Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0601/2019-S2 Sucre, 24 de julio de 2019
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional
Expediente: 27814-2018-56-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 01/2019 de 6 de febrero, cursante de fs. 2300 a 2304 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Luis Fernando Roberto Landívar Roca contra Nelson César Pereira Antezana, María Anawella Torres Poquechoque, Roberto Oscar Freire Arze, Gualberto Terrazas Ibañez, Silvia Clara Zurita Aguilar, Eddy Mejía Montaño, Elisa Sánchez Mamani, Juan Carlos Orosco Alfaro, Juan Carlos Claros Sandoval, Pio Gualberto Peredo Claros, Diomedes Javier Mamani y Javier Rodrigo Celis Montaño, Vocales de la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 23 de enero de 2019, cursante de fs. 1901 a 1914 el accionante asevera lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal que se le sigue bajo la denominación de "caso de corte" se acumuló diferentes causas penales, uno, a instancias del Banco Internacional de Desarrollo Sociedad Anónima (BIDESA) S.A. a través de su liquidador y el ex Fondo Nacional de Vivienda Social (FONVIS), otro seguido por el Banco Central de Bolivia (BCB) contra Fernando Garrón del Barco; y, el seguido por la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) contra Julio Marín Durán y otros.
Como emergencia de los referidos procesos acumulados, el 5 de diciembre de 2001 la entonces "cámara de diputados" otorgó licenciamiento para su enjuiciamiento, por lo que ese mismo día fue aprehendido en la ciudad de Santa Cruz y trasladado a La Paz, donde en audiencia cautelar celebrada el 6 del igual mes y año, la Sala Plena de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz ordenó su detención preventiva, remitiendo su caso ante el comisionado para la instrucción, es decir, ante el Juez de Instrucción Penal Segundo de igual departamento, quien sin considerar la incompetencia de su comitente (Corte Superior de La Paz), señaló audiencia para su declaración indagatoria para el 31 del mismo mes y año; sin embargo, dicha declaración le fue recibida días antes al fijado, es decir el 29 de diciembre de 2001, sin la presencia de su abogado defensor, otorgándole el plazo de veinte días para que presente su respectiva prueba de descargo, causándole indefensión.
Contra esa decisión, conforme al art. 131 del Código Penal (CP) -Decreto Ley 10426 de 23 de agosto de 1972-, dedujo los respectivos incidentes, incluso presentó recurso de "Hábeas Corpus" contra los Vocales y Conjueces de la indicada Corte Superior, logrando que el Juez de garantías, ordene que se reciba su declaración indagatoria antes de emitir el Auto Final de la Instrucción, a fin de evitar nulidades procesales; no obstante, los Vocales hicieron caso omiso a lo dispuesto; por lo que, presentó denuncia penal, por incumplimiento a Resoluciones de Hábeas Corpus.
Años después, es decir el 1 de noviembre de 2018, los Vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -hoy demandados- resolviendo el cuaderno de apelación que contiene diecinueve recursos, dictaron el Auto de Vista, por el que sin la debida motivación y congruencia:
- a)Declararon la nulidad de obrados, pero únicamente hasta el Auto de Procesamiento 01/2011 de junio, puesto que en su criterio correspondía dicha anulación hasta el Auto final de la Instrucción de manera que se tome en cuenta su declaración indagatoria en presencia de su abogado defensor, sin lo cual no se podía emitir el Auto de procesamiento antes señalado; y,
- b)No se habría observado ni cumplido la "" (sic), que a decir del accionante, dispuso que previamente a emitir el nuevo Auto final de la Instrucción, se le tome su declaración indagatoria en presencia de un abogado defensor.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
El accionante alega la lesión del derecho al debido proceso en su componente a la defensa y a ser oído en proceso, a recurrir ante un Juez o Tribunal Superior, a la congruencia, a la motivación y a la tutela judicial efectiva; citando al efecto, los arts. 115. II y 119. II de la Constitución Política del Estado (CPE), art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), art. 8.2 inc. d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
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