0603/2023-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0603/2023-S1 Sucre, 12 de junio de 2023

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 47616-2022-96-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 01/2022 de 10 de mayo, cursante de fs. 82 a 86 pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rubén Juan Rodríguez Quira contra Osvaldo Gustavo Corcus Romero, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Camargo del departamento de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 21 y 29 de abril de 2022, cursantes de fs. 17 a 21 vta.; y, 28 a 32, el accionante expresó los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal de acción privada -injurias y calumnias- seguido por Dorfio Mansilla Avendaño contra Avelino Barrera Sandoval y Santos Franco Ibarja y su persona, la parte querellante y su abogada Natividad Pereira Huanca pese a su notificación para audiencia de conciliación a realizarse el 12 de octubre de 2021 no asistieron, tampoco justificaron antes y al momento de la audiencia, menos de forma posterior, algún impedimento físico comprobado u otra situación equivalente para no asistir a dicho actuado a más de cuatro meses de haber tenido conocimiento de su inconcurrencia.

El 17 de marzo de 2022, interpuso incidente de extinción de la acción penal por abandono de querella del acusador privado Dorfio Mansilla Avendaño; por lo que, la autoridad judicial mediante Auto 07/2022 de 31 de marzo, rechazó in limine su incidente. Al respecto, se vulneró el debido proceso en su vertiente de aplicación objetiva de la Ley ya que en la primera parte de dicho fallo señaló el art. 381 del Código de Procedimiento Penal (CPP); empero, de forma incongruente al interior de la misma refiere que no existe abandono de querella porque los querellados no se presentaron a la audiencia de conciliación, cuando tal previsión desde su rótulo al hacer referencia al abandono, se señala al titular del acto de postulación inicial del proceso penal por hechos de acción privada que resulta el querellante y no los querellados como señala la norma, que refiere que éste o su mandatario no concurran a la audiencia de conciliación, advierta que la consecuencia es para el querellante como legitimado activo y no para los querellados que sí concurren o no a dicha audiencia no está prevista como motivo extintivo de la acción penal privada en los propios términos de las razones de la SCP 0830/2013-L de 14 de agosto, citado en el propio fallo porque de ser como razona el Juez, se llegaría al absurdo de extinguir la acción penal a merced de la sola voluntad del querellado.

Existió una afectación a la congruencia interna respecto a la unidad del proceso o coherencia y el vínculo que debe existir entre una y otra Resolución dentro de un mismo proceso, ya que señala que la vía y oportunidad para promover el abandono de querella es como un incidente y en audiencia, pero de forma incongruente resolvió el fondo del abandono de la querella y extinción de la acción penal rechazando el incidente sin audiencia para su consideración; de la misma forma indica que el incidente conforme al párrafo tercero del art. 314.I del CPP debe ser promovido en el plazo de diez días de notificado o conocido el acto para seguidamente señalar que desde el 12 de octubre de 2021, transcurrieron varios meses, pero que el plazo transcurrió en su contra, si el propio Juez demandado refiere que dicho plazo comenzó a correr desde la notificación -que no existe- entonces que plazo podía correr en su contra, si conforme reconoce en el fallo impugnado los querellados no fueron notificados con el señalamiento de audiencia; asimismo, la incongruencia o falta de unidad del proceso en la decisión recurrida respecto a las decisiones anteriores se manifiesta cuando el Juez señala que transcurrieron más de cuatro meses desde el 12 de octubre de 2021, siendo que por las propias decisiones del Juez, el plazo -que indica- quedó suspendido por motivo de fuerza mayor mediante proveído de 2 de agosto del citado año, repitiendo la medida mediante providencia de 12 de octubre del referido año.

Otro extremo que expresa una incongruencia interna es el relativo a la norma prevista en el art. 381 del CPP, que se cita en la decisión impugnada, de manera que resulta incongruente señalar que la inconcurrencia está justificada con otras razones diferentes a la inasistencia a la audiencia del querellante, cuando señala por ejemplo la existencia de un recurso de alzada que no tenía nada que ver con la voluntad del querellante de asistir a la citada audiencia de la que tomó conocimiento de su realización así como un expediente no corriente, cuyo motivo no es impedimento para que el querellante cumpla la obligación de asistir a la audiencia de conciliación de la que tomó conocimiento material a través de una notificación personal y cuya inconcurrencia debe justificarse en forma objetiva, y no con apreciaciones remotas porque el ejercicio de derechos es reglado y no discrecional como establece la doctrina y la jurisprudencia de la SCP 0830/2013-L, citado en el fallo impugnado.

Asimismo, resulta incongruente fundar una decisión de rechazo a la solicitud de extinción de la acción penal privada pretextando una supuesta incompatibilidad de la audiencia de conciliación y un recurso de alzada cuando ambos actos fueron dispuestos por el mismo Juez conservando su validez, eficacia y consecuencias jurídicas para las partes en virtud a que sobre dichos actuados no recayó declaratoria judicial de invalidez; por lo que, estando señalada dicha audiencia para la celebración y consideración fue llevada a cabo el 12 de noviembre de 2021, al instalar la audiencia y establecer que no asistió el acusador particular. Finalmente, el incidente extintivo de la acción penal sobre una cuestión extraña a la promovida por su parte (incongruencia externa) al resolver sobre otros actos que no son objeto del incidente porque la extinción de la acción penal por abandono de querella tiene como límite normativo la consideración del acto que motivó el incidente que resulta el enjuiciado de 12 de noviembre de 2021, y no otros que no fueron objeto de incidente como señala las razones de la decisión de la SCP 0830/2013-L invocada en la propia resolución, siendo que en propia causa y voluntad del querellante que esta asistido de abogada abandonó su querella que activó porque no asistió ni justificó el impedimento físico de su inconcurrencia a la audiencia fijada por la autoridad para el 12 de octubre del citado año, no obstante que de acuerdo a la diligencia de notificación de 26 de octubre del referido año, conoció personalmente la determinación del Juez sobre el acto que no asistió y sus consecuencias jurídicas de no justificar su inasistencia.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en su elemento de congruencia y de aplicación objetiva de la ley; señalando al efecto los arts. 115.II y 203 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita que se conceda la tutela, disponiendo la nulidad del Auto 07/2022 de 31 de marzo, dictado por el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Camargo del departamento de Chuquisaca, ahora demandado, a objeto de que emita una nueva Resolución con los fundamentos precedentes materia de la acción tutelar.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 10 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 80 a 81 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Ante la pregunta del Juez de garantías en sentido de que si se habría presentado algún recurso o impugnación en la vía ordinaria, la parte accionante respondió: "Ninguno señor Juez, toda vez que el rechazo es in limine" (sic).

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Avelino Barrera Sandoval en audiencia, manifestó que, no entiende porque se les está siguiendo un proceso; toda vez que, como ejecutivos sindicales de San Lucas, Camargo y Culpina, están siendo procesados únicamente a raíz de que en una reunión pidieron transparencia en los actos "que hacía el compañero" (sic) que ahora les sigue el proceso, solicitando control social por ser temas sociales, y transparencia en cada municipio, y de manera pública que va en beneficio de la sociedad y de las personas humildes, siendo que ya transcurrió dos años que siguen peregrinando con dicho proceso; por lo que piden que se tome cartas en el asunto, y se resuelva lo que en derecho corresponda.

I.2.4. Resolución

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente:

II.1. Por memorial presentado el 16 de noviembre de 2020, Dorfio Mansilla Avendaño interpuso ante el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Camargo del departamento de Chuquisaca, acusación particular contra Rubén Rodríguez Quira -ahora accionante-, Avelino Barrera Sandoval y Santos Franco Ibaja por la supuesta comisión del delito de calumnias e injurias, pidiendo que se les imponga la pena máxima (fs. 5 a 6 vta.); al efecto el Juez de Sentencia Penal Segundo de Camargo del citado departamento por decreto de 26 del referido mes y año, admitió la querella interpuesta y fijó audiencia para el 2 de diciembre del mismo año (fs. 7 y vta.).

II.2. Mediante Auto Interlocutorio 03/2021 de 23 de marzo, el Juez de la causa -ahora demandado-, declaró fundado el incidente de actividad procesal defectuosa interpuesta por el coimputado Avelino Barrera Sandoval decretando la nulidad de actuados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta el decreto de admisión (fs. 8 y vta.).

II.3. A través de providencia de 4 de mayo de 2021, la autoridad judicial de la causa, admitió nuevamente la acusación interpuesta, por lo que señaló audiencia de conciliación para el 27 de similar mes y año (fs. 9 y vta.).

II.4. Consta copia de Acta de Audiencia de Conciliación de 2 de agosto de 2021, en la cual luego del informe de la Secretaria respecto a la inconcurrencia de la parte acusada; la autoridad judicial por decreto de la misma fecha, señaló que el cuaderno procesal "no esta corriente", y fijó audiencia de conciliación para el 12 de octubre del citado año (fs. 10 y vta.).

II.5. Se tiene copia de acta de audiencia de conciliación de 12 de octubre de 2021, en la cual luego del informe de la Secretaria respecto a la inconcurrencia y ausencia de la parte querellante y acusada; la autoridad judicial demandada por decreto de la misma fecha señalando que el cuaderno procesal "...no esta corriente...", fijó audiencia de conciliación para el 27 de diciembre del citado año (fs. 12 y vta.); al efecto, consta copia de diligencia de notificación al querellante practicada el 26 de octubre del referido (fs. 13).

II.6. Por escrito presentado el 18 de marzo de 2022, el imputado -ahora accionante- interpuso ante el Juez de la causa, incidente de extinción de la acción penal por desistimiento o abandono de querella respecto a los delitos de acción privada, solicitando disponer la extinción de la acción y el consiguiente archivo de obrados con costas (fs. 14 y vta.).

II.7. La autoridad judicial de la causa por Auto 07/2022 de 31 de marzo, rechazó in limine el incidente de extinción de la acción penal planteado por el coacusado Rubén Juan Rodríguez Quira -impetrante de tutela- con costas bajo los siguientes argumentos:

"...Que los Incidentes y Excepciones, son medios de defensa que la Ley franquea a los sujetos procesales, a los efectos de que a través de su interposición, se puedan sanear el procedimiento cuando este acusa algún vicio de nulidad que pueda causar agravio al incidentista, y que asimismo en el caso de las excepciones, éstas atacan al fondo mismo de las cuestiones objeto del proceso, por lo que son de previo y especial pronunciamiento.

Al efecto, el autor Porfirio Machicado Gisbert en su obra PROCEDIMIENTO PENAL BOLIVIANO pág. 787, cita la Sentencia Constitucional Plurinacional 0830/2013-L de 14 de Agosto de 2013, misma que en la parte pertinente, concerniente a la Jurisprudencia Constitucional y el abandono de querella en acción penal privada, refiere:

Que al efecto, los Arts. 27-5), 381, y 103 todos del Ritual de la materia prevén: "Art. 27.- (MOTIVOS DE EXTINCIÓN). La Acción Penal se extingue." "5) Por el desistimiento o abandono de la querella respecto de los delitos de acción privada."

"Art. 381.- (ABANDONO DE LA QUERELLA). Además de los casos previstos en este Código, se considerará abandonada la querella y se archivará el proceso cuando el querellante o su mandatario no concurran a la audiencia de conciliación, sin justa causa. "Art. 103.- (DEFENSOR COMUN). La defensa de varios imputados en un mismo proceso podrá ser ejercida por un defensor común, salvo que existiera incompatibilidad manifiesta."

Que en el caso presente, de la conducta de las partes se pueden extraer los siguientes aspectos.

1o.- Que a fojas 505 a 506, cursa acta de audiencia de conciliación de fecha 02 de agosto de 2021, de cuyo contenido se extrae que el cuaderno procesal no se encuentra corriente por no existir constancia de notificación del co acusado Abelino Barrera Sandoval con la Comisión Instruida N° 20/2021 cuyo objetivo era la notificación de dicho sujeto procesal para la audiencia de referencia; encontrándose presente el acusador particular; a fojas 582 a 583, acta de audiencia de conciliación de fecha 12 de Octubre de 2021, de cuyo contenido se extrae que el cuaderno procesal no se encuentra corriente, por no existir constancia de la notificación a los tres co acusados supra mencionados a los efectos de su asistencia a la audiencia de referencia; asimismo no se encuentra presente el acusador particular, cabe hace notar que del informe de la Sra. Secretaria, se tiene que otra de las razones por las que el cuaderno procesal no se encontraba corriente, era porque se encontraba pendiente de devolución las apelaciones planteadas precisamente por los tres co imputados.

2o.- Que en ninguna de las audiencias de referencia, el cuaderno procesal se encontraba corriente; tampoco se encontraban presentes ninguno de los tres co acusados.

3o - Que en la audiencia de fecha 12 de Octubre de 2021, otra de las razones por las que el cuaderno procesal no se encontraba corriente, era porque se encontraba pendiente de devolución una apelación planteada precisamente por los tres co imputados.

4o.- Ante la inasistencia de las partes a audiencia, y no estando corriente el cuaderno procesal, el juzgador se ve impedido de emitir ninguna resolución de fondo.

Que asimismo, la solicitud de declaratoria de abandono de la querella, debe ser planteada como incidente y en audiencia, vale decir, estando presente la parte querellada en dicho actuado, lo que no ocurrió en el presente caso, toda vez que los tres co imputados, nunca se presentaron a ninguna audiencia convocada por el juzgador por las razones anotadas en las correspondientes actas y las señaladas supra; mal pueden fundar agravio en propia culpa; y que finalmente la parte querellante no demostró dejación o negligencia en su propósito de continuar con el presente trámite, tal cual se acredita por las actas de audiencia en las que solo se advertía su presencia y la de su Abogada, excepto en la audiencia de fecha 12 de Octubre de 2021.

Que finalmente, el párrafo tercero del parágrafo I del Art. 314 del Procedimiento Penal, textualmente transcrito, prevé: "Los incidentes deberán plantearse dentro del plazo de diez (10) días de notificado o conocido el acto que vulnere un derecho o garantía jurisdiccional."

En el presente caso, el acto supuestamente vulneratorio que invoca el incidentista, data de fecha 12 de Octubre de 2021, vale decir que al presente han transcurrido más de cuatro meses.

Razones por las que corresponde declarar infundado el incidente de extinción de la acción penal planteado por la parte acusada" (sic [fs. 15 a 16]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. De la interpretación de la legalidad ordinaria

Al respecto, la SCP 0049/2020-S1 de 13 de julio, en el marco de la progresividad para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a la invocación de tutela respecto a la errónea interpretación de la legalidad ordinaria, fundamentó la aplicación de la línea jurisprudencial más favorable al justiciable, partiendo de la base prevista por el art. 196.I de la CPE1, en la parte en la que se establece que el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene como uno de sus fines precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, indicando que existe un mandato constitucional para maximizar el acceso a la justicia constitucional y para ello se debe aplicar la interpretación que favorezca la procedencia de las acciones de tutela, cumpliendo así la disposición de los arts. 13 y 256 de la CPE, los cuales a la vez exigen que ante varias interpretaciones o normas jurídicas aplicables a un caso concreto, se debe elegir la más favorable al derecho o garantía constitucional. En ese orden, explicó que -entre otros- se cuenta con los métodos de interpretación histórico, gramatical y teleológico.

Sobre esa base, y retomando el art. 196.I de la CPE, explicó que el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad, en cuya misión está la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de las personas2; es decir, resguarda la supremacía de la Constitución frente al ordenamiento jurídico ordinario, en esa lógica es congruente afirmar que es atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional interpretar la Constitución, y de la jurisdicción ordinaria, interpretar el resto del ordenamiento jurídico o lo que es lo mismo, la legalidad infra constitucional u ordinaria, sin perder de vista que la interpretación ejercida por la jurisdicción ordinaria debe darse en el marco de la Constitución Política del Estado, ya que dicha interpretación es susceptible de una revisión constitucional, a través de las diferentes acciones de tutela, según los derechos denunciados de vulnerados.

En ese marco, la SCP 0049/2020-S1 aludida, identificó el entendimiento contenido en la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre3, cuyo razonamiento fue ratificado por la SC 1917/2004-R de 13 de diciembre4, concluyendo que la interpretación de la legislación infra constitucional corresponde a la jurisdicción común y a la jurisdicción constitucional le compete revisar dicha interpretación, a efectos de verificar si se vulneró algún derecho fundamental, entendiendo de ello que se aplicó un entendimiento amplio para realizar dicha verificación de la interpretación de la legalidad ordinaria, es decir, sin la exigencia del cumplimiento de requisito alguno por parte de los justiciables al fin buscado por ellos; sin embargo, luego se identificó que a partir de la SC 0718/2005-R de 28 de junio5, cambió la línea jurisprudencial a una restrictiva, ya que exigió una carga argumentativa imponiendo el deber de exponer de manera clara y precisa los principios o criterios interpretativos no cumplidos o desconocidos por los jueces o tribunales ordinarios en la interpretación realizada y consiguiente aplicación de la norma interpretada, concluyendo que no era suficiente la simple relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas para que la jurisdicción constitucional pueda realizar la labor de verificación requerida por el afectado.

Así, en esa misma línea, y estableciendo mayores requisitos aun la SC 0085/2006-R de 25 de enero6 -identificando dos requisitos al efecto- remarcó que la posibilidad del análisis de la interpretación que los jueces y tribunales ordinarios realizaron solo se circunscribe a aquellos casos en los que se impugna dicha labor en el recurso constitucional, siempre y cuando expliquen la razón por la que se considera insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, así como también exigió que se explique sobre la identificación de las reglas omitidas al momento de arribar a dicha interpretación, precisando los derechos constitucionales afectados en ese marco de interpretación considerado deficiente por el afectado, y a que debía establecerse el nexo de causalidad entre la cuestionada interpretación y dichos derechos, concluyendo dicho razonamiento constitucional que solo así la denuncia planteada tendría relevancia constitucional.

Asimismo, la mencionada SCP 0049/2020-S1, continuó analizando el citado entendimiento restrictivo y advirtió que el mismo se convirtió en línea jurisprudencial, ya que fue ratificada por la jurisprudencia constitucional posterior, de lo que se entiende que hubo una consolidación restrictiva del alcance y la posibilidad de la revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria.

A partir de allí, las SSCC 1038/2011-R de 22 de junio, 1718/2011-R de 7 de noviembre, entre otras, mismas que fueron confirmadas por la SCP 0039/2012 de 26 de marzo, reiterada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0878/2014 de 12 de mayo y 0340/2016-S2 de 8 de abril, asumieron que quien pretenda que éste Tribunal realice la interpretación de la legalidad ordinaria, debía cumplir los siguientes tres requisitos:

En contraste a dicho razonamiento restrictivo, este Tribunal pasó a dictar la SCP 0410/2013 de 27 de marzo7, que retomó la primera línea considerada en este análisis, consistente en la asumida en la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, con la inquietud de no dejar de lado el deber primordial de garantizar el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, entendiendo de ello que lo que motivó esa reconducción de línea fue que los requisitos promovidos por la jurisprudencia constitucional restrictiva interrumpía dicha garantía, enfocándose en lo formal por sobre lo sustancial. A ese efecto, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, explicó que, si bien esa carga argumentativa exigida a través del cumplimiento de los requisitos identificados supra guiaban el análisis de la interpretación cuestionada, empero arribó al razonamiento de que los citados requisitos no podían ser considerados insoslayables, provocando así un quiebre en dicha línea restrictiva, ya que pudo advertir la esencia de la finalidad de la jurisdicción constitucional a la hora de recibir el mandato de garantizar los derechos fundamentales, entendiendo que ese mandato solo era posible si no se condicionaba la revisión de la labor interpretativa denunciada de vulneradora de derechos al cumplimiento de dichos requisitos, pues de ese modo se estarían convirtiendo en una forma de dejar pasar un acto inconstitucional solo por aspectos formales, cuando el relato de los hechos realizado por el impetrante de tutela puede ser suficiente para poder evaluar la labor interpretativa cuestionada por éste; al respecto, la indicada SCP 0049/2020-S1 advirtió que dicho razonamiento fue asumido uniformemente por posteriores Sentencias Constitucionales Plurinacionales8.

De la revisión de la evolución de la línea jurisprudencial se advirtió claramente cómo se fue aplicando un razonamiento restrictivo y luego uno amplio en cuanto a la interpretación de la legalidad se refiere y en ese contexto, esta Magistratura, en atención a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.29 de la aludida SCP 0049/2020-S1, en cuanto a la aplicación del estándar más alto, ante la existencia de dos líneas jurisprudenciales contradictorias entre sí, consideró que al haberse incorporado un conjunto de derechos y garantías constitucionales en favor de las personas, que constituye al Estado Plurinacional de Bolivia en un Estado garantista, lo cual emerge también del ya citado art. 196 de la CPE, que prevé la misión de precautelar la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, es un mandato constitucional el ajustar los razonamientos aplicados en la resolución de los casos presentados, al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales (arts. 13.I y 256.I de la CPE).

En ese mérito, ante la existencia de entendimientos contradictorios entre sí, se constituye en un deber el aplicar aquellos que sean más favorables y menos restrictivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a su invocación de tutela, vía acciones de defensa; por ello, dada la exigencia de carga argumentativa, por un lado, traducida en requisitos para activar la vía constitucional cuando se den vulneraciones en la actividad interpretativa de la legalidad ordinaria y por otro lado, advertida otro razonamiento que no se somete a dicha exigencia, esta Magistratura acoge el criterio más favorable y garantista, es decir, el asumido por la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que se constituye en el estándar más alto de acuerdo a lo desplegado en el Fundamento Jurídico III.110 de la tantas veces mencionada SCP 0049/2020-S1, que explicó la fuerza vinculante de aquel precedente constitucional que contenga el estándar jurisprudencial más alto.

Consiguientemente, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, fundamentó el cambio de razonamiento basado en todas las consideraciones realizadas precedentemente, en los siguientes términos:

"Bajo esa comprensión, lo precedentemente descrito, se constituye en un cambio de razonamiento para la suscrita Magistrada, que a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se adhiere a la reflexión constitucional desarrollada en la mencionada SCP 0410/2013, por considerar que, esta desarrolla entendimientos más progresivos para el acceso a la justicia constitucional cuando se denuncia vulneraciones de derechos y garantías fundamentales en la interpretación de la legalidad ordinaria realizada por los jueces o Tribunales ordinarios; es así que la referida jurisprudencia constitucional, en el afán de hacer más accesible la justicia constitucional en relación a estas denuncias, suprimió los requisitos de carga argumentativa exigidos por otras líneas antes vigentes para la interpretación de la legalidad ordinaria".

En ese marco, reiterando el contenido esencial del razonamiento precedentemente citado, se tiene a bien concluir que la ausencia de carga argumentativa a la hora de denunciarse una errónea interpretación de la legalidad ordinaria -la cual incluye la administrativa-, no importa un óbice para ingresar al fondo de dicha denuncia, es decir, que el Tribunal Constitucional Plurinacional ingresará a revisar la interpretación aludida en base a la denuncia constitucional, realizada a través de las acciones de tutela, y resultado de dicho análisis revisará la interpretación considerada vulneradora de derechos por el impetrante de tutela y como resultado de esa revisión se concederá o denegará la tutela solicitada.

III.2. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso

El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema.

Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando11. En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto12; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones: