional.