0611/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0611/2019-S1 Sucre, 24 de julio de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 27686-2019-56-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 002/2019 de 14 de febrero, cursante de fs. 191 a 218 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Betty Espinoza de Ugarte contra Karen Melissa Suárez Alba, Alcaldesa Suplente, Marcelo Camargo Pinto, Secretario de Atención de Servicios al Ciudadano y Boris Gabriel Crespo Quiroga, Jefe de Departamento Legal Tributario, todos del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Cochabamba

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 12 de octubre de 2018, cursante de fs. 48 a 58 vta., la accionante, expone lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso de fiscalización mixta de las gestiones 2005 a "20012" correspondiente a la actividad económica 1191675, con licencia T0063B00337 y patente 27087, mediante acta de 29 de junio de 2018, se le hizo entrega de fotocopias legalizadas del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) 66774/2016 de 12 de diciembre; aduciendo que, tendría una deuda con el municipio por las gestiones 1998 a 2017 por Bs105 472 (Ciento cinco mil cuatrocientos setenta y dos bolivianos), que al 10 de mayo de 2018, ascendería a Bs108 076 (Ciento ocho mil setenta y seis bolivianos); por lo que, amparada en los arts. 16 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002- y 31.I incs. a) y b) de su Reglamento -Decreto Supremo 27113 de 23 de julio de 2003-, presentó memorial de recurso de oposición de fiscalización mixta y nulidad de notificaciones, señalando que en el legajo de fs. 26, no cursa las liquidaciones por Determinación Mixta de las gestiones 2005, 2006 y 2012; asimismo, que no se le notificó personalmente con el inicio de fiscalización ni la Vista de Cargo, en su domicilio de ese entonces, calle San Martín 852, como dispone el art. 84 del Código Tributario Boliviano (CTB) -Ley 2492 de 2 de agosto de 2003-; por el contrario, la notificación se practicó mediante publicación masiva, violando su derecho a la defensa, al debido proceso y a la legalidad, además de no considerar su condición de persona de la tercera edad; y, el 24 de agosto de 2018, fue notificada con el Proveído 250/2018 de 1 de agosto, en respuesta al mencionado memorial, que dispuso "La Administración Tributaria Municipal procedió con la publicación de Resoluciones de Liquidación por Determinación Mixta, de la actividad económica con Nº 27087, en periódico de circulación nacional, citando al sujeto pasivo para que en plazo de cinco días, computables a partir de la publicación, se apersone a la misma, otorgando otro plazo de 15 días en las mismas condiciones, si la persona interesada no se apersonó se dio por practicada la notificación conforme estipula el Art. 89 de la Ley Nº 2492, consecuentemente, se emitió el Proveído de Inicio de ejecución tributaria. Asimismo según informe DPAC/ACT/HR.G 33286/GvP/CITE 293/2018 de 24/07/2018 emitido por el servidor público Lic. Gary J. Vargas Porcel del Departamento de Plataforma de Atención al Contribuyente, se indica que se evidencia la existencia de registro de licencia de funcionamiento T063B00337, con número de actividad 27087 a nombre de Betty Espinoza de Ugarte, con tipo de actividad Residencial 'San Martín' en la dirección San Martin Nº 6864, con una superficie de 600 m², fecha de inicio tributario 29/08/1990, con gestiones adeudadas de 1998 a 2017, por lo expuesto no ha lugar a lo solicitado" (sic); en esta respuesta no se encuentra fundamentación clara que se refiera a su pedido de nulidad de actuados procesales.

Se le notificó ilegalmente con la resolución determinativa mediante publicación masiva, cuando lo que correspondía según los arts. 83.I, 84.I y 98 del CTB, era que se le notifique personalmente con la orden de fiscalización y posteriormente con la Vista de Cargo, en su domicilio, por cuanto la notificación no es una mera formalidad procesal, sino que debe asegurar que la determinación administrativa sea conocida efectivamente por el destinatario.

Las resoluciones de liquidación por Determinación Mixta 26752/2012, 29430/2013, 30601/2014 y 11668/2015, correspondientes a los periodos 2007, 2008, 2009 y 2010, respectivamente, han prescrito conforme a los arts. 59 y 60 del CTB y el entendimiento asumido en "...las sentencias 39/2016 y 47/2016 del Tribunal Supremo de Justicia..." (sic)

Señala que, dejó de tener la actividad comercial en 1998, y de la certificación emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) SIN/GDCCBA/DRE/NOT/1178/2018, se evidencia la inexistencia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) ni el "Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT)" (sic).

Al ser una persona de setenta y ocho años, pertenece a la tercera edad; por lo que, tiene derecho a la vida digna, con calidad y calidez, al vivir bien, a la alimentación y a la salud, y por efecto de la ilegal ejecución tributaria, se deterioró su salud y podrían asumirse medidas coactivas, como congelar sus cuentas y proceder a la anotación preventiva de sus bienes, motivo por el cual, es posible hacer abstracción al principio de subsidiariedad como indica la SCP 1886/2013 de 29 de octubre y Auto Constitucional 0085/2018-RCA de 21 de febrero.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

Alega la lesión de sus derechos a la vejez digna, a la defensa, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, y a la igualdad procesal, así como a los principios de presunción de inocencia, seguridad jurídica y legalidad, citando al efecto los arts. 67.I, 115.II, 117.I y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE).