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TCP

0596/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
27 de abril de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0596/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0596/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 58513-2023-118-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 162 de 14 de septiembre de 2023, cursante de fs. 234 vta. a 236 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mary Silvia Descarpontriez Carvajal contra Luis Fernando Camacho Vaca, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental (GAD) de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 30 de agosto y 7 de septiembre de 2023, cursantes de fs. 44 a 52; y, 55 a 63 vta., la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Hace aproximadamente diez años, desempeñó el cargo de Coordinadora de Odontología de la Red de Salud Centro, dependiente del Servicio Departamental de Salud (SEDES), ejerciendo sus funciones con responsabilidad, idoneidad y sin antecedentes disciplinarios; no obstante a ello, el 31 de marzo de 2023, fue notificada con el Memorándum 22/2023 de 15 de marzo, emitido por Juan Gabriel Suárez Cuéllar, Gerente de la Red de Salud Centro, mediante el cual se dispuso, bajo el argumento de una reestructuración funcional, su traslado para cumplir funciones como Odontóloga en el "Centro de Salud Brígida".

Dicha decisión, es arbitraria y vulneraba su derecho al debido proceso -en sus vertientes de derecho a la defensa y derecho a una resolución motivada y fundamentada-, al desvincularle de su cargo administrativo que ejerció desde hace aproximadamente diez años; por lo que, el 3 de abril de 2023, la ahora accionante interpuso recurso de revocatoria, contra el indicado Memorándum 22/2023, solicitando además la suspensión de su ejecución, recurso que fue complementado el 10 de igual mes y año, solicitando como medida cautelar la suspensión de la ejecución de dicho memorándum.

Su recurso fue resuelto mediante Nota CITE: GER.TEC. 81/2023 de 18 de abril, por la que, se mantuvo íntegramente la decisión cuestionada; debido a ello, el 19 del mismo mes y año, por instrucciones del Gerente de la Red Centro, el personal de apoyo de Recursos Humanos eliminó su registro en el biométrico, impidiendo que pueda seguir marcando su asistencia a su fuente laboral, vulnerando su derecho al trabajo; por lo que, frente a tal situación, el 21 de abril de 2023, formuló recurso jerárquico contra la citada resolución ante el gobernador de Santa Cruz -ahora demandado-.

El 9 de mayo de 2023, mediante memoriales dirigidos al Secretario Departamental de Salud, solicitó certificación respecto al día y hora en que fue eliminada del registro, así como informe sobre el estado de su recurso jerárquico y su solicitud de la inmediata restitución al sistema biométrico, para que pueda marcar su asistencia diaria.

Ante la persistente afectación a sus derechos, el 17 de mayo del mismo año, interpuso acción de amparo constitucional contra el Gerente de la Red Centro por la emisión del Memorándum 22/2023 y por la medida de hecho consistente en excluirla del registro biométrico, además de identificar como terceros interesados al Director del SEDES, al Secretario Departamental de Salud, al Gobernador del departamento de Santa Cruz y al responsable material del sistema biométrico; en mérito a lo cual, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió la Resolución 60/2023, concediendo la tutela solicitada, ordenando la inmediata restitución al registro biométrico y disponiendo que, mientras no se resolviera el recurso jerárquico, ninguna de las autoridades demandadas o terceros interesados podían asumir actos que persistieran en la vulneración de sus derechos; empero, las autoridades demandadas en dicho amparo incumplieron dicha determinación; motivo por el cual, interpuso queja el 7 de junio de 2023, informando el incumplimiento de lo determinado, producto del cual, el 16 del mismo mes y año, y después de reiteradas solicitudes, fue restituida al registro biométrico.

Ahora bien, el acto lesivo de sus derechos que denuncia en esta acción de defensa es la emisión de la Resolución Administrativa R.J. 028/2023 de 2 de agosto, que resolvió el referido recurso jerárquico interpuesto, por la cual se confirmó en su totalidad lo dispuesto en la Nota CITE: GER.TEC. 81/2023 de 18 de abril.

La resolución ahora impugnada, al resolver el primer agravio expresado dentro de su recurso jerárquico, afirmó que, el Gerente de la Red Centro respondió a cada punto cuestionado en el recurso de revocatoria y su complementación; empero, se llegó a tal conclusión sin efectuar un análisis ni expresar fundamento ni motivación alguna, limitándose dicha autoridad departamental a indicar que el Memorándum 22/2023, se encontraba amparado en los arts. 9 incs. b) y e) del Reglamento Interno del Personal; 58 del Estatuto de los Trabajadores en Salud Pública, aprobado mediante Decreto Supremo (DS) 2890 de 6 de noviembre de 2006; y, 30 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (NB-SAP), aprobada por el DS 26115 de 16 de marzo de 2001.

Se advierte que, dentro de la misma resolución, tampoco analizó si el ius variandi se aplicó dentro de límites de razonabilidad donde si bien el empleador tiene potestad para introducir ciertas modificaciones en la modalidad, horario, lugar, cantidad o tiempo de trabajo, éste no puede ejercerse de manera desproporcionada; pues cualquier cambio que altere el curso de la relación laboral o las condiciones de trabajo pueden afectar derechos fundamentales del trabajador cuando se adoptan de forma arbitraria, sin consenso previo ni justificación que explique las razones o la necesidad de su implementación.

En ese sentido, tras desempeñarse como Coordinadora de Odontología de la Red de Salud Centro, por aproximadamente diez años, ese cargo se convierte en un derecho adquirido; en consecuencia, cualquier rotación se la debió realizar conforme establece el art. 30 de la NB-SAP, o en su caso el art. 60 del DS 28909.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos motivación y fundamentación, citando al efecto los arts. 115.II y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).

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