Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0605/2019-S2 Sucre, 24 de julio de 2019
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional
Expediente: 27777-2019-56-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 1/2019 de 14 de febrero, cursante de fs. 213 vta. a 219, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Maneyva Luizaga Velasco, Andreyna Karla Arraya Bernal Collazo, María Yohany Banegas Collazo, Yohana Montaño Encinas y Flavio Antonio Román Balderrama en representación legal de Willan Elvio Castillo Morales, Gerente Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) contra Sigfrido Soleto Gualoa y Zenón Edmundo Rodríguez Zeballos, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Ana Gloria Rojas Flores, Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 21 de enero de 2019, cursante de fs. 67 a 76, la parte accionante, a través de sus representantes legales, manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Emergente del Procedimiento de Control Diferido, se emitió la Orden de Control Diferido Regular AN-GNFGC-DIAFC 08/2010, para que se proceda a la verificación de sesenta y un Declaraciones Únicas de Importación (DUI), tramitadas por la Despachante Aduanera LLANOS, entre las cuales se encontraba la DUI 2009/733/C-139 de 2 de octubre de 2009, que declaraba la importación de una camioneta marca Nissan, tipo Navarra, modelo 2009 a nombre de Arnildo Eloy Montero Artundiaga con cedula de identidad 1795480 de Tarija.
Es así, que en las conclusiones del Informe de Control Diferido, se estableció que sesenta y un trámites contaban con indicios de la comisión de los delitos de contrabando, falsificación de documento aduanero, asociación delictiva aduanera, falsedad aduanera, falsedad material, ideológica, falsificación de documento privado y uso de instrumento falsificado y responsabilidad por la función pública. De la misma manera se emitieron cuatro recomendaciones:
- a)Emisión de actas de intervención contravencional por el ilícito de contrabando (proceso administrativo);
- b)"Emisión de Actas de Intervención (PENAL), por la comisión de los ilícitos establecidos en los incs. b), c), d) y e), a objeto de que a través de la Unidad Legal de la Gerencia Regional Santa Cruz" (sic) de la ANB, se pongan los hechos en conocimiento del Ministerio Público;
- c)La remisión de antecedentes a la Unidad de Lucha Contra la Corrupción de la ANB, con el fin de que tome conocimiento del caso; y,
- d)Remisión de antecedentes a la Unidad del Servicio de Operadores de la ANB a objeto del inicio del proceso por incumplimiento por parte de la Agencia Despachante de Aduanas LLANOS, respecto a su autorización en la jurisdicción de San Matías.
Como resultado del proceso administrativo, se emitió la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS 51/010 de 26 de octubre de 2010, por la que se resolvió el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional AN-UFIZR-AI 49/2010 de 3 de marzo y la captura del motorizado; camioneta marca Nissan, tipo Navarra, modelo 2009, chasis MNTCCUD40Z0002106, cilindrada 2500, tracción 4x4 y posterior remate de la misma, conforme a procedimiento de ley, así como la anulación de la DUI 2009/733/C-139, determinación administrativa que fue notificada el 24 de noviembre de 2010 y contra la que no se interpuso ningún recurso, por lo tanto se la declaró ejecutoriada.
Con posterioridad a la emisión de la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS 51/010 (ejecutoriada), se emitió el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0049/11 de 13 de mayo de 2011, que constituye una denuncia de acuerdo a lo establecido por el art. 187 del Código Tributario (CT), por la presunta comisión del delito de falsificación de documentos aduaneros, en la que se hizo constar que no se encontraba comisado ningún vehículo, siendo presentada la denuncia ante el Ministerio Público el 13 de mayo de 2011, a objeto del inicio de la acción penal pública, la misma que concluyó con la remisión de la Resolución Fiscal de Rechazo de 28 de diciembre de 2015, bajo el fundamento del art. 304 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), ratificada por el Fiscal Departamental, mediante la Resolución Fiscal Departamental GPJ 621/16 de 14 de septiembre de 2016.
El 18 de enero de 2018, funcionarios de la Unidad de Control Aduanero, en un operativo rutinario de control y verificación de mercaderías y medios de transporte, identificaron el vehículo con placa de control 2365ZNA, y previa revisión en los Sistemas de la ANB, se constató que no se encontraba registrado en el Sistema "FRV", por lo que procedieron al comiso del dicho medio de transporte, emitiendo el Acta de Intervención SCRZI-C- 0017/2018 de 18 de enero, por la comisión del delito de contrabando contravencional; sin embargo, advertidos que ya existía una Resolución ejecutoriada en contra de ese vehículo, al amparo del art. 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), la Administración Aduanera emitió la Resolución Administrativa (RA) SCRZI-SPCC-RC 16/2018 de 14 de febrero, disponiendo la anulación del Acta de Intervención SCRZI-C 0017/2018, en el Sistema "SPCID" Sistema de Procesos Contravencionales e Impugnaciones correspondientes al operativo URCA-GRZG1877, a fin de evitar causales de nulidad dentro del proceso administrativo, siendo que la mercancía comisada ya cuenta con Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS 51/2010 de 26 de octubre, emitida por la Unidad Legal de la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB.
Arnildo Eloy Montero Artundiaga, mediante memorial presentado el 30 de julio de 2018, a la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy codemandada-, dentro del fenecido proceso penal GRSCZ-UFIZR 49/11 IANUS 201118017, solicitó se ordene la devolución del vehículo que fue comisado en un proceso administrativo, habiendo la autoridad jurisdiccional ordenado la devolución mediante Auto Interlocutorio 15/2018 de 17 de agosto, sin considerar una verificación exhaustiva del proceso y sin valorar los fundamentos expuestos por la ANB, que le hizo conocer que el comiso del vehículo, fue en cumplimiento de una Resolución Administrativa y no judicial, vulnerando de esta manera el derecho al debido proceso.
Al considerar ilegal la Resolución pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, la ANB interpuso recurso de apelación incidental, que mereció el Auto de Vista 238 de 9 de noviembre de 2018, declarando admisible e improcedente el recurso, fallo que pretende dejar sin efecto el comiso ordenado dentro de un proceso administrativo que se encuentra ejecutoriado en sede administrativa y no judicial; por consiguiente, arremete contra la potestad aduanera reconocida por las leyes y la Constitución Política del Estado, señalando que las clases para cada conducta contraventora, están determinadas por el art. 161 del CT, encontrándose en el numeral VI el comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado, aspectos que forman parte de la Resolución Administrativa, emanada por la ANB, dictada en cumplimiento a lo que manda la Ley General de Aduanas, el Código Tributario y la Ley de Procedimiento Administrativo y que sin embargo, fuera de todo contexto legal, las autoridades demandadas careciendo de legitimidad; se pronunciaron de manera arbitraria contra Resoluciones Administrativas, que no son su competencia, disponiendo la devolución de mercancía que se encontraba comisada dentro de un proceso administrativo y no judicial, fallos judiciales atentatorios, vulneratorios y contrarios a las leyes, lo cual impele a la interposición de la acción de amparo constitucional.
I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado
Denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, y el principio de seguridad jurídica con relación al de legalidad, citando al efecto el art. 115.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
I.1.3. Petitorio
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