0601/2019-S4

En revisión la Resolución 0003/2019 de 11 de marzo, cursante de fs. 76 a 78 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por David Ricardo Suarez Rivero contra Jesús Víctor Gonzales Milán y Elisa Sánchez Mamani, Vocales de la Sala Penal Tercera y la Sala Mixta Civil, Familiar y de la Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental Justicia de Cochabamba y Nelson Cesar Pereira Antezana, ex Vocal de la Sala Penal Tercera del citado Tribunal Departamental Justicia. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Por memoriales presentados el 26 de febrero de 2019, cursantes de fs. 8 a 15 vta. y de subsanación el 1 de marzo de igual año (fs. 18 a 19 vta.), el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho: I.1.1. Hechos que motivan la acción Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de su persona, contra Edgar Antonio Gaiza Pererira, por la supuesta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio y concusión, en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 15 de noviembre de 2018, la Jueza de control jurisdiccional, sin que se haya planteado un incidente de actividad procesal defectuosa contra la imputación por atipicidad, resolvió excluir la calificación penal de uno de los tipos penales identificados por el Ministerio Público en su análisis de autoría. En cuanto a la valoración del elemento domicilio no realizo un análisis de los extremos de habitabilidad y habitualidad; con relación al peligro de obstaculización, no realizo la compulsa de una literal usada por el imputado para acreditar el extremo trabajo y finalmente después de haber determinado la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva consistentes en detención domiciliaria, arraigo y la prohibición de tomar contacto con los testigos o participes del hecho, a mera solicitud de aclaración, complementación y enmienda efectuada por la defensa del imputado, modifico su Resolución disponiendo que la detención domiciliaria será con derecho al trabajo, sin permitirle que como querellante pueda controvertir dicho extremo, en mérito a que el trabajo del imputado se desarrolla en el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y en una Comisión donde es susceptible de tomar contacto con testigos. En audiencia de apelación incidental de 21 de diciembre del 2018, expuso los siguientes agravios;

1. a)La exclusión de uno de los tipos penales imputados por parte de la Juez a quo, inmiscuyéndose en actos propios del Ministerio Público;
2. b)Valoración defectuosa de la prueba respecto al domicilio al no haberse demostrado la habitabilidad y habitualidad;
3. c)Valoración omisiva de la prueba usada en relación al extremo trabajo; y,
4. d)El ilegal procedimiento para determinar la medida sustitutiva de detención domiciliaria con derecho al trabajo, mediante una simple solicitud de aclaración complementación y enmienda. No obstante el Tribunal de alzada compuesto por las autoridades demandadas, declaro la improcedencia de la apelación incidental, de forma contradictoria a la Constitución y las Leyes; toda vez que, respecto al primer agravio, sobre la exclusión de un tipo penal por parte de la Jueza a quo sin que se haya deducido la vía incidental el reclamo sobre la tipicidad u otro, determinó que no se tendría competencia para resolver dicho extremo, con una labor interpretativa insuficiente motivada, al no desarrollar el por qué no tendrían competencia para resolver dicho agravio, ni reparar el hecho de que la Jueza de la causa debió limitarse a comprobar la existencia de elementos de convicción para sostener que el imputado es con probabilidad autor del hecho punible. Respecto a su segundo agravio, el fundamento se centró en que la Juez a quo realizó una relación de documentos para establecer el domicilio del imputado, que están a nombre de la esposa de éste, ello sin que exista una fundamentación en cuanto a los extremos de habitabilidad y habitualidad que son fijados por jurisprudencia constitucional para decidir sobre la acreditación o no del elemento domicilio que forma parte del art. 234.1 del Código adjetivo penal. Con relación al tercer agravio que expuso, relativo a la valoración omisiva de la prueba con la que el imputado acreditó el elemento trabajo, el citado Tribunal de alzada, de manera errónea realizó un análisis de la actividad ilícita acreditada por el imputado, pese a que el reclamo era que momento de demostrar dicho extremo el uso de la literal entre otras acompañada quedo de manifiesto la concurrencia del peligro de obstaculización. Finalmente en cuanto a la denuncia de vulneración del debido proceso en su componente de igualdad procesal de partes y el principio de legalidad, por cuanto la Jueza a quo utilizó el procedimiento previsto en el art. 125 del CPP -explicación, complementación y enmienda-, para modificar la Resolución de 15 de noviembre de 2018, el cual no permite debate alguno, restringiéndole la posibilidad de observar ese extremo y demostrar que el otorgarle al imputado el derecho al trabajo, contradecía su propia Resolución, las autoridades demandadas, en alzada de manera incongruente señalando que al haber demostrado un trabajo no puede ser privado del mismo, sin tomar en cuenta que no se podía modificar diametralmente una Resolución mediante una solicitud de aclaración, complementación y enmienda, sin que participen las otras partes y que correspondía el análisis de la acreditación del riesgo de obstaculización del art. 235.2 del CPP; ya que se dispuso expresamente que el imputado no tome contacto con los testigos y participes del hecho, ya que para dicho trabajo debe tomar contacto con éstos.