0592/2023-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0592/2023-S1 Sucre, 7 de junio de 2023

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad

Expediente: 45732-2022-92-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 324/2021 de 27 de diciembre, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Grover Leyva Crespo contra Douglas Cecil Borda Montaño, Juez y Rubén Osvaldo Mamani Condori, Secretario; ambos del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de diciembre de 2021, cursante de fs. 10 a 11, el accionante manifestó:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, se encuentra privado de su libertad en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz.

Por lo que solicitó la cesación de su detención preventiva al amparo de los arts. 239.1 y 5 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el 20 de diciembre de 2021; empero la autoridad jurisdiccional ahora demandada mediante proveído rechazó su petición bajo el justificativo de la existencia de un anterior recurso de apelación incidental pendiente de resolución, olvidando los alcances del art. 251 del CPP con efecto no suspensivo ante una nueva solicitud de cesación de medidas cautelares.

De este modo, por segunda vez reiteró y solicitó conforme el art. 239.5 de la citada norma adjetiva penal sin que hasta la presente acción de libertad se haya pronunciado, no obstante que conforme al área de epidemiología del Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz se encuentra con Coronavirus (COVID-19).

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Alega la vulneración de sus derechos a la libertad y a la vida; citando al efecto, los arts. 8, 15, 18, 115, 178, 180, 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 10.1 del Protocolo de San Salvador; y, 12.1 del Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela solicitada y en consecuencia se disponga su detención domiciliaria en razón a que su persona se encuentra con COVID-19.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Efectuada la audiencia pública virtual el 27 de diciembre de 2021, según acta cursante de fs. 17 a 21, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.2.2. Informe de la parte demandada

I.2.4. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante Resolución 324/2021 de 27 de diciembre, cursante de fs. 22 a 24, concedió la tutela solicitada y en consecuencia dispuso que: Douglas Cecil Borda Montaño, Juez de Instrucción Penal Sexto de la capital del departamento de La Paz señale día y hora de audiencia considerando la cesación de detención preventiva en la cual deberá tomar en cuenta las recomendaciones dadas en el presente Auto, la Constitución Política del Estado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la OMS y disponer en consecuencia, se aplique el art. 231 bis numeral 9 con relación al art. 239. 1 del CPP, "en razón del estado de salud en el cual se encuentra el accionante contagiado a la fecha con COVID-19 siendo un peligro inminente para el personal administrativo policial carcelaria del recinto penitenciario obligándole y exhortándole en el plazo de 24 horas" (sic) desde la notificación con el presente Auto Constitucional, "aplique lo que establece la ley 1173 en cuanto al Dr. RUBEN MAMANI CONDORI Secretario abogado del juzgado sexto de Instrucción en lo penal de la ciudad de la paz se rechaza la tutela por no haber demostrado responsabilidad de instrucción para la presente acción de libertad empero colaborar en la disposición que antecedentes con el fin de que se lleve a cabo la audiencia de acción de la detención preventiva siendo la responsabilidad del secretario en colaborar con todas las tareas y funciones que se le asignan a fin de mejorar con la gestión y despacho judicial la planificación, la organización es enmarcado en nuestra ley 1173 y la ley 025 quedando notificado con la presente determinación el día de hoy mediante sistema CISCO WEBEX" (sic) a la autoridad demandada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente:

II.1. Grover Leyva Crespo -ahora accionante-, según el certificado emitido por INLASA, con toma de muestra de 16 de noviembre de 2021 dio positivo a COVID-19; y en el informe realizado por el Jefe de Unidad de Epidemiología-SEDES-La Paz, refiere que los síntomas del mencionado son cefalea, malestar general y mialgia (fs. 3 a 6).

II.2. El 20 de diciembre de 2021, Grover Leyva Crespo -hoy accionante-, presentó memorial dirigido al Juez Sexto de Instrucción Cautelar en lo Penal de la ciudad de La Paz, solicitando se señale día y hora de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva al amparo del art. 239. 1 y 5 del CPP (fs. 8).

II.3. El 23 de diciembre de 2021, el impetrante de tutela Grover Leyva Crespo, presentó memorial dirigido al Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de La Paz, retirando apelación y solicitando se señale día y hora de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva al amparo del art. 239. 5 del CPP (fs. 9).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y vida; toda vez que, al encontrarse con detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, el 20 de diciembre de 2021, solicitó cesación a la detención preventiva; empero la autoridad jurisdiccional ahora demandada mediante proveído rechazó su petición bajo el justificativo de la existencia de un anterior recurso de apelación incidental pendiente de resolución, petición que reiteró conforme el art. 239.5 de la citada norma adjetiva penal sin que hasta la presentación de esta acción de libertad se haya pronunciado, no obstante que conforme al área de epidemiología del Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz se encuentra con el virus del COVID-19 poniendo en riesgo su vida y de los funcionarios policiales.

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0753/2019-S2 de 4 de septiembre, asumió el siguiente entendimiento:

La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituirse un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la 0SC 1579/2004-R de 1 de octubre1, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la 0SC 0044/2010-R de 20 de abril2, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -0SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -0SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo²-.

Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.

III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0753/2019-S2, asumió el siguiente razonamiento:

Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, sostiene que: "La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos"; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: "La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez"; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia.

En cuanto a la celeridad exigida a toda autoridad que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, dicho principio debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también, la seguridad jurídica; más aún, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la 0SC 0224/2004-R de 16 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:

...toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud (las negrillas nos pertenecen).

Jurisprudencia constitucional reiterada, entre otras, por las 0SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 00900/2010 de 10 de agosto; y, las 0Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1157/2017-S2 de 15 de noviembre y 0052/2018-S2 de 15 de marzo.