Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0606/2019-S3 Sucre, 11 de septiembre de 2019
SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional
Expediente: 28756-2019-58-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 12/19 de 9 de abril de 2019, cursante de fs. 279 a 281, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Freddy Céspedes Soliz contra Omar Michel Durán y Dolka Vanessa Gómez Espada, Consejeros del Consejo de la Magistratura.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 12 de marzo de 2019, cursante de fs. 144 a 156, el accionante señaló que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Se le inició proceso disciplinario por la presunta comisión de la falta grave prevista en el art. 187.14 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), aduciendo que en su condición de Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, en el proceso coactivo social seguido por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) BBVA Previsión Sociedad Anónima (S.A.) contra la Editorial Amanecer S.A., incumplió con sus obligaciones, y luego de sustanciarse el mismo, la Jueza Disciplinaria Tercera de la Oficina Departamental del aludido departamento del Consejo de la Magistratura, emitió la Sentencia Disciplinaria 43/2017 de 7 de julio, disponiendo su suspensión por un mes. Decisión que habiendo sido recurrida en apelación, fue confirmada mediante Resolución SP-AP 27/2018 de 27 de abril -motivo de la presente acción-, dictada por los miembros de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura -hoy demandados-, sin realizar una objetiva revisión del proceso con relación a los plazos que le corren al juez para dictar resoluciones claramente definidos en los arts. 79 y 80 del Código Procesal de Trabajo (CPT) y 110 de la Ley de Pensiones (LP), ni considerar los agravios expuestos en alzada y menos fundamentar y motivar su decisión de confirmar la Resolución de primera instancia.
Las autoridades demandadas no explicaron a cabalidad en qué hechos se sustentaron para concluir en la sanción, puesto que en el desarrollo del proceso disciplinario, en ningún momento se probó que hubiese enmarcado su conducta al art. 187.14 de la LOJ; no valoraron de manera concreta y explícita todas y cada una de las pruebas, y omitieron determinar el nexo de causalidad entre la denuncia, el supuesto de hecho, la valoración de la prueba producida y la consecuencia, convalidando con estas omisiones la sanción impuesta en su contra, sin que haya cometido la falta grave que se le atribuyó.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
El accionante denunció como lesionados sus derechos al debido proceso en sus componentes a la defensa, motivación, fundamentación y congruencia; al respeto y protección de los derechos fundamentales; prevalencia e interpretación de lo favorable; así como la garantía de la verdad material, citando al efecto los arts. 13.I y IV, 14.III, 115.II, 117.I, 180 y 256 de la Constitución Política del Estado (CPE); 11.1 y 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 1 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 2.1 y 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 6.3.b del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
I.1.3. Petitorio
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