Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0613/2019-S2 Sucre, 31 de julio de 2019
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional
Expediente: 27864-2019-56-AAC Departamento: Beni
En revisión la Resolución 001/2019 de 6 de febrero, cursante de fs. 1114 a 1118 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Oscar Alejandro Céspedes Arce contra Juan Carlos Berrios Albizú y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia; Ponciano Ruiz Quispe y Antonio Fagalde Revilla, Vocales de la Sala Civil, Social, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, Boris Alexander Aquino Espinoza, Juez Público de Familia Primero en suplencia legal de su similar Segundo de la Capital del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 31 de diciembre de 2018, cursante de fs. 1015 a 1027, el accionante manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso de división y partición de bienes iniciado por Roseliane Chávez Montero viuda de su fallecido padre Jimy Ronald Céspedes Montero, evidenció errores procedimentales que constituyeron vicios de nulidad, razón por la que el 3 de febrero de 2017, interpuso incidente de nulidad procesal, en mérito a que el ofrecimiento de la prueba pericial propuesta por la demandante no cumplió a cabalidad con las normas del proceso familiar, cuyo trámite fue providenciado mediante decreto de 20 de igual mes y año, el cual fue motivo de interposición de recurso de reposición por la referida demandante, de forma que mediante Auto de 9 de marzo de dicho año, el Juez de la causa estableció que tanto el incidente planteado como el recurso de reposición se resolverían en audiencia complementaria.
En dicho acto procesal, únicamente se resolvió el recurso de reposición el cual confirmó el decreto de 20 de febrero de 2017, sin tratarse el incidente de nulidad planteado, de manera que en la Sentencia 475/2017 de 25 de mayo, no se resolvió tal incidente, generándole indefensión e inseguridad jurídica, situación que motivó la interposición de recurso de apelación de 22 de junio de ese año, en el que se puso en consideración del Tribunal de alzada tal agravio, empero el Auto de Vista 336/2017 de 28 de julio, se limitó a señalar escuetamente que el incidente no fue planteado fuera del marco procedimental, debiendo haber sido interpuesto por separado, por esa razón el Juez no se pronunció al respecto, en consecuencia no se abrió la competencia del Tribunal superior.
En ese contexto, mediante recurso de casación de 9 de agosto de 2018, de que el incidente de nulidad no fue resuelto conforme a las normas del proceso familiar, se efectuó el reclamo correspondiente, empero el Tribunal Supremo en su Sala Civil, a través de , con argumentos contradictorios e incongruentes, establecieron que no hubo vulneración a la norma para que vicie nulidad, en razón a que se dejó sin efecto la designación del perito, situación que no fue motivo ni fundamento del recurso.
Por otra parte, debiendo comprenderse que las actuaciones procesales deben cumplirse en audiencia, de manera que en audiencia complementaria de división y partición de bienes, se realizó saneamiento procesal, incumpliendo el art. 427 incs. k) y l) del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CF), estableciendo los hechos a probar, la fijación del objeto de prueba, admisión y rechazo de la misma, así como la determinación y ordenamiento probatorio, empero se suspendió la audiencia, declarando un cuarto intermedio, situación que fue reclamada en audiencia de 25 de mayo de 2017, no obstante, el Juez demandado hizo caso omiso, indicando que la prueba ofrecida -la ""- fue rechazada y se tuvo como no presentada, refiriendo que esa etapa procesal ya venció, circunstancias que vulneran sus derechos pues el art. 325 del CF, establece que la prueba debe ser presentada con la demanda, salvo que se trate de reciente obtención y conocimiento, previo juramento de ley, situación que tampoco fue subsanada por los tribunales de alzada, lo que le causó un grave perjuicio.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
El accionante alega la lesión a su derecho al debido proceso, en su vertiente de fundamentación y motivación, citando al efecto los arts. 13.II, 109.I, 115.II, 119.I, 179.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE) y el art. 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela y se disponga el pronunciamiento debidamente fundamentado, motivado, oportuno de nueva sentencia, auto de vista y auto supremo.
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