0601/2022-S2

Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizú -este último firmó-, Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, presentaron informe escrito de 3 de septiembre de 2021, cursante de fs. 254 a 255 vta., mediante el que, solicitaron se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos:

1. a)El Auto Supremo 91/2021⁵, fue emitido con la coherencia procesal necesaria entre lo resuelto y lo pedido; considerando los puntos resueltos por el inferior que fueron objeto de casación; realizándose, a ese fin, una revisión minuciosa del Auto de Vista S.C.C.II 212/2020de 12 de octubre, recurrido pronunciándose de forma fundamentada, motivada y congruente, debiendo considerarse que la parte actora en el proceso "...fue clara a tiempo de postular su pretensión en sentido de demandar la usucapión, únicamente de la fracción que pertenece a las demandadas, es decir, solo sobre el 50% del predio que pertenecía al causante de las recurrentes" (sic);
2. b)El Auto Supremo precitado, efectuó, asimismo, la valoración correspondiente al Asiento A-6, consignado en la Escritura Pública 8/2018; no siendo evidente la denuncia realizada en la acción de defensa, por cuanto las pruebas cuestionadas fueron valoradas y merecieron un análisis de parte de la Sala que conforman, que además fue correcto;
3. c)Respecto a las acusaciones en sentido que la prueba testifical no describiría los parámetros del error de logicidad, y en lo referente a los modos de interrumpir la prescripción; "...no está sustentando si tal aspecto fue postulado como medio de defensa y si siguió con el reclamo en la fase recursiva del proceso" (sic); y,
4. d)En el marco de lo expuesto en los puntos anteriores, no lesionaron ninguno de los derechos invocados por las impetrantes de tutela, no resultando ciertas las alegaciones vertidas en su contra.

Humberto David Arancibia Baspineiro, mediante memorial de 2 de septiembre de 2021, cursante de fs. 239 a 253 (cuyos argumentos fueron reiterados en audiencia [fs. 262 vta. a 263 vta.]), alegó que:

1. 1)La acción de amparo constitucional interpuesta disfraza un recurso de casación "VERSIÓN II", equiparándola a una tercera instancia judicial; por lo que, debió ser desestimado desde inicio por la Sala Constitucional, más aún ante la carencia de relevancia constitucional en el caso y la falta de relación de causalidad entre los hechos y los presuntos hechos transgredidos;
2. 2)En relación a la supuesta incongruencia en la que habría incurrido el Auto Supremo 91/2021⁵, porque no se hubiera fijado como pretensión de usucapión la acción o alícuota del 50% del inmueble; y, por ende, se habría concedido extra petita; las demandantes de tutela eluden deliberadamente hacer referencia al fondo de la controversia y lo acreditado respecto a la posesión continuada y sus efectos; sin indicar en absoluto que se comprobó una posesión con todos sus elementos en relación a la totalidad de la propiedad. En ese orden, resulta ilógica toda su argumentación, más aún si se considera que lo que se reclama no es una cuestión relevante, sino simplemente operativa de la Sentencia 02/2020;
3. 3)La determinación asumida por el Juez del proceso como por las autoridades judiciales demandadas, es plenamente legal en virtud al principio de lógica jurídica "a maiore ad minus ('quien puede más, puede lo menos')", que se manifiesta en el postulado racional de: "Si existe una autorización para la realización de una determinada conducta, la misma resulta ser abarcativa también de todas las otras que sean contenidas en aquella expresamente indicada" (sic),
4. 4)El Auto Supremo cuestionado, es por lo antes expuesto, congruente, porque en el fondo reconoce que efectivamente se dio una posesión en todo el inmueble, lo que también es confirmado implícitamente por las demandantes de tutela; y, aun existan situaciones familiares e incluso de indivisión, la usucapión es totalmente viable, salvando el derecho ya constituido;
5. 5)El Juez de la causa, y tampoco los Magistrados demandados, sobrepasaron los límites de la pretensión, sino que dieron una forma operativa de reconocimiento del derecho sustancial, ello en consideración al principio de efectividad y eficacia de las resoluciones judiciales, adoptando coherencia en sus decisiones, "...atentos a que ostent (a) derecho de propiedad sobre el 50% del inmueble, es lógico que no exista pronunciamiento sobre ello respecto a declarar un derecho propietario que ya consolidados, y solamente es respecto del 50% restante que ha reconocido vía usucapión el derecho propiedad; lo que hace la sentencia en ese sentido, no es disponer doblemente una inscripción, sino solamente ACLARAR que el inmueble se constituye en una unidad física, lo que además es indiscutible Y TOTALMENTE ÚTIL A LA EFECTIVIZACIÓN DE MI DERECHO; y ello no afecta en absoluto derechos de parte accionante pues no se coloca en discusión que la posesión con todos los elementos legales, se ha dado sobre la totalidad del bien" (sic);
6. 6)Las peticionantes de tutela no precisan cuál era la interpretación correcta que se propone, ni cuál el efecto perjudicial de la decisión, restándose toda relevancia constitucional al reclamo, tornando insustentable su argumentación;
7. 7)La presunción legal aplicable respecto de una situación de copropiedad derivada de sucesión hereditaria, reflejo que el único margen posible de su derecho es del 50%, al ser las accionantes innegables causahabientes de David Baspineiro Flores, lo que no fue negado en ninguna etapa del proceso; "...y si estamos en definitiva al registro propietario, el Asiento 6 del folio real respectivo reporta el registro únicamente del 50% de PATRICIA ARMINDA BASPINEIRO DÍAZ DE MOUZÓN, lo que una vez más, guarda plena congruencia y coherencia con lo resuelto. Si se habla de cualquier derecho de MARÍA HORTENCIA DÍAZ, estamos exactamente ante la misma figura, pues su derecho nunca pudiera abarcar más que el 50% del inmueble, y nunca afectando el derecho constituido de mi parte respecto del otro 50%" (sic);
8. 8)No resultaba necesaria la existencia de una precisión de superficies o porcentajes, siendo más bien imperativo que la parte actora realice un acto propositivo que refiera que su derecho abarca más del 50% que se les está desconociendo por efecto de la usucapión; derivando de allí la argumentación totalmente formalista, por cuanto las impetrantes de tutela solicitan se deje sin efecto un Auto Supremo, sin precisar qué derecho específico les fue lesionado;
9. 9)En la acción de defensa se refiere que él sería un simple detentador, acudiendo a una relación familiar y a una valoración incorrecta de elementos de prueba; cuestiones que no fueron objetadas en el proceso, limitándose la contestación de la demanda a aducir interrupción civil de la posesión y una supuesta cosa juzgada, no siendo válido alegar en apelación, casación o en la jurisdicción constitucional, aspectos no dilucidados desde el inicio del proceso; operando más bien la presunción legal prevista en el art. 88.I del CC;
10. 10)Las peticionantes de tutela reclaman que no se consideró la declaratoria de herederos de Amalia Flores Baspineiro, inscrita en el año 2000, a objeto de arribar a una conclusión de posesión desde 1992, sin interrupción; derivando aquello en un absurdo sin sustento jurídico alguno, por cuanto, el Tribunal de casación aclaró lo relativo a la interrupción de la posesión y la interrupción civil, exponiendo la doctrina legal aplicable;
11. 11)Se denuncia vulneración del principio de legalidad, en virtud a una supuesta aplicación incorrecta del "(CPC Bánzer; CPC de Evo)", así como del art. 1503, concordante con el art. 1506, ambos del CC; obviando que dicha normativa fue expuesta en la parte doctrinal del Auto Supremo 91/2021⁵, impugnado; no pudiendo cuestionarse mediante una acción de amparo constitucional, "el abordaje doctrinal de una resolución, sino específicamente la conclusión a la que se arriba por medio de ella..." (sic), siendo las normas legales que fueron aplicadas al caso, las que constan en los Fundamentos Jurídicos del fallo; motivo suficiente para desestimar dicho argumento, más si ni siquiera se establece qué interpretación debió efectuarse;
12. 12)Las impetrantes de tutela insisten en sostener que no existiría elemento que acredite que David Baspineiro Flores, era titular de una alícuota parte del inmueble; empero, dicha afirmación deja más bien sin sustento su propia intervención en la causa, no pudiendo negarse que son más bien causahabientes de él, buscando el reclamo confundir el entendimiento del fondo del proceso que es la posesión integra del inmueble que quedó plenamente comprobada en el proceso. Por otro lado, referente a la interrupción civil que hubiera generado un proceso anterior que quedó anulado, deriva nuevamente en impertinente, considerando que la nulidad de obrados se dio en 2013; es decir, posteriormente a operar los efectos de la posesión por más de diez años, o sea, la usucapión; y, porque la cancelación de un derecho reconocido tampoco importa la interrupción de la prescripción por las razones antes indicadas, sobre el concepto de la interrupción civil que debe darse conforme al art. 1503.I del CC, vía acción judicial comunicada formalmente; ocurriendo lo mismo con la supuesta inscripción de declaratoria de herederos realizada en 2018. Cuestiones respecto, a las que, reitera, las demandantes de tutela no consignan cuál interpretación alternativa sería la correcta; y,
13. 13)En la acción tutelar se manifiesta también que él hubiera alegado una posesión conjunta, lo que fue deliberadamente sesgado con la intención de generar confusión en la justicia constitucional, "pues esa posesión ha sido expuesta para hacer referencia a un tiempo anterior al que efectivamente ha sido reconocido como el que da lugar a la usucapión. En efecto, en la demanda se ha hecho referencia clara a que la posesión efectiva por más de 24 años, la he ejercido SOLO (de forma individual) al fallecimiento de mis padres, sin la concurrencia de otras personas..." (sic); lo que guarda plena congruencia en la Sentencia 02/2020, y en el Auto Supremo 91/2021⁵, que estimaron la posesión personal en un periodo en el que no existió ningún tipo de interrupción, ni de posesión conjunta de otras personas; comprobándose la pertenencia con todos los elementos en perspectivas de usucapión.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 126/2021 de 4 de octubre, cursante de fs. 276 a 278 vta., denegó la tutela, con base en los siguientes fundamentos:

1. i)La acción de defensa interpuesta no expone de manera clara en qué incongruencia incurrieron los Magistrados demandados, indicando si omitieron analizar o resolver de forma fundamentada y motivada alguno de los puntos de agravio contenidos en el recurso de casación planteado por las demandante de tutela o si incorporaron aspectos no deducidos por las partes; por lo que, ante la carencia de elementos que permitan analizar la denuncia respecto al fallo de cierre, compele denegar la tutela;
2. ii)Las peticionantes de tutela pretendieron se efectúe un examen de todas las resoluciones del proceso, incluyendo la Sentencia 02/2020; no obstante, conforme a la naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional, las ilegalidades o arbitrariedades en las que pudo haber incurrido el Juez del proceso, debieron ser reclamadas en apelación y el fallo de segunda instancia, mediante el recurso de casación, siendo éste el último medio para corregir errores de hecho y derecho. En dicho orden, ante la denuncia de transgresión de derechos, compelía que las impetrantes de tutela expliquen de forma clara y precisa las arbitrariedades u omisiones indebidas, así como la relación de causalidad con las lesiones a sus derechos fundamentales; carga argumentativa que no cumplieron en el asunto de examen;
3. iii)De un análisis minucioso de los puntos de agravio expuestos en el recurso de casación, y del contenido del Auto Supremo 91/2021⁵, se evidencio que este contiene una exposición normativa y jurisprudencial referente a la incongruencia omisiva, la fundamentación y las reglas que rigen a la labor de valoración de la prueba, a partir de los que se determinan los parámetros para resolver lo denunciado. En ese orden, el fallo cuestionado consideró que el Auto de Vista S.C.C. II 212/2020, dio respuesta a todos los aspectos objetados en alzada, no siendo comprobable la omisión valorativa del folio real, considerando que de su examen, se concluyó que, "...la declaratoria de herederos se realizó recién el año 2018, cuando ya sea había cumplido el tiempo exigido por el art. 92 del Código Civil para la usucapión decenal, y que este acto no se constituye en mecanismo idóneo para interrumpir la posesión" (sic); y,
4. iv)Por lo detallado, el Auto Supremo 91/2021⁵, sí tuvo la debida fundamentación y motivación inherente al debido proceso; no constando, por ende, aspectos que sustenten las denuncias de las accionantes respecto a los elementos del debido proceso precitado; ocurriendo igual situación, en relación a la presunta transgresión de los derechos a la sucesión hereditaria y a la propiedad privada.

Respecto al intitulado, la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, efectuando un análisis y extracto de la contextualización jurisprudencial emitida por el órgano de constitucionalidad en cuanto a la posibilidad de revisar la actividad jurisdiccional de otros tribunales; concluye que: "...la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia:

1. i)Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de 'legalidad ordinaria', pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma;
2. ii)La noción de 'reglas admitidas por el Derecho' rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución;
3. iii)La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y,
4. iv)Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces.

De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas:

1. a)Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación;
2. b)Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y,
3. c)Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales" (las negrillas son nuestras).

...a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,

1. b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
2. c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
3. d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
4. e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
5. f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.