Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0608/2022-S4 Sucre, 20 de junio de 2022
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional
Expediente: 38410-2021-77-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 32/2022 de 14 de febrero, cursante de fs. 82 vta. a 85 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Martha Antonieta Medinaceli Claure contra Juan Gonzales Noya, Juez Público Civil y Comercial Decimosegundo del Departamento de Santa Cruz; Marta Mabel Claure Amaya y Lucia Florensa Añez.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Mediante memorial presentado el 30 de diciembre de 2020, cursante de fs. 31 a 35, la accionante manifestó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Cuenta con el derecho propietario de un lote de terreno ubicado en la zona norte, UV. 76, km. 61/2 carretera al norte, con una superficie de 2855.80 m2 (dos mis ochocientos cincuenta y cinco con ochenta metros cuadrados), inscrito en Derechos Reales (DD.RR.), bajo la Matrícula computarizada 7.01.1.06.0075559, dentro de dicha matrícula en gravámenes y restricciones con Asiento 3, desde el 13 de agosto de 2020, se encuentro con medidas cautelares; por tal razón con anotación preventiva, por el monto de $us500 000.- (Quinientos mil dólares estadounidenses) a favor de Marta Mabel Claure Amaya, su madre -ahora demandada- con expresa prohibición de innovar y contratar.
Esa anotación preventiva devino de un proceso de indemnización por mejoras, instaurado por la antes nombrada y Lucia Florensa Añez , abogado -ahora demandadas- cuyas repercusiones son la vulneración de su derecho propietario; puesto que, las prenombradas aprovechándose de su situación de discapacidad, extremo respaldado por un certificado médico que observa un "cuadro clínico de nacimiento caracterizado por un déficit neurológico del lado derecho del cuerpo que provoca un cuadro de contractura muscular, motivo por el cual se encuentra bajo tratamiento multidisciplinario"(sic), manifestó que se halla recibiendo medicación para fortalecer la relajación muscular; además de estar en fisioterapia continua, lo que favoreció a su salud; sin embargo, la exigencia de la terapia consiste en la continuidad del tratamiento porque el trabajo muscular y neurológico precisa de una estimulación permanente, debiendo disminuir situaciones de estrés importantes que provocan repercusiones negativas en su salud. Marta Mabel Claure Amaya y Lucia Florensa Añez, induciendo en error a Juan Gonzales Noya, Juez Público Civil y Comercial Decimosegundo del Departamento de Santa Cruz -autoridad hoy demandada-, dentro de un aparente proceso legal, restringieron y suprimieron con dicha anotación preventiva el único bien que le da sustento y paliativo a la enfermedad que padece; ya que, los gastos son demasiado costosos, aspecto que es de pleno conocimiento de su progenitora Marta Mabel Claure Amaya, quien de manera conjunta con su apoderada perpetran los actos ilegales y omisiones indebidas traducidas en vías de hecho, que vulneran e infringen no solo su legítimo derecho propietario sino el derecho a su salud; en lo que, concierne el uso, goce y disponibilidad como derecho fundamental que se ve agraviado y perturbado de manera objetiva con abusos, perturbaciones, dilaciones, retrasos y demoras, creando y originando con esa conducta, una lesión flagrante a la seguridad jurídica de la que todo ciudadano goza y es objeto de protección por parte del órgano jurisdiccional.
La oportuna e inmediata solución al conflicto se logrará a través de la presente acción de defensa, activando la excepción a la regla de la subsidiaridad en resguardo y restablecimiento de su derecho invocado.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
La impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos a la salud y a la propiedad, citando al efecto los arts. 14.IV, 15, 56.I y II, 128, 129, 180 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1, 7, 8, 10, 17 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); 1.1 y 2, 8.1, 21, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que se emita la orden de levantamiento de anotación preventiva de su propiedad inscrita debidamente en DD.RR.
I.2. Trámite Procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional
I.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 03/2021 de 5 de enero, cursante de fs. 36 a 37 vta., declaró improcedente la presente acción de defensa; consecuentemente, la impetrante de tutela mediante memorial presentado el 19 de enero de igual año, impugnó dicha determinación cursante de fs. 40 a 44.
I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional
Por Auto Constitucional (AC) 0063/2021-RCA de 17 de marzo, cursante de fs. 49 a 55, la Comisión de Admisión de este Tribunal, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), resolvió revocar la Resolución 3/2021 de 5 de enero, disponiendo; en consecuencia, se admita la presente acción de defensa y se someta la causa al trámite previsto por ley, debiendo pronunciar resolución en audiencia pública, concediendo o denegando la tutela solicitada, según corresponda en derecho.
I.3. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
En audiencia virtual el 21 de enero de 2021, se determinó que por falta de citación a todas las partes se suspenda la misma a fs. 61, para el 1 de febrero de igual año, en dicha fecha se suspendió nuevamente la audiencia pública por los mismos motivos a fs. 62.
Celebrada la audiencia virtual el 14 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 77 a 82 vta., presentes la impetrante de tutela, acompañada de su abogado las demandadas y ausente la autoridad demandada y los terceros intervinientes; se produjeron los siguientes actuados:
I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción
La solicitante de tutela, a través de su abogado en audiencia ratificó in extenso su demanda de acción de amparo constitucional y ampliando la misma señaló que:
- a)La presente acción de defensa, se trata de un grupo vulnerable; puesto que, tiene como prueba los informes médicos que determinaron su grado de incapacidad, al respecto la parte demandada podrá decir que no padece de incapacidad, pero está apta para hacer contratos, actos jurídicos, etc., empero, su madre -Marta Mabel Claure Amaya-, tiene conocimiento que es de nacimiento lo que padece, por tal situación cuando hay una situación psicológica que le afecta, la serotonina baja los niveles; vale decir no segrega serotonina y empieza a encogerse;
- b)Manifestó que tiene ahora cuarenta y nueve años de edad, que era antes una persona atleta, etc.; hace tres a cuatro años atrás, tiene una hija estudiando en Bélgica;
- c)Ahora bien, la acción de hecho se genera, cuando realizó un contrato con Marta Mabel Claure Amaya de alquiler para que ésta viva en su casa; sin embargo, posteriormente, la nombrada la demandó por una supuesta mejora por $us500 000.-; mejoras que ni siquiera consultó a la propietaria, es descabellado, por eso la presente acción tutelar se interpuso contra el Juez suplente del juzgado "primero", porque en ese entonces determinó la anotación preventiva;
- d)Ante todo está protegida por el art. 70 y siguientes de la CPE, que establece la protección de las personas en discapacidad o que padecen grados de discapacidad; se prohíbe y sanciona cualquier tipo de discriminación o maltrato, violencia o explotación a toda persona con discapacidad, entonces se cuestiona qué pretendía la inquilina;
- e)El problema radica en que con ese proceso se está lesionando tratados y convenios internacionales, en cuanto a protección hacia las personas en grado de vulnerabilidad, así lo establece el art. 9 del Tratado Belem do Pará, que habla efectivamente de personas discapacitadas y cómo tienen que ser protegidas; las medidas de hecho se traducen en que la codemandada obtuvo un contrato de alquiler para después invocar la realización de mejoras como si tratase de una deuda; ningún dueño de casa permitiría mejoras por $us500 000.-. Esta situación conllevó a su deterioro físico, psicológico y es necesario que la regla de subsidiariedad se rompa;
- f)No es exigible el principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, por pertenecer a un grupo vulnerable, el cual debe ser protegido; en el fondo por los derechos vertidos y la prueba que esta adjunta a la demanda demostró el debido proceso, a las garantías y principios constitucionales como grupo vulnerable; y,
- g)Ante cualquier factor de presión psicológica o física, su tendón de la pierna empieza a encogerse; tiene más o menos dos o tres centímetros menos en la pierna derecha y en el brazo izquierdo es más delgado, por la presión psicológica.
I.3.2. Informe de la autoridad demandada
Juan Gonzales Noya, Juez Público Civil y Comercial Decimosegundo del Departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de defensa ni presentó informe escrito alguno, pese a su citación cursante a fs. 64.
I.3.3. Intervención de las demandadas
Marta Mabel Claure Amaya y Lucia Florensa Añez -ahora demandadas-, a través informe escrito de 14 de febrero de 2022, cursante de fs. 74 a 76 y en audiencia ratificaron que;
- 1)La accionante manifestó que habrían inducido a la autoridad ahora demandada a que emita el Decreto de 4 de septiembre de 2019, señalando que el recurso de reposición sería resuelto en audiencia preliminar, indicando que esas actuaciones como "supuestas medidas de hecho"; asimismo, la impetrante de tutela señaló que además se habría hecho incurrir en error a dicha autoridad, para que disponga una anotación preventiva sobre el bien inmueble ubicado a la altura del km. 61/2 carretera al norte, UV, 76, con una superficie de 2855.00 m2, registrado en el año 1984; existe una relación imprecisa de los hechos y una confusión respecto a los términos de las medidas cautelares porque el Juez a quo no ha ordenado ninguna anotación preventiva sobre el bien inmueble, la medida cautelar que se ha ordenado es la prohibición de innovar en aplicación a lo que establece el art. 336 del Código Procesal Civil (CPC);
- 2)El bien inmueble fue adquirido por Marta Mabel Claure Amaya y su ex esposo Carlos Domingo Medinaceli Arostegui, quien recientemente habría fallecido, los prenombrados inscribieron dicho bien inmueble a nombre de su hija menor de edad en 1984, cuando tenía como tres o cuatro años de edad, "estableciendo obviamente en el inmueble usufructo de por vida", en el cual vivieron varios años, cerca al 2012 propuso a su hija -ahora solicitante de tutela- restaurar la casa; puesto que había sido incendiada en su momento por su ex esposo, las mejoras y ampliaciones al bien inmueble serian con la finalidad de vivir allí con su hija y su nieta las que siempre han vivido bajo el cobijo y manutención de su persona, no escatimo en gastos, invirtiendo en el bien inmueble la suma de $us500 000.-, el bien inmueble cuenta con una planta alta con un departamento en anticrético por el valor de $us30 000.- (trecientos mil dólares estadounidenses), la planta baja ocupaban su persona, la accionante y su nieta; y finalmente, en el área sub suelo un departamento que se encuentra en alquiler; el cual percibe la impetrante de tutela;
- 3)En el 2014, cuando se habría terminado de construir el proyecto de las reparaciones, construcciones y después de haber vivido en el bien inmueble un poco más de un año; la solicitante de tutela le pidió la desocupación, al no irse como se lo pidió su hija, ésta inició en su contra una demanda de desalojo y mediante un acuerdo conciliatorio le permitió quedarse en este inmueble, pagando un canon de alquiler de $us3 000.-, luego de varios meses y ante el incumplimiento de pago por alquileres, la accionante ejecutó vía judicial la orden de desalojo; por tal motivo, inicio en contra de la impetrante de tutela el proceso de reconocimiento de mejoras realizado en dicho bien inmueble;
- 4)Posteriormente, fue desalojada por orden emitida por el "Juez N° 18 Civil y Comercial"; empero, el proceso de reconocimiento de mejoras ha continuado, en este momento se encuentra en etapa de conciliación, habiéndose suspendido la etapa de juicio oral; puesto que, al existir dentro del proceso dos avalúos periciales, la Jueza de la causa, debe ordenar un tercer avalúo para determinar con precisión el importe de dichas mejoras, y,
- 5)No son evidentes las supuestas medidas de hecho, que indicó la solicitante de tutela, la cual se amparó en su discapacidad que estaría supuestamente siendo lesionado, la accionante es licenciada en relaciones internacionales o marketing y publicidad, una persona brillante, causando extrañeza; ya que, al estar en etapa de conciliación y acercamiento entre madre e hija, ésta presenta una acción de defensa en su contra, motivando así el distanciamiento entre las partes.
I.3.4. Intervención de la Defensoría del Pueblo y de la Mujer
Los representantes de la Defensoría del Pueblo y de la Mujer no asistieron a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional ni presentaron informe escrito alguno, pese a su notificación cursante de fs. 67 a 70.
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