0599/2020-S1

Por ello, su defensa apeló en audiencia en relación a tres motivos:

1. a)Cuestionando la concurrencia de la probabilidad de autoría, refiriendo que la Jueza a quo realizó una errónea y defectuosa valoración de la prueba en su vertiente ciencia, lógica y experiencia; en referencia al Informe Preliminar de 30 de agosto de 2019, a la entrevista policial informativa de la víctima, al Informe Psicológico de 3 de septiembre del mismo año y al Certificado Médico Forense de 17 de agosto del señalado año, ya que los mismos dan cuenta de la existencia del hecho, pero no de su participación en el mismo.
2. b)Denunció la falta de motivación y fundamentación individual en referencia a la concurrencia del art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), puesto que la Jueza a quo dio por acreditado ese riesgo procesal; empero solo en referencia a los coimputados Dayler Daza y Evelin Pereyra Ríos, sin embargo nunca se lo mencionó; y,
3. c)Denunció la errónea aplicación de la ley en lo que concernía al art. 231 bis. V del CPP, modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres- y la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019 -Ley de modificación a la Ley 1173-, en referencia a la acreditación del riesgo procesal de fuga inserto en el art. 234.1 del CPP en su vertiente trabajo, puesto que incurrió en una mala valoración de la prueba e incongruencia, en relación al certificado de trabajo presentado al efecto; por ello, el Vocal ahora demandado, debió declarar la procedencia de los tres motivos de apelación y revocar el Auto Interlocutorio apelado, en el que se dispuso la detención de dos sujetos procesales, entre los que él no se encontraba; sin embargo, pese a ello se emitió mandamiento de detención preventiva en su contra.

Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo:

1. 1)Se deje sin efecto en parte el Auto de Vista 32/2020 emitido por el Vocal demandado y el Auto Interlocutorio 14/2020 de 6 de febrero; y,
2. 2)La "valoración" de manera directa en la jurisdicción ordinaria, pues se trata de la vulneración flagrante de su libertad y se emita de forma directa una Resolución constitucional reparadora, restituyendo su libertad de forma inmediata.

El accionante, a través de su defensa, ratificó el contenido de su memorial de acción de libertad y añadió los siguientes argumentos:

1. i)Los Autos ahora cuestionados vulneraron los principios de legalidad, proporcionalidad, razonabilidad, fundamentación y motivación; toda vez que, el Vocal demandado advirtió que en el Auto Interlocutorio apelado no se había consignado de manera precisa quiénes eran los sujetos procesales contra los que se había determinado detención preventiva;
2. ii)Con relación al informe de la Jueza, ahora demandada, el impetrante de tutela señaló que la disposición de la detención preventiva, conforme se evidencia por Auto Interlocutorio 14/2020, debió haber sido consignada en el acta; pues, la Ley 1173 dispone que en el acta deben estar las consideraciones esenciales y el Vocal accionado sostuvo que esa consideración era esencial; es decir, el hecho de disponer quiénes deberían estar con detención preventiva y quiénes no, pero en virtud a esta cuestión eminentemente formalista, el Vocal demandado decidió no ingresar a la consideración del fondo de los motivos de apelación, situación que está vedada por el art. 251 del CPP, pues a diferencia de otras apelaciones, las relativas a medidas cautelares únicamente faculta y apertura la competencia del Juez de alzada para ratificar la resolución impugnada o revocarla, pero jamás ingresar a una consideración de nulidad de obrados, lo que lleva a entender que el impetrante de tutela no está en la cárcel en cumplimiento a un mandato legalmente emitido por una autoridad competente, porque quedó sin efecto por el mismo Auto de Vista y justifica que no dispuso la libertad porque no puede alcanzar su decisión a actuados anteriores; sin embargo, de acuerdo al art. 226 del CPP, la aprehensión tiene un límite de temporalidad, no puede ser prorrogada más allá de las veinticuatro horas; consiguientemente, si el Vocal demandado evidenció irregularidades en la forma de emisión del Auto Interlocutorio 14/2020, debió haber corregido las omisiones de la Jueza a quo, como lo dispone el precedente jurisprudencial consistente en la SCP 0007/2018-S4 de 6 de febrero; y,
3. iii)El Vocal demandado invocó las SCP "2263/2013" y "1645/2014", las cuales permiten la anulación de obrados; empero si se crea el precedente de anular obrados en materia de medidas cautelares, nótese el tiempo y la dilación indebida en que una persona estará indebidamente privada de su libertad; en este caso, de acuerdo al Auto de Vista dictado, el accionante debería estar en absoluta libertad, pues no existe un mandamiento legal vigente emitido por autoridad competente que lo mantenga en el Centro Penitenciario San Roque, por ello solicitó que la Sala Constitucional resuelva este caso restaurando directamente la lesión provocada a su libertad; al efecto, solicitó que se defina la aplicación de medidas que no sea la detención preventiva, en atención al precedente de la SCP 1626/2011-R de 21 de octubre.

Jaime René Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, a través de memorial presentado el 19 de febrero de 2020, cursante de fs. 172 a 174 vta. argumentó lo siguiente:

1. a)El 18 de dicho mes y año, pronunció la parte resolutiva del Auto de Vista 32/2020 dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de parte, contra Jorge Luis Paniagua Porcel, Dayler Daza Zambrana y Evelyn Pereira Ríos, por la presunta comisión del delito de violación;
2. b)En la audiencia respectiva, se revisó la resolución apelada, evidenciándose que la Jueza a quo, en la parte dispositiva de su fallo, determinó que como no existían otras medidas cautelares que puedan garantizar la presencia de los imputados, dispuso la detención preventiva de Dayler Daza Zambrana y Evelin Pereira Ríos "Paniagua" en el Centro Penitenciario San Roque, mientras que en la parte considerativa, la referida Jueza determinó la aplicación de medidas menos graves para la coimputada Evelin Pereira Ríos; empero, sin cursar mandamiento de detención preventiva en contra de ella; por otra parte, en dicho Auto Interlocutorio se dispuso la detención preventiva de Dayler Daza Zambrana y Evelin Pereira Ríos "Paniagua"; es decir, sin contemplarse al ahora accionante como detenido, no señaló si se ordenó su detención; empero cursa su mandamiento de detención preventiva;
3. c)Se advierte un incumplimiento del art. 236 del CPP, que contempla la competencia, forma y contenido de la decisión, pues la Jueza a quo no cumplió con su deber de dictar una resolución coherente, congruente y fundamentada, que otorgue seguridad jurídica, ello ameritó la necesidad de que se repita el acto de la audiencia de medida cautelar a la brevedad posible, para reparar la omisión referida;
4. d)El Auto Interlocutorio apelado vulnera la seguridad jurídica, por ello, las SCP "2263/2013" y "1645/2014" permiten que se pueda disponer la nulidad de las resoluciones que omiten la debida fundamentación;
5. e)Es evidente que existe otra Sentencia Constitucional que obliga a las autoridades judiciales en grado de apelación a no anular e ingresar al fondo de la causa; empero ello será una vez que la resolución apelada cumpla mínimamente la congruencia interna, lo que no ocurre en el caso de autos, ello inviabiliza ingresar al fondo del caso, pues no se ha abierto la competencia del Juez ad quem;
6. f)La nulidad de obrados solo alcanza hasta la audiencia respectiva, no puede alcanzar a ningún otro actuado asumido con anterioridad, porque la "Sala de apelación" no tiene la competencia para entrar a examinar otros aspectos, es decir, que la aprehensión queda incólume al no ser motivo de la apelación, tampoco dispuso alguna medida que tenga como efecto la persecución, detención o apresamiento arbitrarios;
7. g)No se resolvieron los motivos de la apelación, porque no se ingresó al fondo de la misma, pues la Jueza a quo debía corregir sus actos procesales; y,
8. h)Se dispuso la nulidad de la resolución de medidas cautelares, ordenando se repita el acto, y respetando el principio de inmediación dicha nulidad comprendía hasta la audiencia, ordenando a la autoridad judicial en suplencia legal convoque a una nueva audiencia de medidas cautelares dentro de las veinticuatro horas, considerando que los imputados se encuentran con aprehensión y se llamó la atención a la Jueza y a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, pues las resoluciones y los mandamientos de detención firmadas y selladas no son congruentes.

Odalys Shirley Serrano Montalvo, Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Chuquisaca, presentó informe escrito cursante a fs. 175, el 19 de febrero de 2020, esgrimiendo los siguiente:

1. 1)Lo aseverado por el accionante es falso; por lo que, se remite a la grabación de la audiencia de medidas cautelares de 6 de febrero de 2020;
2. 2)Es evidente que por un error del personal subalterno no se transcribió correctamente la resolución emitida en audiencia; empero, dicha Resolución fue dictada conforme lo dispone la Ley 1173 de forma oral, debidamente fundamentada y notificada a las partes en audiencia, llamando la atención de sobre manera la deslealtad procesal con la que está obrando la parte impetrante de tutela, pese a que sus abogados estuvieron presentes en audiencia y escucharon la resolución de forma clara y precisa;
3. c)También le extraña que el Vocal codemandado, a pesar de haber solicitado la copia de la grabación de audiencia, haya resuelto del modo en el que señala el accionante; y,
4. d)A tiempo de resolver sobre la situación jurídica del prenombrado, se analizó toda la prueba presentada en audiencia de forma integral y en ningún momento se vulneró derecho constitucional alguno.

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca, emitió la Resolución 07/2020 de 19 de febrero, cursante de fs. 192 a 195, a través de la cual concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 32/2020 de 18 de febrero, debiendo la autoridad demandada fijar día y hora de audiencia que deberá desarrollarse en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas para resolver sobre el fondo del recurso, es decir, sobre los motivos del recurso de apelación incidental que fueron planteados por el apelante ahora accionante; asimismo, dispuso la emisión de la nota correspondiente dirigida a Sala Plena o Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, para que se emita el instructivo correspondiente dirigido a los jueces penales para la remisión de las grabaciones como parte de los antecedentes de las apelaciones, todo ello, bajo los siguientes fundamentos:

1. i)Conforme a lo señalado en la jurisprudencia constitucional contenida -entre otras- en la SCP "0196/2019-S4", la resolución que puede ser revisada en la jurisdicción constitucional es la de cierre, que en este caso sería el Auto de Vista 32/2020, por lo tanto el Auto Interlocutorio 14/2020 no es objeto de impugnación en esta vía constitucional, ya que contra la misma existen los recursos correspondientes en la vía ordinaria;
2. ii)Se advierte contradicción al referirse que la Jueza a quo nunca dispuso la detención preventiva de Jorge Luis Paniagua Porcel -ahora accionante-, porque los motivos de apelación incidental de parte del prenombrado, fue con relación a los requisitos de procedencia para la detención preventiva, descritos en el art. 233 del CPP, respecto a la probabilidad de autoría y riesgos procesales, pudiendo advertir, por el DVD remitido por la Jueza demandada, correspondiente a la audiencia de 6 de febrero de 2020, que ella dispuso la detención preventiva del ahora impetrante de tutela; por lo que, llama la atención la falta a la verdad y lealtad procesal con la que actuó el peticionante de tutela, que afirmó lo contrario, advirtiéndose que el abogado que suscribe la presente acción de defensa es diferente al que se encuentra presente en esta audiencia; y,
3. iii)En atención al principio de celeridad procesal, que es sustancial cuando personas privadas de libertad se trata, el trámite y resolución de los recursos de apelación deben ser expeditos, resolviéndose sobre la procedencia o improcedencia de los mismos, no admitiéndose la nulidad de obrados que va en contra del referido principio y del derecho a la liberad del imputado, más aun en este caso en el que existió la posibilidad de que la autoridad demandada recurra al soporte digital, a objeto de resolver la apelación formulada por el accionante, en el que se hallaba grabada la audiencia de consideración de detención preventiva y el Auto Interlocutorio 14/2020, que resolvió la petición de referencia, medio digital que debió haber sido pasado a su conocimiento a momento de remitirse la apelación, lo que debió verificarse, entendiéndose también que en el presente caso, al verificarse sobre su inexistencia, se solicitó la copia de esta grabación, porque como se informó por parte de la Jueza demandada, la copia que cursa en obrados, le fue remitida a petición suya; por lo que, debió ser considerada a efectos de revisar los antecedentes para la resolución de la apelación y no limitarse al análisis del Auto Interlocutorio que por escrito le fue remitido con el recurso de apelación, mismo que además no coincide con lo realmente resuelto. II. CONCLUSIONES

II.4. Por Auto Interlocutorio 14/2020 de 6 de febrero, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Chuquisaca determinó la detención preventiva de Dayler Daza Zambrana y Evelin Pereira Ríos "Paniagua" en el Centro Penitenciario San Roque, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)Existen indicios respecto de la probable participación de Dayler Daza Zambrana, "José" Luis Paniagua Porcel y Evelin Pereira Ríos en la comisión del delito de violación agravada;
2. b)Con relación a la imputada, conforme lo solicitó el Ministerio Público, se le impondrán medidas menos graves a la detención preventiva, es decir, detención domiciliaria, presentación ante el Ministerio Público una vez por semana, prohibición de comunicarse con la víctima y con su entorno familiar, y prohibición de salir del país, debiendo tramitar un arraigo en el plazo de veinte días;
3. c)Respecto a Dayler Daza Zambrana se ha acreditado el elemento familia y domicilio, pero no el elemento trabajo; con relación a "José" Luis Paniagua se ha acreditado el elemento familia y domicilio, pero no el correspondiente al trabajo; y,
4. d)El riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP concurre con respecto a Dayler Daza Zambrana, pero no así con respecto a "Jorque" Luis Paniagua Porcel (fs. 127 a 129). Dicho Auto fue complementado por el Auto 10/2020 de 6 de febrero, indicando que cuatro meses eran suficientes para realizar los actos investigativos; por lo que, señaló día y hora de audiencia para reconsiderar la medida de la detención preventiva, para el 5 de junio de 2020 (fs. 130).

II.6. De acuerdo a Acta de Audiencia Pública de Fundamentación de apelación Incidental, llevada a cabo el 18 de febrero de 2020, los imputados Dayler Daza Zambrana y Jorge Luis Paniagua Porcel, arguyeron que:

1. 1)El abogado de Jorge Luis Paniagua Porcel señaló como primer punto de apelación que la Jueza a quo valoró erróneamente el informe médico forense en su vertiente ciencia de la sana crítica, también se evidencia una errónea valoración probatoria en la vertiente lógica y la experiencia en lo que concierne a los elementos de convicción, consistentes en la entrevista informativa de la víctima, física y psicológica;
2. 2)Como segundo aspecto de apelación, sostuvo que faltó fundamentación y motivación en la valoración de la prueba de manera individual, específicamente con relación al art. 234.7 del CPP;
3. 3)El tercer punto de apelación se circunscribió la inobservancia y errónea interpretación de lo referido en el art. 231 bis par. V concordante con el art. 233 y 234 del citado Código, en lo que hace a la concurrencia del riesgo de fuga en sus vertiente trabajo; al respecto, se presentó un certificado emitido por el presidente de la Asociación de Autos "Expreso Cielito Lindo", que acreditaba que el mismo trabajaba con un vehículo debidamente identificado; sin embargo, la Jueza demandada sostuvo que se trataba de un simple certificado; ahora bien, desde la Ley 1173, ya no existe la inversión de la prueba, sino que la parte acusadora debe acreditar los riesgos procesales;
4. 4)Estando no solo desvirtuada la probabilidad de autoría, sino también los riesgos procesales, correspondería dar la libertad irrestricta de su defendido, siendo la intención del mismo llegar a la verdad de los hechos; y,
5. 5)Los abogados de Dayler Daza Zambrana esgrimieron argumentos que pretendían desvirtuar los riesgos procesales dispuestos en su contra (fs. 178 a 180 vta.).

II.7. Jaime René Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -ahora demandado-, a tiempo de resolver la apelación incidental de medida cautelar interpuesta por los imputados referidos supra, emitió el Auto de Vista 32/2020 de 18 de febrero, declarando la nulidad de la Resolución de medidas cautelares, ordenando que se repita el acto desde la audiencia, que se debe llevar a cabo en el plazo de veinticuatro horas considerando que los imputados se hallan con aprehensión; finalmente, llamó la atención a la Jueza a quo y a la Secretaria, bajo los siguientes fundamentos:

1. i)De la lectura de la parte considerativa de la resolución apelada, se evidencia que la Jueza de primera instancia determinó la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva para Evelin Pereira Ríos; sin embargo, en la parte dispositiva de la resolución de medidas cautelares ordenó su detención preventiva, aunque no cursa mandamiento de la referida medida cautelar contra ella;
2. ii)Si bien el Auto Interlocutorio apelado ordenó la detención preventiva de Dayler Daza Zambrana y Evelin Pereira Ríos "Paniagua", no se contempló a Jorge Luis Paniagua Porcel -hoy accionante- como detenido; empero, cursa mandamiento de detención preventiva en su contra, sin haberse ordenado la misma en la resolución referida; esa situación descrita se enmarca en el incumplimiento del art. 236 del CPP; es decir, que la Jueza a quo no cumplió con su deber de emitir una resolución coherente, congruente y fundamentada, provocando una total incertidumbre a los sujetos procesales, lo que amerita que se vuelva a efectuar la audiencia de medida cautelar a la brevedad posible para reparar la omisión referida, pues ha vulnerado el principio de seguridad jurídica;
3. iii)Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales "2263/2013" y "1645/2014", permiten que se pueda disponer la nulidad de las resoluciones que omitieron la debida fundamentación; si bien existe otra Sentencia Constitucional que obliga a las autoridades judiciales en grado de apelación a no anular obrados e ingresar en el fondo de la causa, empero ello será una vez que la resolución apelada cumpla mínimamente la congruencia de la resolución entre la parte considerativa y dispositiva, lo que no ocurre en este caso, lo cual inviabiliza ingresar al fondo del caso, pues no se abrió la competencia al efecto;
4. iv)Al tratarse de defectos absolutos, es aplicable la previsión del art. 169.3 del CPP, por lo que se debe disponer la nulidad de obrados, sin ordenar la libertad de los imputados;
5. v)Dicha nulidad no puede alcanzar a actuados asumidos con anterioridad, porque la Sala de apelación no tiene competencia para examinar otros aspectos, es decir, que la aprehensión queda incólume al no ser motivo de la apelación, tampoco el Tribunal de alzada está disponiendo alguna medida que tenga como efecto una persecución arbitraria; y,
6. vi)Como la Jueza a quo no individualizó al imputado con precisión, dejando en total incertidumbre a los sujetos procesales, surge la necesidad de repetir el acto para reparar la omisión ya referida; de acuerdo al art. 233.1 del CPP, se debe establecer con probabilidad al autor o partícipe del hecho punible, ya que esa actividad no puede ser suplida por el Tribunal de alzada, más al contrario, es deber del Tribunal velar porque los juicios se tramiten sin vicios de nulidad, como manda el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial ([LOJ] fs. 178 a 182 vta.).

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la "fundamentación y motivación", así como de los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad; por cuanto, dentro del proceso penal en el que se lo imputó junto a otro, por la presunta comisión de violación agravada, se mantuvieron vigentes el ilegal mandamiento de detención preventiva, así como su indebida detención preventiva; toda vez que, a tiempo de resolver la solicitud de detención preventiva de los imputados:

1. a)La Jueza demandada emitió Auto Interlocutorio 14/2020 de 6 de febrero, en el que ordenó la detención preventiva de Dayler Daza Zambrana y Evelin Pereira Ríos "Paniagua", mas no del accionante; empero, de manera contradictoria e incongruente, emitió mandamiento de detención preventiva en su contra; y,
2. b)Apelado dicho Auto Interlocutorio en tres aspectos, consistentes en:
3. b.1)La Jueza a quo realizó una errónea y defectuosa valoración del Informe Preliminar de 30 de agosto de 2019, entrevista informativa de la víctima, Informe Psicológico de 3 de septiembre de ese año y Certificado Médico Forense de 17 de agosto del mismo año;
4. b.2)Falta de motivación y fundamentación con relación a la concurrencia del art. 234.7 del CPP; y,
5. b.3)La errónea aplicación de la ley en lo que concierne a los arts. 231 bis parágrafo V en referencia a la acreditación del riesgo procesal de fuga previsto en el art. 234.1, ambos del CPP, en su vertiente trabajo. Sin embargo, el Vocal ahora demandado, en vez de ratificar la resolución impugnada o revocarla, emitió el Auto de Vista 32/2020 de 18 de febrero, que dispuso la nulidad de obrados hasta el acta de audiencia en la que se emitió el Auto Interlocutorio impugnado; lo cual implicaba que quedaba sin efecto el Auto Interlocutorio 14/2020; empero, se mantuvo subsistente el mandamiento de detención preventiva en contra del accionante, cuando el mismo también debió ser dejado sin efecto y disponerse la libertad de los imputados, decisión que no asumió con el justificativo de que el delito investigado se trataba de uno grave contra la libertad sexual.

En revisión, corresponde determinar si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada, a cuyo efecto se considerarán los siguientes ejes temáticos:

1. i)De la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad;
2. ii)El contenido esencial de la debida fundamentación y motivación; y, la arbitrariedad en la fundamentación y motivación;
3. iii)Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del CPP;
4. iv)La prohibición de anular obrados por parte de la autoridad de segunda instancia, que resuelva apelaciones contra resoluciones que dispongan medidas cautelares;
5. v)El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia mujeres;
6. vi)La protección de los derechos de la víctima de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico: vi.a) El equilibrio entre los derechos de la víctima en casos y del imputado y su análisis en las acciones de defensa; vi.b) El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación y el deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género; vi.c) Las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género; vi.d) El enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa y el principio de verdad material; y,
7. vii)Análisis del caso concreto.

Finalmente, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre6 moduló la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la SCP 0482/2013² antes citada, señalando que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando:

1. a)La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o,
2. b)Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; último supuesto, que de ninguna manera, implica que ante restricciones del derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley, no sea posible la presentación de la acción de libertad en forma directa, antes de haber transcurrido los plazos establecidos en la norma procesal penal.

En síntesis, es posible la presentación directa de la acción de libertad, en el primer supuesto señalado en la SCP 0482/2013², cuando:

1. 1)La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito;
2. 2)Cuando existiendo dicha vinculación: 2.i) No se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal, o cuando: 2.ii) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley.

1. a)Por una parte, la arbitrariedad, es contraria al Estado de derecho (Estado Constitucional de Derecho) y a la justicia (valor justicia art. 8.II de la CPE). En efecto, en el Estado de Derecho, o "Estado bajo el régimen de derecho" con el contenido asumido por la Constitución bajo la configuración de "Estado Constitucional de Derecho", cuya base ideológica es "un gobierno de leyes y no de hombres", existe expresa proscripción que las facultades que ejercite todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir sean arbitrarias y, por el contrario, existe plena afirmación de que el ejercicio de esas facultades deben estar en total sumisión a la Constitución y a la ley visualizando, con ello, claramente el reverso del ya sepultado "Estado bajo el régimen de la fuerza".