Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0593/2026-S2 Sucre, 9 de abril de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 57586-2023-116-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 82/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 120 a 121 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Ángel Carvajal Cordero contra Juan Carlos Apaza Canaviri, Encargado de Recursos Humanos (RR.HH.) de la Representación Distrital de La Paz del Consejo de la Magistratura. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 13 de enero de 2023, cursante de fs. 8 a 11, el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Fue designado como Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de La Paz, cargo que desempeñó con normalidad. El 15 de julio de 2022, nació su hija, quien a la "fecha" -se comprende a la data de interposición de la acción de defensa-, no cumplió un año de edad, situación que es de conocimiento de la Unidad de RR.HH. de la Representación Distrital de La Paz del Consejo de la Magistratura, en razón a que percibe el subsidio de lactancia, conforme se acredita mediante el formulario de registro y su afiliación al seguro social de corto plazo correspondiente.
Sin embargo, el 10 de enero -de 2023-, fue notificado con el Memorándum CMLP/URH/SD 04/2023 de 9 de enero, mediante el cual, de manera sorpresiva y sin considerar su condición de progenitor de una menor de un año de edad, fue suspendido del ejercicio de sus funciones, por el lapso de un mes, sin goce de haberes, a partir del 1 de febrero hasta el 28 de igual mes y año. En virtud de ello, interpone la presente acción tutelar, denunciando la indebida ejecución de una sanción que -a su criterio- no correspondía ser aplicada en atención a la situación de su hija, cuyos derechos -afirma- se verían afectados.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad funcionaria y a la percepción de un salario justo, así como los de su hija menor de edad a la vida, a la salud, a la seguridad social, a la dignidad y respeto al niño, niña y adolescente, citando al efecto los arts. 9.2, 15, 21.2, 22, 35, 45, 46.I y 60 de la Constitución Política del Estado (CPE).
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