Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0601/2019-S3 Sucre, 11 de septiembre de 2019
SALA TERCERA Magistrado Relator: MSc. Paul Enrique Franco Zamora Acción de amparo constitucional
Expediente: 28713-2019-58-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 15/19 de 1 de abril de 2019, cursante de fs. 784 vta. a 786 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Eliana Mabel Camacho Marín contra Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT); Doly Karina Salazar Pérez, Directora Ejecutiva Regional a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Santa Cruz; Jesús Orlando Cuani Rodríguez y Roxana Angélica Nogales Escobar, ex y actual Administradora a.i. de Aduana Puerto Suarez de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 7 y 20 de febrero de 2019, cursantes de fs. 67 a 70; y, de 122 a 126, la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 18 de abril de 2017, por intermedio de la Agencia Despachante de Aduanas Antelo S.R.L., se validó y presentó una declaración única de importación ante la Administración Aduanera de Puerto Suárez con el objetivo de importar productos (842 latas de thinner); entonces, dicha institución realizó el aforo físico correspondiente y estableció que el número de identificación de los lotes de la mercancía no coincidía con la documentación de soporte (lista de empaque del proveedor), generándose en su contra un acta de intervención por supuesto de contrabando contravencional, pese a haber remitido la corrección y aclarativa del proveedor a través de correo electrónico y mediante nota, en la cual se solicitó el levante de la mercadería.
Siendo notificada con la antedicha acta, presentó sus descargos y argumentos, para luego emitirse en su contra la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-07/2018 de 30 de enero, la cual impugnó vía recurso de alzada, que fue resuelto por la ARIT Santa Cruz, confirmando la indicada Resolución; por ello, planteó un recurso jerárquico que fue dilucidado por la AGIT, que confirmó la Resolución de Alzada, afectando su derecho al debido proceso con relación al principio de legalidad y sometimiento pleno a la ley, al no tomarse en cuenta los argumentos de agravios manifestados en su recurso de alzada.
La impetrante de tutela manifestó que los agravios reclamados en sede administrativa fueron los siguientes:
- a)No se realizó un correcto y fundamentado análisis de aplicación normativa (alcance y elementos constitutivos como la clandestinidad y el tráfico), dado que su conducta no se adecuó al tipo contravencional de contrabando establecido en el art. 181 inc. b) del Código Tributario Boliviano (CTB), ni se determinó el móvil de su supuesta conducta ilícita;
- b)Las certificaciones y aclarativas emitidas por el proveedor acerca de los números de lotes de mercancía a importar y demás documentos de soporte, hacen notar que los otros datos puestos a revisión eran correctos y de forma clara identificaban los productos, lo cual no fue considerado por la autoridad demandada, quien se guió solamente por las estimaciones realizadas por la Administración Aduanera;
- c)No se valoró correctamente la prueba de inspección ocular, de acuerdo a su propósito que era determinar que existían otros datos para precisar si la mercadería era la consignada en la declaración única de importación (DUI) y en la póliza correspondiente; y,
- d)La falta de adecuación al procedimiento de aforo y al momento que se tiene para solicitar la corrección de datos de una DUI y la presentación de aclaraciones por parte del proveedor, conforme al art. 102 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA).
Finalmente, aclaró que su conducta no puede adecuarse al art. 181 inc. b) del CTB con relación al art. 186 inc. h) de la Ley General de Aduanas (LGA), debido a que su mercancía no fue introducida de manera clandestina (de acuerdo al glosario de términos aduaneros y de comercio exterior anexo a la Ley General de Aduanas) ni hubo tráfico alguno, ya que fue ingresada legalmente y sometida a todos los controles aduaneros, tanto en la frontera con Brasil, como en el arribo al recinto de la Administración de Puerto Suárez, cumpliendo todas las formalidades y requisitos establecidos en los arts. 111, 118 y 119 del RLGA; por lo que, no se le puede atribuir una contravención basándose en una mala asignación de números de lotes dentro de la lista de empaque emitida por el proveedor, cuando de buena fe solamente ordenó a la citada Agencia Despachante de Aduanas que se tramite la validación de la declaración única de importación y el pago de los tributos correspondientes; agregando que, la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia mediante Sentencia 90 de 11 de agosto de 2017, al resolver un proceso contencioso administrativo interpretó que cuando la mercancía ingresa por conductos regulares y se somete a la Administración Aduanera, no se configuran los elementos constitutivos del ilícito de contrabando tipificado en el art. 181 inc. b) del CTB.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
La accionante consideró como lesionado su derecho al debido proceso con relación al principio de legalidad, a cuyo efecto citó el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia:
- 1)Se deje sin efecto las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1804/2018 de 7 de agosto, de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0394/2018 de 4 de mayo y Sancionatoria PSUZF-RC-07/2018; y,
- 2)Ordenar a la Administración Aduanera de Puerto Suárez que enmiende los datos conforme a norma aclarativa y se prosiga con el despacho aduanero hasta levante de la mercancía.
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
La audiencia pública fue instalada el 1 de abril de 2019, según consta en acta cursante de fs. 774 a 784 vta., en la cual se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
La solicitante de tutela por intermedio de su abogada, ratificó lo manifestado en su memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, expresó lo siguiente:
- i)La labor de la justicia se fiscaliza en lograr sobre todo una decisión válida y justa; y,
- ii)Toda sanción administrativa solamente puede ser impuesta cuando haya sido prevista en una norma expresa.
I.2.2. Informes de los demandados
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