Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0595/2019-S3 Sucre, 11 de septiembre de 2019
SALA TERCERA Magistrado Relator: MSc. Paul Enrique Franco Zamora Acción de amparo constitucional
Expediente: 28767-2019-58-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 30 de 29 de abril de 2019, cursante de fs. 1951 vta. a 1955, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Magdalena Magaly Delgadillo de Auad contra Samuel Saucedo Iriarte e Irma Villavicencio Suarez, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 3 de abril de 2019, cursante de fs. 1398 a 1409, la accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
De acuerdo al Instrumento Público 140/2009 de 25 de mayo, por efecto de la Sentencia dictada en el proceso coactivo que siguió contra Evar Suarez Amelunge, se otorgó en subasta judicial un inmueble urbano con una superficie de 885,50 m2, ubicado en la Manzana 3, Lote 12, de la Unidad Vecinal (UV) 33 de la ciudad de Santa Cruz; actuado que, se llevó adelante con pleno conocimiento de Mario Alfredo, Ana María y Mercedes Ingrid todos Peláez Descarpontríez, quienes el 30 de abril del año indicado se apersonaron al proceso, formulando oposición al desapoderamiento del bien, la cual fue rechazada por el Juez de la causa, dando lugar a una acción de amparo constitucional que fue denegada y confirmada incluso en revisión a través de la , adquiriendo la adjudicación referida la calidad de cosa juzgada al no haberse ordinarizado el proceso de ejecución.
Sobre el mencionado inmueble, construyó con ayuda de financiamiento bancario un edificio con el nombre de "Condominio Oasis", cuyos departamentos posteriormente fueron comercializados y adquiridos por terceras personas; no obstante, por memorial de 19 de junio de 2009, Mario Alfredo, Ana María y Mercedes Ingrid todos Peláez Descarpontríez, iniciaron demanda de nulidad de contrato de venta por simulación, reconocimiento de contrato verdadero y extinción de la obligación, dirigiendo la acción contra Evar Suarez Amelunge, con el argumento de que la transferencia efectuada por Mario Alfredo Peláez Descarpontríez en representación de su madre Carmen Descarpontríez Toledo "...encubría un préstamo de dinero" (sic); en tal sentido, el Juez que conoció la causa dictó sentencia el 14 de abril de 2010 declarando improbada la demanda, determinación que fue confirmada en apelación por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz mediante Auto de Vista de 31 de agosto de 2012; empero, el pronunciamiento de alzada fue anulado por , por considerar que fue dictado fuera del plazo de ley; y, el nuevo Auto de Vista pronunciado por la Sala Penal Primera que confirmó la sentencia apelada fue también cancelado por providencia de 6 de agosto de 2013. Después de varias recusaciones interpuestas por la parte apelante, la Sala Penal Segunda, violando preceptos legales respecto a la simulación, expidió el Auto de Vista 193 de 16 de octubre de 2013, revocando la sentencia y declarando probada la demanda, nulo y sin valor el contrato simulado de transferencia del inmueble de 25 de septiembre de 2000 y su documento aclarativo de la misma fecha, celebrado entre Carmen Descarpontríez Toledo y Evar Suarez Amelunge, ordenando la cancelación de su inscripción en el Registro de Derechos Reales (DD.RR.).
Interpuesto recurso de casación por Evar Suarez Amelunge, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia emitió el , casando el Auto de Vista recurrido y manteniendo firme la Sentencia; sin embargo, los hermanos Peláez Descarpontríez, a través de una acción tutelar consiguieron que se anule dicho Auto Supremo y en virtud de ello se dictó el de 10 julio, que nuevamente casó el pronunciamiento de alzada, decisión que fue dejada sin efecto por el Tribunal de garantías, al considerar que no se cumplió con los términos de la .
Ante las decisiones judiciales adversas, los hermanos Peláez Descarpontríez en colusión con Evar Suarez Amelunge consiguieron que este último solicite al Tribunal Supremo de Justicia el retiro de su recurso de casación; con el argumento de que, su firma fue falsificada. A consecuencia de ello, por providencia de 5 de octubre de 2017, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, aceptó el mismo y declaró ejecutoriado el Auto de Vista 193; siendo que, la demanda de nulidad de contrato de transferencia de inmueble por simulación, no tuvo como objeto la cancelación o la nulidad de la adjudicación judicial del mencionado bien, ni la orden de cancelación de su registro o la nulidad de los actos o contratos suscritos con terceros por el supuesto beneficiario de la simulación.
El Juez de la causa, en observancia del art. 397.I del Código Procesal Civil (CPC), no podía ordenar la nulidad de un acto judicial (subasta y adjudicación) plenamente ejecutoriado y con efectos frente a terceros; y, tampoco podía ir más allá de lo dispuesto por el Auto de Vista 193 que se circunscribió a declarar la nulidad de la transferencia del inmueble sin afectar derechos de terceros; no obstante, por Auto Interlocutorio de 9 de mayo de 2018 el mencionado Juzgador además de anular la matrícula computarizada que se encontraba a nombre de Evar Suarez Amelunge, dispuso también la anulación de los demás asientos. Asimismo, mediante providencia de 23 de mayo de 2018 y a consecuencia de la solicitud de la parte demandante, se complementó el Auto antes señalado, ordenando además la cancelación de las partidas hijas, referidas a las personas que adquirieron de buena fe los departamentos en el edificio mencionado.
Emergente del recurso de reposición con alternativa de apelación la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 462-18 de 1 de octubre de 2018, confirmando la resolución apelada; con el argumento de que, debió plantearse previamente una tercería al no ser posible modificar a través del recurso planteado la Resolución que revocó la sentencia; por lo que, al pronunciar el Auto de Vista referido, confirmando el Auto de 9 de mayo de 2018 y la providencia de 23 del mismo mes y año, los Vocales demandados incurrieron en incongruencia aditiva respecto a la decisión establecida en la parte dispositiva del Auto de Vista 193, desconociendo los alcances de la cosa juzgada de la cual goza la adjudicación judicial, afectando gravemente los valores justicia e igualdad, vulnerando intereses legítimos de terceras personas que no han tenido la posibilidad de asumir defensa, y en su caso impugnar las decisiones judiciales que les son perjudiciales.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
La accionante alegó como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de congruencia, "ALTERACIÓN ULTERIOR DE SENTENCIAS CON CALIDAD DE COSA JUZGADA MATERIAL", y "APLICACIÓN OBJETIVA DE LA LEY"; a la propiedad privada; y, a la defensa, citando al efecto los arts. 56, 115, 117, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se anule el Auto de Vista 462-18, ordenándose a las autoridades demandadas emitan nueva resolución conforme a ley, respetando los derechos de los terceros adquirientes de buena fe.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
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