Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 24 de julio de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 27746-2019-56-AAC Departamento: Beni Partes: José Luis Melgar Suárez contra Jhasmany Cortez Aliaga y Nuria Gisela Gonzales Romero, ex y actual Fiscal Departamental del Beni, respectivamente.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA DE LA DISIDENCIA
La suscrita Magistrada si bien está de acuerdo con lo resuelto en la , que revocó la Resolución 01/2019 de 13 de febrero, cursante de fs. 208 a 212 vta., pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Segunda de la Capital del departamento del Beni -constituido en Jueza de garantías- y concedió la tutela impetrada; disponiendo dejar sin efecto la Resolución Jerárquica FDB/JCA 106/2018 de 5 de junio, debiendo el Fiscal Departamental del Beni demandado Nuria Gisela Gonzales Romero, emitir una nueva resolución; así como con la mayor parte de los argumentos contenidos en dicha sentencia; sin embargo, considera que en la Resolución constitucional debió efectuarse un desarrollo argumentativo sobre la condición de la víctima y su participación dentro del proceso penal y el derecho a la tutela judicial efectiva, con la finalidad de dar mayor certeza al solicitante de tutela y a la autoridad demandada respecto a la problemática jurídica planteada.
Asimismo, es pertinente hacer constar que el presente expediente correspondiente a la que motiva esta Disidencia, fue inicialmente sorteado a mi despacho; en consecuencia se elaboró el proyecto de Sentencia Constitucional Plurinacional; empero, el Magistrado Carlos Alberto Calderón Medrano manifestó su desacuerdo con los criterios desarrollados sobre la condición de la víctima y su participación dentro del proceso penal y el derecho a la tutela judicial efectiva sin observar lo resuelto, que finalmente el propio Magistrado elaboró, sin los fundamentos observados, un proyecto alterno, cuando ameritaba la realización de su Voto Aclaratorio, en ese entendido, remitidos a Presidencia el proyecto de Sentencia elaborado y el alterno, el Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional -Petronilo Flores Condori- aceptó dirimir el caso y lo hizo a favor del proyecto del Magistrado Carlos Alberto Calderón Medrano; por tal motivo, me obliga a presentar el presente Voto Disidente, conforme a los siguientes fundamentos:
II. FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA DISIDENCIA
El impetrante de tutela presentó denuncia contra Jesús Martínez Subirana, José Pedro Carvalho Ojopi y Enohe Yensi Rojas Oyola, Jueces de Instrucción Penal Primero, Segundo y Tercera, respectivamente, todos de la Capital del departamento del Beni, por los supuestos delitos de consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados; organización criminal; y, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, en el que el Fiscal de Materia mediante Resolución de 9 de marzo de 2018 determinó el rechazo de su denuncia; que habiendo interpuesto objeción contra la Resolución de Rechazo, el ex Fiscal Departamental del Beni Jhasmany Cortez Aliaga, sin resolver el fondo, emitió la Resolución Jerárquica FDB/JCA 106/2018 de 5 de junio, señalando que si bien el solicitante de tutela presentó la denuncia, la condición de víctima recae a las hijas de su hermano fallecido, quienes de acuerdo al orden de prelación se encontrarían en primer grado; que habiendo presentado su certificado de nacimiento y el de su hermano, que acredita su relación de parentesco, no se le reconoció la calidad de víctima por lo que determinó que no tendría facultad para objetar; actuación que vulnera su derecho al debido proceso, la garantía de la víctima de ser oída antes de cada decisión judicial, los principios de igualdad de las partes y seguridad jurídica; pidiendo se conceda la tutela impetrada, se revoque las Resoluciones de Rechazo y Jerárquica y, se disponga la tramitación de la proposición de diligencias y de la causa.
En consecuencia, correspondía que la , verifique si tales extremos eran evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; debiendo complementar con los siguientes fundamentos:
- i)Sobre la condición de víctima y su participación dentro del proceso penal;
- ii)Sobre la tutela judicial efectiva;
- iii)Análisis del caso concreto.
II.1. Sobre la condición de víctima y su participación dentro del proceso penal
El art. 121 de la CPE, señala: "La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley, y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. En caso de no contar con los recursos económicos necesarios, deberá ser asistida gratuitamente por una abogada o abogado asignado por el Estado".
Así el art. 11 del Código de Procedimiento Penal (CPP), prevé que:
"La víctima por sí sola o por intermedio de un abogado, sea particular o del Estado, podrá intervenir en el proceso penal aunque no se hubiera constituido en querellante" (sic).
Por lo que, respecto a la víctima dentro del proceso penal, los mencionados arts. 121.II de la Constitución Política del Estado (CPE) en concordancia con el art. 11 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, consagran el derecho de la víctima a ser oída antes de cada decisión judicial y participar con autonomía sin constituirse en querellante o acusador particular, de acuerdo con la línea jurisprudencial sentada por el Tribunal Constitucional.
Ahora bien, es necesario determinar con precisión quienes tienen la calidad de víctima, a efectos de saber quiénes están legitimados para intervenir dentro del proceso penal en calidad de querellantes o acusadores particulares.
Al respecto, la primera parte del art. 76 del Código Procesal Penal (CPP), considera como víctima: "1) A las personas directamente ofendidas por el delito;
- 2)Al cónyuge o conviviente, a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, al hijo o padre adoptivo y al heredero testamentario, en los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido;
- 3)A las personas jurídicas en los delitos que les afecten...".
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