Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0609/2019-S1 Sucre, 24 de julio de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 27590-2019-56-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 001/2019 de 4 de enero, cursante de fs. 1739 a 1747 pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sandra Cristina de Souza Kublik contra Elva Terceros Cuéllar y Rufo Nivardo Vásquez Mercado, Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1.Contenido de la demanda
A través de memorial presentado el 10 de diciembre de 2018, cursante de fs. 1444 a 1462 vta., la accionante expresó los siguientes argumentos:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El proceso de saneamiento se inició con la Resolución Administrativa (RA) DDSC 52/2001 de 3 de julio, que declaró prioridad el saneamiento del polígono "24" en la cual se encuentra el predio "Las Parabas", cuyo propietario ?-en ese entonces- el Banco Nacional de Bolivia (BNB) Sociedad Anónima (S.A.) pidió al Director Departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ordenar el inicio del proceso de saneamiento en siete predios (Las parabas, El Soto, El Matoral, El Almendrillo, El Totaí, La Víbora, y Las Pampitas) ubicadas en el cantón San José, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz.
Según el informe en Conclusiones del saneamiento efectuado en el predio "Las Parabas", señala que el antecedente de su propiedad es el "54574" y que el mismo contiene vicios de nulidad absoluta; no obstante que, conforme a documentación su propiedad tiene signado el 56586, aspecto que se puede evidenciar con el "Testimonio franqueado por el Secretario de Cámara del Consejo Nacional de Reforma Agraria de la Sentencia y Auto de Vista dictados dentro del proceso social agrario de dotación de tierras denominadas 'Las Parabas'" (sic); el Acta de posesión real y definitiva, Testimonio 2579/2000 de 22 de julio, Escritura de adjudicación judicial de un fundo rústico denominado "Las Parabas", Testimonios de 13 de junio de 2008 y 921/2008 de 10 de junio, aclarativa que suscribe el acreedor BNB S.A. en favor de Víctor Marlos Kublik que adquiere el inmueble a favor de Angelo Zeni como comprador; y, RA RA-SS 1999/2014 de 14 de octubre.
El Informe en Conclusiones de 8 de mayo de 2014, entre otros hizo referencia a la relación del trámite agrario señalando de forma errónea -tal como se denunció en repetidas ocasiones- que el INRA, trata de confundir a las autoridades encargadas en su momento de hacer el control de la legalidad sobre el desarrollo de la tramitación del proceso de saneamiento, ya que desde el 2012 con el pretexto del extravío de expedientes simuló desconocer sobre la existencia de datos presentados por el BNB S.A. el 18 de abril de 2001, por el cual acompañando documentación solicitó el saneamiento de siete (7) predios, aspecto que generó inseguridad jurídica, vulnerando derechos constitucionales y desconocimiento del principio de favorabilidad que rige en la administración con relación al administrado.
A pesar de contar la carpeta de saneamiento con ficha de cumplimiento de la Función Económica Social (FES), fotografías, informes que demuestran su versión, el INRA de forma maliciosa recurre a informes multitemporales para evitar aplicar la ley de manera eficiente vulnerando los principios de verdad material pro homine, auto tutela, trabajo, a la jerarquía de los actos administrativos, quebrantando la normativa agraria que señala que la verificación de la FES debe hacerse "in situ" considerando que los informe multitemporales son complementarios al trabajo realizado en campo teniéndose entonces que la aplicación de la norma para con su propiedad está viciada de nulidad y carece de fundamentación, motivación y congruencia.
El INRA refiere que su persona es poseedora ilegal del predio que lo obtuvo a través de una compra realizada por el BNB S.A. quien a su vez lo adquirió de una venta judicial; es decir, fue una compra perfecta; asimismo, dicha entidad administrativa, omitió hacer una valoración de la FES puesto que conforme al informe múltitemporal de actividades antrópicas el 2003 se indica que sería poseedora ilegal, cuando se demostró en campo y documentalmente que cumple al 100% con la FES. Por otro lado de manera reiterada denunció la manera dolosa con que se maneja el INRA, por cuanto existen pruebas de la pérdida de su expediente, siendo arbitrario que el Estado a través de dicho ente pretenda despojarle de su predio que es fruto de su trabajo de toda su vida.
Debido a que la RA RA-SS 1999/2014 "...hizo suyas las conclusiones del Informe en Conclusiones..." (sic), tuvo que recurrir en la vía contenciosa administrativa con las siguientes razones:
- a)Al no tomar en cuenta el valor supremo de la prueba de verificación en campo para evaluar el cumplimiento de la FES, se vulneró los arts. 159 y 161 del Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto de 2007 y el 393 de la Constitución Política del Estado (CPE), ya que no se tomaron en cuenta los resultados verificados in situ recogidos en los diferentes informes dentro del proceso de saneamiento, incumpliéndose con ello los precedentes "Sa 2a N° 27/2004, Sa1a L N°11/2012, S2ª L N° 32/2012, S2ª L N° 35/2012, S2ª L 36/2012 y S2ª L N° 41/2012" (sic); y,
- b)Se mal interpretó la jurisprudencia del Tribunal Agroambiental con referencia a la firmeza de los actos administrativos con relación a que el INRA no es la entidad idónea para desconocer un acto administrativo estable, debiéndose adoptar de manera automática el principio de autotutela; al respecto el Tribunal Constitucional Plurinacional en las y la , señaló que el INRA debe considerar la jerarquía de los actos administrativos ().
Así planteada la demanda contenciosa administrativa, la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental por Sentencia Agroambiental Plurinacional Sa2ª 47/2018 de 22 de agosto, declaró improbada la demanda incurriendo en prejuzgamiento al no exponer las razones y contestar a todas y cada uno de sus agravios formulados, puesto que resolvieron la causa basada en jurisprudencia fuera de contexto; además, de no realizar un análisis integral de la prueba ofrecida, poniendo en duda su imparcialidad al no ponderar adecuadamente los antecedentes existentes al momento de plantear la demanda, vulnerando con ello el derecho a la motivación; por otro lado, también se afectó el principio de verdad material reiteradamente expuesto desde el 2010, siendo que los Magistrados demandados fundaron su decisión simplemente en relacionamientos sin una debida fundamentación jurídica.
Sostiene que la citada Sentencia es incongruente al señalar que "...no se evidencia ninguna documentación que acredite la tradición del derecho propietario respecto al expediente Nº 56586 'las Parabas' que tantas veces ha sido observado por la demandante..." (sic), siendo que uno de sus puntos demandados fue la falta de valoración de la prueba, como la copia legalizada del acta de posesión real y definitiva del predio que tiene una extensión de "2.345.2500 Has", emitida por el "...Juez Agrario Móvil Segundo..." (sic), vulnerándose con ello sus derechos a una Resolución congruente y motivada que afecta materialmente el debido proceso, por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico que más allá de las implicancias del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías.
Agrega que existe falta de valoración objetiva de la prueba en la supra referida Sentencia porque el precitado informe técnico carece de datos técnicos que demuestren objetivamente la sobreposición del expediente "Guayacan" al predio "Parabas", porque se convalidó un acto que carece de elementos necesarios y suficientes que demuestre lo asegurado en la Sentencia impugnada siendo que en la demanda contenciosa administrativa pidió que el Departamento Técnico de Geodesia del Tribunal Agroambiental realice el relevamiento de campo de datos técnicos que demuestre fehacientemente lo cuestionado, aspecto que no mereció respuesta, incurriendo en incongruencia interna y externa, no obstante de ser una compradora de buena fe del predio, que emerge de una venta perfecta tal como es la venta judicial. Se vulneró el derecho a la defensa y a la garantía del debido proceso por una interpretación arbitraria de la legalidad ordinaria del art. 306 del DS 29215, porque sus argumentos respecto al antecedente agrario presentado no merecieron pronunciamiento; asimismo, se vulneró el debido proceso por omisión en la valoración de la prueba, como planos legalizados por el mismo INRA donde se evidencia la colindancia, el Plan de Ordenamiento Predial aprobada SIA IT EVAL 029/2009 emitida por la Superintendencia Agraria, Folio Real emitido por DD.RR. con la Matrícula Computarizada 7.05.1.01.0000008 que acredita la tradición traslativa del derecho propietario; asimismo, no fueron valoradas ni tomadas en cuenta las fichas de cumplimiento de la FES, siendo que existen fotografías que demuestran las mejoras existentes en el predio.
I.1.2.Derechos y garantías supuestamente vulnerados
La parte impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa, a la igualdad, al acceso a la justicia, legalidad e imparcialidad, a la propiedad, al trabajo, "seguridad jurídica"; señalando al efecto los arts. 8, 9, 13.IV, 14.II y III, 46.II, 52.IV, 56.I y II, 110, 113.I, 115, 116, 117.I 119.I, 120.I, 115.II, 116.I, 117.I, 128, 129, 178.I, 180, 256 y 393 de la CPE; 8 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 8, 10, 17 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
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