Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0599/2019-S2 Sucre, 24 de julio de 2019
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional
Expediente: 27745-2019-56-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 01/2019 de 21 de febrero, cursante de fs. 182 vta. a 185, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Walter Israel y Mirian ambos Salazar Escalante contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 31 de enero de 2019 y 7 de febrero de igual año, cursantes de fs. 33 a 44 vta. y fs. 166 a 168, respectivamente, los accionantes aseveran lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Por Escritura Pública 226/2002 de 22 de mayo, Pedro Saavedra Mercado transfirió irregularmente a Isabel Maldonado Romero un lote de terreno con una superficie de 300 m2, ubicado en la zona de Las Delicias de la ciudad de Sucre, venta fraudulenta por quien no era el verdadero propietario, por lo que ni la aludida compradora, ni sus herederos pudieron lograr inscribir dicha transferencia en Derechos Reales (DD.RR.).
A partir de la fecha de la referida Escritura, Isabel Maldonado Romero empezó a habitar el citado terreno; situación ante la cual Walter Salazar Magnani, quien era el verdadero propietario, con títulos inscritos en DD.RR., le hizo notar esos extremos, y ante una demanda inminente de reivindicación la aludida suscribió el Testimonio 25/2011 de 18 de enero, a través del cual reconoció el indicado derecho propietario y su calidad de cuidadora del terreno; posteriormente, ésta última falleció el 2011, hecho a raíz del cual el señalado propietario inició una demanda sumaria civil sobre desocupación y entrega del referido inmueble contra Marcos Iglesias Maldonado, heredero a título universal de la aludida, pretensión fundada en descrito Testimonio 25/2011; sin embargo, ante el fallecimiento del demandado, se apersona Jacinta Quispe Zanabria como esposa y heredera de éste último; proceso que no concluyó debido al fallecimiento del demandante Walter Salazar Magnani.
Luego de ello, el 2015, Jacinta Quispe Zanabria interpuso una demanda civil de usucapión decenal contra Walter Salazar Magnani y sus herederos, en la que alegó que viene poseyendo el aludido inmueble desde hace más de dieciocho años, periodo durante el cual refirió que se habría comportado como verdadera propietaria, proceso que fue resuelto por el Juez Público Civil y Comercial Cuarto de la Capital del departamento de Chuquisaca a través de la Sentencia 17/17 de 6 de febrero de 2017, que de manera extraña declaró probada la demanda; determinación contra la cual interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca mediante Auto de Vista 160/2017 de 2 de mayo, confirmando la señalada Sentencia.
Contra esa última resolución interpuso recurso de casación en el fondo, argumentando que la Resolución impugnada, incurrió en:
- a)La omisión de aplicar el art. 524 del Código Civil (CC), en cuya virtud la calidad de detentadora de Isabel Maldonado Romero y su posibilidad de seguir habitando el inmueble como cuidadora con el compromiso de entregarlo, fue heredada primero por el hijo de ésta, y al fallecimiento de éste último, a la ahora demandante (Jacinta Quispe Zanabria) en su calidad esposa, quien en su confesión provocada afirmó que fue su suegra quien compró el inmueble;
- b)Una indebida aplicación del art. 87 del CC, en razón que las actividades familiares y las mejoras introducidas no demuestran la intención de tener un derecho de propiedad sobre el bien inmueble, las que además fueron introducidas por Isabel Maldonado Romero, conforme se tiene por el Testimonio 25/2011, y por la confesión provocada de Jacinta Quispe Zanabria, a través de la cual menciona que su posesión no fue continua y que reconoció la propiedad de su suegra sobre el aludido bien;
- c)En un arbitraria omisión de aplicar el art, 88.I parte in fine del CC, dado que, por el Testimonio "226/2002" Jacinta Quispe Zanabria conocía que su suegra era la poseedora del inmueble y por el Testimonio 25/2011, se demostró que esta misma comenzó y continuó habitando el inmueble como una simple detentadora, no pudiéndose presumir posesión alguna a su favor;
- d)En una indebida aplicación del art. 89 del CC, toda vez que, no se acreditó que la demandante haya cambiado su condición de detentadora; y, f) La vulneración del art. 139 del CC con relación a los arts. 1503.I y 1506 de la misma norma, ya que, el cómputo del plazo para la prescripción fue interrumpido el 2011 por la demanda sumaria civil de desocupación y entrega de inmueble, quedando de esa manera sin efecto el tiempo transcurrido hasta ese momento, proceso dentro del cual se apersonó la demandante en calidad de heredera a título universal, aspecto corroborado también en su confesión provocada donde indicó: "...que cuando estaba viva su suegra, ella no se metía a defender propiedad alguna sobre el bien inmueble" (sic).
Al respecto, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, emitió el , que declaró infundado el mencionado recurso de casación, habría incurrido en vulneración del derecho al debido proceso en su componente de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales vinculado a una valoración probatoria fuera de los marcos de objetividad, razonabilidad y equidad, toda vez que:
- 1)Respecto a la prueba confesión provocada de Jacinta Quispe Zanabria en el Considerando IV de la aludida Resolución, los hoy accionados indicaron que no se cumplió con el requisito de que las declaraciones de las mismas sean claras sobre el hecho que se confiesa conforme al art. 161 del Código Procesal Civil (CPC), y que el interrogatorio propuesto no describió con precisión hechos personales sobre la posesión o detentación de la demandante, teniendo preguntas abiertas que conllevaron imprecisiones; empero, en la indicada Resolución no se citaron partes de la indicada declaración que perjudican a la demandante, como aquella en ésta confiesa que la persona que compró el lote fue su suegra y ella asumía defensa de su derecho propietario en los procesos y su posesión no era continua porque se iba a vivir al campo y luego retornaba con la autorización de la familia de su suegra.
Afirman que la prueba mencionada cumple con los requisitos establecidos en el art. 161 del CC y no reflejan duda razonable haciendo inaplicable el art. 163.I del mismo Código.
Por otro lado, señalan que los hoy demandados asimilaron esta prueba en favor de la demandante en razón a que la misma se encontraba en situación de vulnerabilidad socioeconómica, siendo este criterio totalmente arbitrario, ya que, en ninguna norma adjetiva civil se establece tal causal para asimilar la prueba en favor de la confesante.
Finalmente, la cuestionada valoración probatoria tuvo incidencia decisiva en la decisión asumida en el citado Auto Supremo, debido a que las declaraciones no fueron tomadas en cuenta, confirmando la falta de comportamiento de la demandante como una verdadera propietaria del inmueble, mientras su suegra y su esposo habitaban el mismo; y que recién a partir del 2011 en virtud a su declaratoria de herederos habría comenzado una posesión eficaz.
- 2)Con relación a la prueba documental consistente en la Escritura Pública 25/2011 a través del cual Isabel Maldonado Romero, suegra de Jacinta Quispe Zanabria, reconoce su calidad de cuidadora del inmueble, extremo que aconteció hasta su fallecimiento el 2011, situación a partir de la cual recién habría comenzado la detentación de su hijo y de la esposa de este, antes referida, condiciones de ocupación que se presume fueron heredadas por estos últimos, en virtud al art. 524 del CC. Al respecto, Jacinta Quispe Zanabria en ningún momento demostró el cambio de su título de simple detentadora a poseedora. En consecuencia, los Magistrados demandados, no valoraron la referida prueba, dentro de los marcos de razonabilidad y equidad, bajo el argumento que ésta no fue suscrita por la demandante, conforme a la presunción antes mencionada; aspecto determinante en la decisión asumida en el , dado que, acredita la calidad de simple detentadora de la demandante.
Por otro lado, señala que los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, habrían incurrido en lesión de su derecho a la igualdad en su vertiente de aplicación de la ley y de su derecho al debido proceso en sus componentes de motivación y fundamentación, manifestando al respecto que:
- 3)Se apartaron de sus propios lineamientos determinados en el , pese a tratarse de un proceso con supuestos fácticos idénticos, en ese sentido, no realizaron una debida fundamentación y motivación sobre cuáles fueron las razones para apartarse de dicho lineamiento y no aplicarlo en el caso de autos; toda vez que, el aludido Auto Supremo deja establecido de manera clara la improcedencia de la usucapión extraordinaria por no demostrarse el cambio de título de detentador a poseedor por parte de un sucesor que continuó la detentación que ejercía el causante en calidad de cuidador del inmueble, como sucede en el caso de autos.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
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