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TCP

0598/2019-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
11 de septiembre de 2019SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0598/2019-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0598/2019-S3 Sucre, 11 de septiembre de 2019

SALA TERCERA Magistrado Relator: MSc. Paul Enrique Franco Zamora Acción de amparo constitucional

Expediente: 28664-2019-58-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 20/2019 de 23 de abril, cursante de fs. 65 a 67 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Gróver Maita Arnez, contra Delina Irma Zurita Herbas, Encargada Distrital y Vladimir Gonzales Cáceres, Encargado de Recursos Humanos (RR.HH.), ambos del Consejo de la Magistratura Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de abril de 2019, cursante de fs. 18 a 21 vta., el accionante expresó los siguientes fundamentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Estuvo trabajando como Secretario del Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, hasta que mediante Memorándum CM-CB-JRH-184/2018 de 5 de octubre -que no cuenta con la firma de la autoridad que la emite- se dispuso que deba hacer uso de vacación para a su finalización cesar en el desempeño del mencionado cargo por haber cumplido de manera superabundante el período de funciones, en cumplimiento de los arts. 23 (Cesación) numeral 1 y 100 (Período de funciones) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y 80 del "Acuerdo 280/2014".

El 22 de octubre de 2018, nació su hija AA en cuyo mérito recibió el subsidio prenatal y natalidad, correspondiendo el pago de lactancia hasta que la prenombrada cumpla un año. A ese fin, por escrito presentado el 5 de diciembre del mismo año, solicitó a la Encargada Distrital del Consejo de la Magistratura Cochabamba, cumpla con el referido pago conforme se interpreta del art. 45.V de la Constitución Política del Estado (CPE), cuando expresa que el Estado tiene el rol de protección de la hija o hijo en sus necesidades más apremiantes que comprende la continuidad de las asignaciones familiares hasta que cumpla la edad mencionada.

La aludida autoridad, al igual que la Unidad de RR.HH. y la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) de la institución citada, señaló que según normativa se puede otorgar las asignaciones familiares solamente por dos meses más después de que el funcionario haya cesado en sus funciones. I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante, consideró como lesionados sus derechos a la vida, salud, seguridad social e integridad personal de su hija menor de edad, citando al efecto los arts. 15, 45.V, 48.V y 410 de la CPE; y, art. 4, 17 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, ordenando el pago del subsidio de lactancia hasta que su hija cumpla un año de edad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 23 de abril de 2019, según consta en acta cursante de fs. 63 a 64, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante ratificó el contenido de la demanda.

I.2.2. Informe de los demandados

Delina Irma Zurita Herbas, Encargada Distrital y Vladimir Gonzales Cáceres, Encargado de RR.HH, ambos del Consejo de la Magistratura Cochabamba, a través de su abogado en audiencia, señalaron:

  1. a)La DAF fue quien determinó cancelar el subsidio por dos meses; por lo tanto, el responsable de dicha unidad era el llamado a informar sobre esa decisión, razón por la que existe falta de legitimación pasiva en los demandados;
  2. b)Los derechos enunciados por el accionante, no fueron vulnerados por funcionarios dependientes del Consejo de la Magistratura, sino, por la norma legal referida al caso y la vía sería la de control de constitucionalidad a ser interpuesta por la Defensoría del Pueblo por ejemplo. La posición de la institución a la que representa, es cumplir la normativa vigente; por lo que, es manifiesta la improcedencia de esta acción tutelar; y,
  3. c)El impetrante de tutela tramitó el certificado de baja, lo que evidencia un acto consentido. Finalmente, solicitaron que se deniegue la tutela.

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