0604/2019-S4

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0604/2019-S4 Sucre, 5 de junio de 2019

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional

Expediente: 26883-2018-54-AAC Departamento: Tarija

En revisión la Resolución 04/2018 de 11 de diciembre, de fs. 138 a 142, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Adhemar Farfán Huallpa, en representación de Tomasa Huallpa Peralta vda. de Farfán contra Ángela Sánchez Panozo y María Teresa Garrón Yucra, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental; y, Jorge Efraín Cárdenas Chávez, Juez Agroambiental del departamento de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de noviembre de 2018, cursante de fs. 71 a 80, subsanado por escrito presentado el 30 del mismo mes y año, (fs. 90 y vta.), la parte accionante, a través de su representante legal, expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Su madre es copropietaria en lo indiviso de un predio rural o pequeña propiedad ganadera con una extensión de 73.1741 has., en la comunidad de San Jacinto Sud, provincia Cercado del departamento de Tarija, siendo los otros copropietarios, sus hermanos Celso Ismael Huallpa Armayo, Francisco y Clementina, ambos Huallpa Peralta, derecho propietario que deviene del Título Ejecutorial PPD-NAL-295102, inscrito en Derechos Reales (DD.RR.) bajo la Matrícula Computarizada 6.01.1.16.0000243 de 29 de enero de 2015.

Añadió que su progenitora Tomasa Huallpa Peralta vda. de Farfán, fue demandada por Pablo Piotti Romero y otras personas, quienes solicitaron el cumplimiento de un contrato de transferencia de 6 has., acción en la que planteó la nulidad de la admisión de la demanda por improponibilidad, petición que fue rechazada sin fundamento alguno por el Juez agrario demandado, quien finalmente, objetivó la violación del derecho de propiedad al dictar la Sentencia 008/2018 de 18 de junio, que fue confirmada por el Auto Agroambiental S1a 62/2018 de 28 de agosto.

En la señalada Sentencia, dispuso que Tomasa Huallpa Peralta vda. de Farfán, entregue la cosa vendida a favor de los accionantes, bajo prevención de librarse mandamiento de desapoderamiento, dividiendo así la pequeña propiedad, al ordenar la entrega física de 6 has., que se encuentran inmersas en las 18,2935 has., que corresponderían a su madre, situación que está expresamente prohibida por la Constitución Política del Estado y las leyes agrarias; además de que en la emisión de las Resoluciones señaladas, se vulneró el debido proceso en sus vertientes de legítima defensa y motivación y congruencia.

Refiriéndose a la vulneración de su derecho a la defensa, apuntó que la compradora y los ahora demandantes, actuaron con dolo y mala fe porque tenían perfecto conocimiento de que el terreno objeto de la venta, tenía cuatro copropietarios y que se encontraba en lo proindiviso; así se tiene del mismo contrato que presentaron los actores; y es más, se pidió al Juez de la causa que sean citados y convocados al proceso, lo cual fue rechazado y posteriormente confirmado por el Tribunal Agroambiental, sin considerar que el art. 166 del Código Civil (CC), prevé que es necesario el consentimiento de todos los copropietarios para realizar innovaciones y alteraciones en la cosa común, así como para celebrar actos de disposición. Apuntó que dicho argumento fue expuesto como causal de nulidad del contrato en la reconvención que presentara; empero, no fue objeto de pronunciamiento en la Sentencia.

A ello se añadió que, la Sentencia 008/2018, no expresó una valoración concreta sobre los puntos demandados y las citas legales que sustenten cada una de sus decisiones, por ello, la fundamentación carece de claridad en el nexo entre la causa y el efecto, lo cual tiene relevancia constitucional al haberse suprimido un parte estructural de la Resolución, sobre todo en cuanto se refiere a su demanda reconvencional. Todas esas observaciones fueron planteadas en el recurso de casación; empero, el Tribunal Agroambiental no efectuó ninguna valoración jurídica.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La parte impetrante de tutela, a través de su representante legal denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos motivación y fundamentación, defensa y a la propiedad, citando al efecto los arts. 56, 393 y 394.II de la Constitución Política del Estado (CPE).