Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0613/2026-S1 Sucre, 15 de abril de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 75405-2025-151-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 94/25 de 7 de julio de 2025, cursante de fs. 185 a 190, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Martha Lavayen Amelunge de Yaksic y Boris Yaksic Ostoic contra Rolando Peláez Ayala, Registrador Departamental de Derechos Reales (DD.RR.) de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Los accionantes por memorial presentado el 1 de julio de 2025, cursante de fs. 21 a 46 vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En cumplimiento de supuestos actos administrativos internos, el Registrador Departamental de DD.RR. de Santa Cruz, en suplencia legal -Luis Fernando Arteaga Chávez-, mediante Resoluciones Administrativas de 7 y 24 de diciembre de 2021, ordenó y resolvió de manera arbitraria la anulación del registro en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 7.01.1.990173618, correspondiente al derecho propietario de los accionantes sobre el lote de terreno de 4.025,91 m2, ubicado en la zona Norte, Unidad Vecinal (U.V.) 55 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que se desprende de la matrícula Madre 7.01.1.990056157. Dicha actuación, se realizó sin la existencia de una resolución judicial declarativa previa que disponga la nulidad del título en juicio ordinario o la nulidad de la inscripción misma por falta de algún requisito esencial, conforme a los arts. 546 y 1558.3 y 4 del Código Civil (CC), art. 37 incs. 3 y 4 de la Ley de Inscripción de DD.RR. de 15 de noviembre de 1887, y el art. 64 del Decreto Supremo (D.S.) 27957 de 24 de diciembre de 2004 -Reglamento, modificación y actualización a la Ley de Inscripción de DD.RR.-.
Al respecto, mediante contrato de transferencia de lote de terreno urbano a título gratuito de 24 de marzo de 2017, con reconocimiento de firmas y rúbricas ante Notarios de Fe Pública, número 12 de Santa Cruz y número 51 de Cochabamba, Luis Antonio, Ana Lorena, Claudia Cecilia y Mónica María todos de apellidos Lavayen Bauer -esta última representada por su hermano Luis Antonio-, en calidad de propietarios -hoy terceros interesados-, transfirieron a título gratuito un terreno de 4.025,91 m² en favor de los accionantes, en cumplimiento del Acuerdo Transaccional de 24 de marzo de 2017; transferencia que, fue debidamente inscrita en la Oficina del Registro Público de DD.RR. del departamento de Santa Cruz, el 19 de mayo de 2021, bajo el asiento A-1 de titularidad de dominio del registro en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 7.01.1.990173618, adquiriendo oponibilidad frente a terceros conforme el art. 1538 del CC; por lo que, su eventual anulación requería necesariamente de una sentencia judicial ejecutoriada pronunciada en juicio ordinario.
Posteriormente, el 3 de marzo de 2021, los adquirentes -accionantes- fueron citados con la demanda planteada por María Esther Paniagua Flores, abogada -ahora tercera interesada-, quien reclamaba el pago de honorarios profesionales en base a la iguala profesional de 27 de noviembre de 2013, presuntamente prescrita -por haber logrado favorablemente la suscripción del Acuerdo Transaccional de 24 de marzo de 2017-; sin embargo, el proceso judicial no prosperó; ya que, fue declarado extinguido mediante Auto Interlocutorio 10/23 de 26 de octubre de 2023, el mismo que no fue apelado por la mencionada tercera interesada -por la parte demandante-; por lo que, en aplicación del art. 249 del Código de Procedimiento Civil (CPC) se produjo la caducidad del derecho de la nombrada para interponer una nueva acción sobre la referida iguala profesional.
Por otra parte, durante la tramitación del extinguido proceso, la hoy tercera interesada denunció -mediante hoja de ruta 2930-, ante la Oficina de DD.RR, del departamento Santa Cruz, la creación irregular del registro en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 7.01.1.990173618 del bien inmueble de propiedad de los accionantes; posteriormente, tomó conocimiento de manera extraoficial que su matrícula de propiedad fue anulada por orden del Registrador Departamental ahora accionado, sin la existencia de una sentencia judicial que declare la nulidad del título de propiedad con el que se inscribió o de la inscripción misma por falta de algún requisito esencial.
Asimismo, los anteriores propietarios -Luis Antonio, Ana Lorena, Claudia Cecilia y Mónica María, todos de apellidos Lavayen Bauer -esta última representada por su hermano Luis Antonio- hoy terceros interesados- formularon una denuncia, ante la Oficina de DD.RR. del departamento de Santa Cruz, por supuestas irregularidades en la creación del registro en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 7.01.1.990173618, a pesar de que jamás plantearon alguna demanda en contra de los accionantes para cuestionar la validez del contrato en una demanda de nulidad o resolución de contrato de compraventa a título gratuito; en ese entendido, los ahora terceros interesados debieron acudir ante una autoridad judicial competente en materia civil, con la finalidad de que, en un debido proceso en el que intervengan las partes interesadas, se resuelva la nulidad o anulabilidad del título que originó el registro de la referida matrícula computarizada, logrando una resolución judicial ejecutoriada que, en ejecución, ordene al Registrador Departamental hoy accionado la emisión de un nuevo registro, sub inscripción, cancelación o anulación conforme el art. 15 del DS 27957, y no por decisión administrativa del Registrador Departamental ahora accionado.
Por otra parte señalan que, el 31 de marzo de 2025, solicitaron al Registrador Departamental de DD.RR. de Santa Cruz, un informe detallado sobre el hecho que produjo la anulación del registro en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 7.01.1.990173618 y copias legalizadas de la carpeta administrativa relativa a la anulación de la indicada matrícula; no obstante, hasta la fecha de interposición de la presente acción de amparo constitucional, dicha solicitud de informe no fue atendida y tampoco se extendieron fotocopias legalizadas de los archivos administrativos, existiendo un encubrimiento a hechos cometidos por el ex Registrador Departamental de DD.RR. de ese departamento.
I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, a la defensa, a la propiedad privada y al debido proceso en su elemento el juez natural, así como el derecho de petición; citando al efecto los arts. 13.I, 115.I, 117.I y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE), así como el art. 21.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I.1.3. Petitorio
Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga:
- a)Dejar sin efecto la orden administrativa de anulación del registro en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 7.01.1.990173618, correspondiente al lote de terreno de 4.025,91 m2, ubicado en la zona Norte, UV 55 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra;
- b)La rehabilitación del Folio Real y de la mencionada matrícula computarizada, a nombre de sus personas como propietarios; y,
- c)Conforme el art. 57 del Código Procesal Constitucional (CPCo), se establezca la responsabilidad del Registrador Departamental hoy accionado (Art. 39 del mismo Código) y se ordene la remisión de la determinación asumida en la presente acción de amparo constitucional al Consejo de la Magistratura para fines administrativos.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia pública el 7 de julio de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 177 a 184 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
Los accionantes a través de su abogado en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo manifestaron que:
- 1)Se impugna como acto ilegal, arbitrario e inconstitucional la decisión administrativa o acto administrativo realizado por el entonces Registrador Departamental de DD.RR. de Santa Cruz -en suplencia legal-, quien mediante actos administrativos internos que hasta la fecha se desconocen, ordenó arbitrariamente anular el registro en la Oficina de DD.RR. de la matrícula computarizada 7.01.1.990173618, correspondiente al derecho propietario de sus personas sobre el lote de terreno de 4.025,91 m2, ubicado en la zona Norte, UV 55 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la cual fue emitida sin la existencia de una declaración judicial de nulidad del título o la nulidad de la inscripción misma por falta de algún requisito esencial;
- 2)En cuanto a la legitimación activa, ya fue considerada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en la admisión y señalamiento de audiencia de la presente acción tutelar; respecto al plazo, el acto administrativo impugnado constituye una vía de hecho, de carácter permanente por lo que no corre el plazo de seis meses; asimismo, se tomó conocimiento de las irregularidades al momento de solicitar un Folio Real, donde se conoció que la referida matrícula fue anulada de manera ilegal; de igual forma, sus personas son personas adultas mayores de ochenta y siete y ochenta y cuatro años de edad, que gozan de protección reforzada; por lo que, no existe causal de improcedencia;
- 3)El 24 de marzo de 2017, Luis Antonio, Ana Lorena, Claudia Cecilia y Mónica María, todos de apellidos Lavayen Bauer -esta última representada por su hermano Luis Antonio-, en calidad de propietarios, suscribieron con sus personas un contrato de transferencia de lote de terreno urbano a título gratuito, con Reconocimiento de Firmas y rúbricas ante Notario de Fe Pública, en cumplimiento de un acuerdo transaccional, realizando la transferencia de un lote de terreno con una superficie de 4.025,91 m² ubicado en la UV 55 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cuyo derecho propietario fue inscrito el 19 de mayo de 2021, en el Registro Público de la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 7.01.1.990173618, adquiriendo oponibilidad frente a terceros conforme al art. 1538 del CC; por lo que, su anulación solo podía disponerse mediante sentencia judicial ejecutoriada;
- 4)Posteriormente, la ahora tercera interesada, amparándose en el Acuerdo Transaccional de 24 de marzo de 2017, planteó una demanda de pago de honorarios profesionales basada en la iguala profesional suscrita el 27 de noviembre de 2013; sin embargo, dicho proceso fue declarado extinguido mediante Auto Interlocutorio 10/23 de 26 de octubre de 2023, quedando firme al no haber sido recurrido en apelación, produciéndose la caducidad del derecho para reiniciar nuevamente la demanda. Se hace mención al proceso, debido a que, durante su tramitación, la nombrada comunicó haber presentado una denuncia ante el Registro Público de DD.RR. del departamento de Santa Cruz, cuestionando el registro en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 7.01.1.990173618 correspondiente al lote de terreno, a pesar de carecer de legitimación; ya que, no tenía relación con su proceso; asimismo, sus personas no fueron notificadas con denuncia, proceso u otro acto parecido, tomando conocimiento de la anulación de la matrícula de manera extraoficial; de igual forma, los anteriores propietarios presentaron denuncias similares, sin haber acudido a la vía judicial correspondiente;
- 5)De manera arbitraria, el Registrador Departamental hoy accionado procedió a la anulación del registro en la Oficina de DD.RR. de la matrícula computarizada 7.01.1.990173618 sin la existencia de una sentencia judicial que declare la nulidad del título o de la inscripción; asimismo, sus personas solicitaron informe sobre el motivo por el que se hubiese anulado la matrícula computarizada 7.01.1.990173618 y se emitan copias legalizadas del trámite administrativo realizado o la resolución que declaró la nulidad del título; al respecto, obtuvieron respuesta después de tres meses, señalando que la referida matrícula fue anulada y que no existen los archivos al respecto, lo cual respalda la ilegalidad y arbitrariedad cometida por el Registrador Departamental ahora accionado; y,
- 6)Sus personas denuncian la vulneración de su derecho al debido proceso en su elemento de juez natural, al haberse anulado dicha matrícula con una decisión administrativa del mencionado Registrador Departamental, sin la existencia de una sentencia ejecutoriada emanada de una autoridad jurisdiccional competente; asimismo, se vulneró el derecho a la defensa; ya que, sus personas no tomaron conocimiento de ningún proceso iniciado para la anulación y no fueron notificados ni escuchados en algún proceso; de igual forma, se vulneró el derecho a la propiedad privada, con relación al principio de seguridad jurídica, al haberse afectado su derecho propietario inscrito en el Registro Público de DD.RR.; en consecuencia, solicitan se conceda la tutela, dejando sin efecto la orden administrativa de anulación del registro en la Oficina de DD.RR. de la matrícula computarizada 7.01.1.990173618, la habilitación del Folio Real, la citada matrícula a nombre de sus personas, se disponga la responsabilidad del Registrador Departamental hoy accionado y la remisión ante la instancia administrativa a efectos de su procesamiento.
I.2.2. Informe de la autoridad accionada
Rolando Peláez Ayala, Registrador Departamental de DD.RR. de Santa Cruz, mediante informe presentado el 7 de julio de 2025, cursante de fs. 61 a 65 vta., manifestó que:
- i)Los accionantes cuestionan como ilegales los actos administrativos emitidos el 7 y el 14 de diciembre de 2021, mediante los cuales se dispuso la anulación del registro en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 7.01.1.990173618 que acredita su derecho propietario, alegando la falta de competencia como Registrador de DD.RR.; en ese entendido, al observar que su autoridad carece de competencia para disponer la anulación de la indicada matrícula, la vía idónea no sería la acción de amparo constitucional, sino el recurso directo de nulidad;
- ii)Existen contradicciones en el memorial de acción de amparo constitucional respecto a la falta de respuesta del Registro Público de DD.RR.; ya que, por un lado se afirma que no se atendió la solicitud realizada el 31 de marzo de 2025; empero, por otro reconocen que el "20 de junio del de 2025" recibieron el informe de 2 de mayo de igual año; asimismo, se advierte que los accionantes no acudieron a la instancia superior jerárquica formulando alguna queja o plantando algún medio de defensa o reclamo en la vía administrativa ante el Registro Público de DD.RR. de ese departamento, a pesar de que toda resolución o acto administrativo es impugnable;
- iii)En cuanto a que los nombrados serían personas adultas mayores y sería aplicable la excepción de subsidiariedad; la jurisprudencia alegada, hace referencia a medidas de hecho en avasallamiento con hechos fácticos diferentes al presente caso, donde se cuestionan aspectos administrativos y no se tratan de actos de violencia o de fuerza;
- iv)No se cumplió el requisito de inmediatez y existe pleno reconocimiento del conocimiento de los actos cuestionados desde el 2021 -actos del 7 y 14 de diciembre de igual año- fecha desde la cual transcurrieron cuatro años y desde que tomaron conocimiento del memorial de 24 de octubre de 2023, que expone la situación de la matrícula computarizada 7.01.1.990173618 en dicha gestión, pasando dos años desde su conocimiento, existiendo también actos consentidos;
- v)En cuanto a la legitimación pasiva, los accionantes no dirigieron la acción tutelar contra la ex autoridad que presuntamente emitió el acto lesivo -el anterior Registrador Departamental de DD.RR.-, lo cual constituye un defecto; ya que, debió incluirse también a dicha autoridad conforme a la jurisprudencia constitucional; y,
- vi)En cuanto al fondo, los accionantes señalan que se vulneró su derecho a la propiedad con relación al título que originó el registro de la mencionada matrícula computarizada , reiterando que el Registrador Departamental de DD.RR. de Santa Cruz -en suplencia legal- actuó sin competencia; asimismo, cuestiona la anulación en base a la idoneidad y valor legal del documento principal, que es el contrato de transferencia de terreno urbano a título gratuito de 24 de marzo de 2017, lo cual no se dio en el presente caso; ya que, solo se refirió a cuestiones administrativas conforme a los decretos de conminatoria de 7 y 14 de diciembre de 2021, quedando a salvo la posibilidad de que los accionantes acudan a las vías legales ordinarias correspondientes; por ello, pide se deniegue la tutela solicitada.
I.2.3. Intervención de los terceros interesados
María Esther Paniagua Flores, en audiencia manifestó que:
- a)Los accionantes reconocen expresamente que adquirieron acciones y derechos sobre un lote de terreno en virtud del Acuerdo Transaccional de 24 de marzo de 2017, el cual tiene calidad de cosa juzgada; asimismo, en ejecución de dicho Acuerdo Transaccional, se realizaron actuaciones posteriores, como el registro irregular del bien inmueble en el Registro Público de DD.RR. por parte de los nombrados, quienes no contaban con un título idóneo; en ese contexto, el 29 de septiembre de 2021, los hoy terceros interesados remitieron una carta notariada a los accionantes poniendo en su conocimiento la existencia de manipulación y fraude de registro informático de DD.RR.; con dicha comunicación, los nombrados tomaron conocimiento del proceso administrativo iniciado y el 8 de octubre de igual año, respondieron dando cuenta de que conocían el proceso iniciado en el Registro Público de DD.RR., y que también conocían de la venta del predio a la "Empresa Indata Ltda." el 6 de octubre de ese año, que fue omitida como tercera interesada en la presente acción tutelar;
- b)Asimismo, el Representante Distrital del Consejo de la Magistratura inició un proceso disciplinario interno contra el entonces Registrador Departamental de DD.RR. de Santa Cruz; posteriormente, el 22 del referido mes y año, Claudia Cecilia Lavayen Bauer y todos los denunciantes se apersonaron ante el Registro Público de DD.RR. en un proceso administrativo iniciado y denunciaron esta irregularidad; después, el -7- de diciembre del mencionado año, se emitió el primer acto administrativo que establece y ordena a la unidad de cómputo proceda al cambio de estado del registro en la Oficina de DD.RR. bajo la Matrícula Madre 7.01.1.990056157, de no vigente a vigente; sin embargo, el 24 de diciembre de 2021, existió otro acto administrativo en el cual se señaló que la matrícula particionada 7.01.1.990173618 figura con límites de colindancia que no coinciden con la Escritura Privada registrada el 13 de mayo de igual año, Asiento 1 de la UV, ese fu el segundo acto administrativo; el tercer acto fue el "03 de diciembre de 2021", fecha en la cual se puso en conocimiento de los accionantes, ante el Juez Público en Materia Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, el inicio del procedimiento administrativo y fueron notificados los nombrados en el expediente 249/21; en consecuencia, desde diciembre del mismo año, tuvieron conocimiento. Por otra parte, el 7 de julio de 2022, el Registrador Departamental de DD.RR. del mismo departamento, bajo el principio de verdad material, emitió el acto administrativo, con la debida fundamentación y motivación al constatar que el bien inmueble ubicado en la zona Oeste U.V 55, Av. Roca y Coronado de dicho departamento, con una superficie inicial de "11.000" m2 y restante de 5002 m2, inscrito en el Registro Público de DD.RR. no hubiese seguido el curso legal de la técnica registral establecida;
- c)La acción de amparo constitucional es improcedente por incumplir los principios de subsidiariedad e inmediatez; ya que, los accionantes conocían de los hechos desde el 2021, y no activaron oportunamente los mecanismos de impugnación en la vía administrativa o judicial; además, existen contradicciones en el memorial de la presente acción tutelar; puesto que, no identificaron con precisión el acto administrativo impugnado, lo que afecta el derecho a la defensa de los hoy terceros interesados; y,
- d)No se demostró la vulneración de derechos fundamentales; por lo que, los accionantes tuvieron conocimiento del proceso y pudieron ejercer su defensa oportunamente; en ese entendido, existen hechos controvertidos que deben ser resueltos en la vía ordinaria y no en la constitucional; por lo que, pide se declare la improcedencia de la acción de amparo constitucional o, en su caso, se deniegue la tutela solicitada.
Luis Antonio, Ana Lorena, Claudia Cecilia y Mónica María, todos de apellidos Lavayen Bauer no remitieron informe alguno ni asistieron a la audiencia de amparo constitucional, pese a su notificación cursante de fs. 54 a 60.
I.2.4. Resolución
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 94/25 de 7 de julio de 2025, cursante de fs. 185 a 190, concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto todo acto administrativo que hubiese determinado la anulación del registro en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 7.01.1.990173618 correspondiente al lote de terreno con una superficie de 4025,91 m2 ubicado en la zona Norte, UV 55 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; en consecuencia, dispuso la rehabilitación del Folio Real de la referida matrícula computarizada en favor de los accionantes y la restitución por el Registrador Departamental ahora accionado, sea de cumplimiento inmediato resguardando y restableciendo los derechos, de quienes consideran que están en duda los registros anteriormente establecidos; por lo que, tienen la vía expedita para acudir a la jurisdicción ordinaria o instancia que consideren pertinente, en razón a que la concesión es de manera provisional, bajo los siguientes fundamentos:
- 1)En el caso analizado, los accionantes refieren que, mediante el Informe de 31 de marzo de 2025, emitido por el Registro Público de DD.RR. del departamento de Santa Cruz, tomaron conocimiento de que el registro en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 7.01.1.990173618, correspondiente a su derecho propietario sobre un lote de terreno con una superficie de 4.025,91 m² ubicado en la UV 55, zona Norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, fue anulado; en ese entendido, sostienen que dicha anulación fue dispuesta por el Registrador Departamental hoy accionado sin cumplir el procedimiento, lo cual vulnera sus derechos al debido proceso, juez natural, defensa y propiedad, así como el principio de seguridad jurídica;
- 2)De la revisión de antecedentes, se evidencia que el mencionado Registrador Departamental emitió resoluciones el 24 de diciembre de 2021 y 7 de julio de 2022, mediante las cuales ordenó la anulación de la citada matrícula computarizada y la restitución de la superficie particionada de 4.025,91 m2 a la Matrícula Madre 7.01.1.990056157, quedando esta última con una superficie de 5002,62 m2; esas decisiones se fundamentaron en los arts. 1551 del CC, 50 del D.S. 27957, 31 de la Ley del Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-, 55 del D.S. 27103 y la SCP "0617/23016-S2"; sin embargo, ninguna de ellas otorga facultad para rectificar o anular registros de manera unilateral; ya que, la normativa establece que toda rectificación debe realizarse mediante una subinscripción con la anuencia de las partes interesadas o mediante orden judicial;
- 3)En ese sentido, la actuación del Registrador Departamental ahora accionado presenta un defecto orgánico, al carecer de competencia para disponer la anulación del registro de manera unilateral, y también un defecto procedimental, al no tener facultades para sustanciar la anulación del registro, aclarando que cualquier modificación debe realizarse con el consentimiento de los interesados o por orden judicial; asimismo, el art. 1551 del CC establece que el Registrador de DD.RR. puede corregir cuando denote un defecto, se entiende siempre y cuando no vulnere o afecte algún derecho a quien se hubiese constituido en la Oficina de DD.RR.; y,
- 4)Considerando que los accionantes tomaron conocimiento formal del hecho en base al informe de 31 de marzo 2025, así como su condición de personas adultas mayores, se justifica la abstracción de los principios de subsidiariedad e inmediatez; en consecuencia, los hechos descritos son considerados como medidas de hecho cometidos por funcionarios públicos, al haberse identificado defectos en la anulación del registro en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 7.01.1.990173618.
I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Mediante Auto Constitucional (AC) 440/2025-CA/S de 27 de noviembre, cursante de fs. 709 a 712, ante la solicitud de adelanto de sorteo, efectuada por los accionantes (fs. 690 a 693 vta.), se resolvió declarar HA LUGAR la solicitud de adelanto de sorteo.
Mostrando 33 de 162 parrafos.