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TCP

0600/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
9 de abril de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0600/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0600/2026-S2 Sucre, 9 de abril de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 57706-2023-116-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 088/2023 de 28 de abril, cursante de fs. 485 a 491 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Inga Elizabeth Elvira Olmos Aliaga contra Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social; Bernardo Abath Vargas Rivera, Director General del Servicio Civil del referido Ministerio; y, Edson Ross Valda Gómez, Director General Ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 19 de enero y 9 de marzo, ambos de 2023, cursantes de fs. 83 a 92; y, 96 a 100, la accionante manifiesta lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 31 de julio de 2020, mediante Memorándum Interno DE-MMP-0198-MEM/2020, el Director Ejecutivo del FNDR le comunicó que, a partir del 1 de agosto de ese año, prescindirían de sus servicios como Auditor Financiero. Ante ello, el 19 de agosto de igual año, solicitó ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social su reincorporación laboral, invocando su condición de persona con discapacidad y la protección de su inamovilidad laboral.

El 4 de enero de 2022, fue notificado con la Instructiva de Reincorporación MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 01 de 3 del mismo mes y año, emitida por el Director General del Servicio Civil del citado Ministerio -hoy accionado-, mediante la cual se instruyó al Director Ejecutivo del FNDR que proceda a su reincorporación laboral en el mismo puesto y nivel salarial, en el plazo de cinco días.

Contra dicha instrucción, el 11 de enero de 2022, el Director Ejecutivo del FNDR interpuso recurso de revocatoria, el cual fue resuelto mediante la Resolución Administrativa (RA) 05 de 18 de febrero del mismo año, emitida por el señalado Director General del Servicio Civil -hoy accionado-. Por dicho acto se revocó totalmente la Instructiva de Reincorporación MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 01, bajo el argumento de que la accionante no habría acreditado los requisitos correspondientes al momento de su ingreso ni durante la prestación de servicios en el FNDR.

Frente a la RA 05, interpuso recurso jerárquico solicitando su anulación que fue resuelto mediante la Resolución Ministerial (RM) 799/22 de 14 de julio de 2022, emitida por la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social -ahora demandada- que confirmó íntegramente la resolución impugnada.

La RM 799/22 sostuvo, en síntesis, que existían hechos contrapuestos que generaban duda razonable en la administración; toda vez que, si bien contaba con carnet de discapacidad otorgado por el Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC) -vigente hasta el 18 de febrero de 2023-, durante el 2021 renovó su licencia de conducir con base en un certificado médico emitido por el Centro Médico DARSALUD. Asimismo, argumentó que el certificado de discapacidad fue puesto en conocimiento del FNDR de forma posterior a la desvinculación laboral, por lo que, no se habría vulnerado el derecho al trabajo al desconocerse dicha condición oportunamente.

Empero, la Resolución Ministerial se sustenta en argumentos incongruentes entre los antecedentes del proceso, los hechos denunciados y la parte resolutiva, y omite valorar su condición de persona con discapacidad, debidamente reiterada y demostrada en el recurso jerárquico. Asimismo, vulneró el principio de verdad material, pues las autoridades antepusieron una duda infundada basada en la tenencia de una licencia de conducir -documento que no acredita ni descarta la discapacidad-, en lugar de verificar su condición con base en el certificado emitido por autoridades competentes, como el IBC. Concluye que la invocación de una duda razonable no es suficiente para desatender la averiguación de la verdad material respecto de su discapacidad, calificada por un tribunal médico competente.

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