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TCP

0599/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
9 de abril de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0599/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0599/2026-S2 Sucre, 9 de abril de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 57166-2023-115-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 147/2023 de 19 de julio, cursante de fs. 870 a 882 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Luciano Filiberto Edgar Cárdenas Arocha contra José Antonio Revilla Martínez y Esteban Miranda Terán, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 22 y 31 de mayo de 2023, cursantes de fs. 785 a 790 y 793 a 795, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso de determinación y ejecución tributaria seguido en contra de su persona, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió y notificó los actos administrativos, fuera de plazo; así la Orden de Fiscalización 0016OVE02344 de 21 de noviembre de 2016, fue notificada el 4 de julio de 2017, con ocho meses de retraso; la Vista de Cargo 291820000450 de 26 de junio de 2018, notificada el 25 de julio del mismo año, después de más de un mes -siendo que el art. 104.V del Código Tributario Boliviano (CTB) establece doce meses para su emisión-; la Resolución Determinativa 171820002239 con CITE: SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/RD/00280/2018 de 3 de octubre, supuestamente notificada el 17 de igual mes y año; y, finalmente el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) 331820004792 con CITE: SIN/GDLPZ-I/DJCC/CC/PIET/4768/2018 de 11 de diciembre, notificado el 22 de abril de 2019 después de cuatro meses.

Por tal motivo interpuso excepción de prescripción de las facultades de la Administración Tributaria, incidente de nulidad de notificación y falta de fundamentación de la citada Resolución Determinativa, la cual fue resuelta mediante Auto Administrativo 391920000064 con CITE: SIN/GDLPZ-I/DJCC/CC/AUTA/00046/2019 de 12 de junio, que rechazó su solicitud, declaró incólume la facultad de ejecución de la Administración Tributaria y ordenó continuar con la ejecución tributaria; y, que al igual que los anteriores actos administrativos fue notificado luego de meses de su emisión.

Contra el referido Auto Administrativo, interpuso recurso de alzada ante la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), el cual fue resuelto mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0042/2021 de 15 de enero, que confirmó el Auto impugnado; decisión que a su vez fue confirmada a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0429/2021 de 29 de marzo, contra la cual interpuso demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia, que culminó con el pronunciamiento de la Sentencia 30 de 10 de febrero de 2023, declarando improbada la demanda.

En ese contexto, los Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia -hoy demandados-, al emitir la Sentencia 30, vulneraron su derecho a la defensa y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, toda vez que:

  1. a)Ante la emisión y notificación de los actos administrativos fuera de plazo legal, no consideraron el art. 33 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) por el que los actuados deben ser notificados dentro de los cinco días de su emisión, ni que conforme al art. 57 del Decreto Supremo (DS) 27113 de 23 de julio de 2003 -Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo-, "...toda la actuación administrativa (...) son nulos de pleno derecho por el solo hecho de haber expirado el plazo para el cumplimiento del objeto..." (sic), y que en ese sentido al haberse emitido la VC 291820000450 fuera del plazo de los doce meses establecidos en el art. 104.V del Código Tributario Boliviano (CTB), y sin que medie autorización de prórroga, se configuró la pérdida de competencia del SIN, puesto que los plazos en materia administrativa son perentorios conforme al art. 4 del citado Código;
  2. b)La verificación de las facturas le corresponde al SIN; asimismo las facturas declaradas se encuentran vinculadas a su actividad de alquiler de inmuebles; como pagos de energía eléctrica, limpieza y gastos médicos, ingresos que lo destina a su salud en procura de una vejez digna;
  3. c)No se consideró que el incumplimiento de plazos por parte del SIN le causan perjuicios dado que, la deuda tributaria se actualiza en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) lo que genera su incremento y a consecuencia de ello su inmueble se encuentra con hipoteca; situación que no le permite solicitar préstamos bancarios para su cirugía, afectando su derecho a la propiedad privada según el art. 56 de la Constitución Política del Estado (CPE), a la salud, seguridad, al trabajo, a la alimentación y a una vejez digna;
  4. d)Omitieron manifestarse sobre, la falta de notificación con la Resolución Determinativa 171820002239 con CITE: SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/RD/00280/2018 lo que le impidió impugnar la misma, respecto al defecto de notificación con el PIET 331820004792 con CITE: SIN/GDLPZ-I/DJCC/CC/PIET/4768/2018, que supuestamente fue notificado por cédula; empero, el número de carnet del testigo de actuación de la diligencia corresponde a otra persona, conteniendo elementos de falsedad material e ideológica; y, con relación a que el Auto Administrativo 391920000064 con CITE: SIN/GDLPZ-I/DJCC/CC/AUTA/00046/2019, fue notificado después de quince meses de su emisión;
  5. e)No se pronunciaron respecto al rechazo del SIN a su solicitud de sustitución de la hipoteca legal del bien inmueble, por un vehículo o local -de similar o mayor valor a lo adeudado- y el levantamiento a la retención de fondos, pese a que canceló la deuda; medidas coactivas que vulneran el principio de proporcionalidad previsto en el art. 106.II del CTB y el derecho a la petición según el art. 24 de la CPE; y,
  6. f)Omitieron analizar que el art. 123 de la CPE y el art. 150 del citado Código prohíben la irretroactividad de la ley y que en contradicción a ello la AIT declaró incólume la facultad de ejecución de la Administración Tributaria, en aplicación del art. 59 del indicado Código con las modificaciones de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de igual año.

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