Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0608/2026-S2 Sucre, 9 de abril de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 55709-2023-112-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 59/2023 de 29 de marzo, cursante de fs. 1153 a 1159, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Micaela Aylin Aguilar Villanueva contra William Eduard Alave Laura, entonces Fiscal Departamental de La Paz. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 26 de enero y 16 de febrero de 2023, cursantes a fs. 1, 1079 a 1092; y, 1096 a 1098 vta., la accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 20 de septiembre de 2021, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra José Daniel Quisbert Cazas, por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa, por la agresión sufrida el 2 de agosto del mismo año, que derivó en su internación en la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL). El proceso penal avanzó con actuaciones investigativas y la detención preventiva del imputado; sin embargo, Susana Eduarda Pérez Flores, Fiscal de Materia, emitió la Resolución de Sobreseimiento 05/2022 de 11 de agosto, sosteniendo la inexistencia de suficientes elementos de convicción, pese a haberse colectado prueba para una acusación formal.
Ante ello, impugnó dicha determinación por falta de fundamentación y por la aplicación taxativa de la ley conforme a la jurisprudencia; no obstante, William Eduard Alave Laura, entonces Fiscal Departamental de La Paz -demandado-, mediante Resolución FDLP/WEAL/-S- 680/2022 de 19 de septiembre, ratificó el sobreseimiento a favor del imputado.
El sobreseimiento se basó en una supuesta insuficiencia probatoria, pese a que, en el cuaderno de investigación, existen certificados médicos forenses e informes psicológicos que acreditan violencia física y psicológica reiterada, así como un riesgo vital evidenciado por la internación en la unidad de terapia intensiva de COSSMIL; además, omitió valorar conductas previas relevantes y contrastar de forma razonada las teorías del hecho, privilegiando una versión del imputado carente de sustento probatorio. La Resolución FDLP/WEAL/-S- 680/2022 privilegió indebidamente la teoría propuesta por el imputado basada en un supuesto accidente de tránsito, apoyándose en referencias parciales del historial clínico del centro médico donde fue internada, sin responder a la impugnación ni contrastar dicha versión, proporcionada por el propio imputado cuando la llevó inconsciente, con otros elementos del cuaderno de investigación.
Asimismo, se omitió valorar informes psicológicos relevantes, como la entrevista en cámara Gesell, no citada en la Resolución cuestionada, y se otorgó un valor erróneo al informe pericial psicológico (sin fecha), pese a que estos acreditaban un relato previo coherente de las agresiones sufridas el 2 de agosto de 2021, constatadas por la Psicóloga de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos (UPAVT) en el proceso penal seguido por "Violencia Familiar".
Con relación a la pericia psicológica realizada conforme al art. 204 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la misma fue desestimada incorrectamente, pese a estar directamente vinculada a los hechos investigados y a concluir, luego de procedimientos científicos, en la acreditación del daño psicológico, la credibilidad del testimonio y la relación causal con la internación en COSSMIL; además, la prueba sobre el accidente (placas fotográficas y pericia automotriz) demostró su irrelevancia en el resultado, corroborada por la declaración informativa de Marcelino Torrez "Rias" de 30 de septiembre de 2021, que no fue valorada.
Finalmente, impugnó la falta de actividad investigativa del Ministerio Público, invocando la , incumpliendo su tarea, al limitarse a realizar algunas actuaciones que propuso, dejando pendientes varios actos de investigación; sin embargo, la Resolución ahora objetada arbitrariamente no consignó ese planteamiento, no existiendo respuesta, incurriendo en incongruencia omisiva.
I.1.2. Garantía supuestamente vulnerada
Denunció la lesión de la garantía del debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
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