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TCP

0592/2025-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
27 de noviembre de 2025
Resumen del caso

Auto 0592/2025-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0592/2025-CA Sucre, 27 de noviembre de 2025

Expediente: 77752-2025-156-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Cochabamba

En consulta la Resolución de 7 de octubre de 2025, cursante de fs. 1 a 4, pronunciada por el "Tribunal Administrativo Departamental de Educación de Cochabamba" por la que rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Loriant Elder Dávalos Cayo, demandando la inconstitucionalidad de los arts. 24 inc. k) y "m"; y, 52 inc. m) en el texto "...el incumplimiento de deberes señalados en el artículo 24 del presente reglamento" del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública, aprobado por Resolución Ministerial (RM) 062/00 de 17 de febrero de 2000, por ser presuntamente contrarios a los arts. 1, 109.II, 116."11", 178."1" y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 9 y 105 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 15."1" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Por memorial presentado el 6 de octubre de 2025, cursante de fs. 5 a 11, la accionante manifiesta que dentro del proceso disciplinario que se sigue en su contra por la presunta comisión de las faltas administrativas dispuestas en los arts. 52 inc. m) con relación al art. "25 incs. m) y k)" del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública, aprobada por RM 062/00, refiere que, el 17 de febrero de 2000 el entonces Ministro de Educación promulgó el nombrado Reglamento, cuyo contenido normativo se encuentra compuesto por cuatro Títulos y 166 artículos entre los que se contempla un catálogo de faltas disciplinarias, sus castigos y un procedimiento a realizarse, empero lo relevante es que en dichas previsiones, contienen un elevado grado de indeterminación y por ende son contrarios al principio constitucional de tipicidad y taxatividad sobre la base de los cuales se la pretende sancionar.

Indica que, los preceptos denunciados de inconstitucionales tipifican como falta grave conductas de manera ambigua e indeterminada que no pertenecen propiamente a un catálogo sancionador, los cuales infringen el principio de legalidad en su contenido mínimo de taxatividad, así como a la seguridad jurídica, también producen contravención al modelo de Estado de derecho previsto en el art. 1 de la CPE, al igual que a la supremacía constitucional y jerarquía normativa dispuesta en el art. 410.II de la Ley Fundamental.

Refiere que, los artículos impugnados, disponen que sería una falta grave el incumplimiento de deberes constitucionales, legales y determinaciones superiores que están dentro de los marcos legales, los cuales considera que serían de textura abierta e indeterminada que corresponden como falta de mandatos de textura abierta e indeterminados que corresponden a los deberes de la persona, más no así conductas reprochables taxativamente determinadas, quedando reflejado la vinculación entre los artículos cuestionados de inconstitucionales y la directa aplicación sobre la decisión final que se adoptará en el proceso administrativo.

Señala que, las normas contenidas en los arts. "...14 núm. 3) y 102 ambos de la Ley 101..." (sic), infringen el art. 1 de la Norma Suprema, ya que Bolivia se constituye en un Estado Plurinacional con diferentes elementos calificadores que lo caracteriza como tal, siendo que toda actividad estatal se rige por un ordenamiento jurídico establecido y publicado de antemano que obliga por igual a todos, gobernantes y gobernados, en cuya cúspide se encuentra la Constitución, que es la que fija las condiciones de validez del ordenamiento jurídico ordinario, así como de las decisiones y resoluciones de las autoridades públicas, y al haberse emitido normas que son contrarias a los principios antes mencionados el Órgano Ejecutivo que aprobó la "Ley 101", quebrantó el estado derecho.

Por otra parte en cuanto a la supremacía constitucional, el mismo se encuentra infringido por las disposiciones cuestionadas, que se contraponen a los principios constitucionales de seguridad jurídica, legalidad, reserva de ley y debido proceso en su garantía de taxatividad y tipicidad. Así también lesiona el principio de legalidad, debiendo emanar del Órgano Legislativo, pues no puede delegar funciones legislativas al Órgano Ejecutivo para reglamentar; y la ley estricta que impone un cierto grado de precisión, excluyendo la analogía en perjuicio del investigado, debiendo ser detallada y describiendo cabalmente cada una de las conductas prohibidas, pues las texturas abiertas o la falta de precisión de las normas cuestionadas, generan inseguridad jurídica en las personas procesadas.

I.2 Respuesta a la acción

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Tribunal Constitucional Plurinacional27 de noviembre de 20250592/2025-CAFuente oficial