Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0614/2019-S3 Sucre, 13 de septiembre de 2019
SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 28803-2019-58-AAC Departamento: Potosí
En revisión la Resolución 015/2019 de 2 de mayo, cursante de fs. 110 vta. a 118 vta., pronunciada dentro la acción de amparo constitucional interpuesta por Miguel Ángel Ramírez Sunagua y Julio Genaro Romero Lozada en representación de Roberto Miguel Figueroa Medrano, Gerente Regional Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) contra Fidel Alejandro Castro Martínez y Roxana Choque Gutiérrez, ex y actual Fiscal Departamental del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda Por memorial presentado el 17 de abril de 2019, cursante de fs. 37 a 42 vta., la parte accionante, señaló: I.1.1. Hechos que motivan la acción Dentro del proceso penal seguido a instancias de la ANB contra Yolanda Rosario Gonzales Foronda y Richard Sande López Rondal -ahora terceros interesados-, por la supuesta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, el Fiscal de Materia asignado al caso emitió requerimientos conclusivos de rechazo de la denuncia y sobreseimiento a favor de los prenombrados, sin considerar que existía suficientes pruebas documentales y testificales en el cuaderno de investigación respecto a la comisión de los mismos.
El ex Fiscal Departamental de Potosí -ahora demandado-, dictó las Resoluciones FDP-T.I.S./FACM 137/2018 de 24 de agosto y FDP-T.O.R./FACM 259/2018 de 31 de igual mes confirmando el sobreseimiento y el rechazo de la denuncia respectivamente, otorgando valor a la incierta identificación del autor de la falsedad del documento, sin tomar en cuenta que era incuestionable la falta de autenticidad del documento y su posterior utilización para los trámites de nacionalización de un vehículo, negando así la existencia del hecho delictivo del cual hubieron suficientes indicios de su comisión, el que fue resuelto sin fundamentar minuciosa y exhaustivamente cada una de las problemáticas planteadas, concluyendo falsa e inapropiadamente que los elementos recolectados fueron insuficientes para fundar una imputación y una acusación formal en el presente caso.
No se valoraron las pruebas que cursan en el cuaderno de investigación, como el informe del Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO), que indicó que el certificado cuestionado de falso no se encontraba en su archivo, ambas Resoluciones jerárquicas carecen de una exposición adecuada del valor que se asignaron a las pruebas, limitándose a transcribir algunos antecedentes del memorial de impugnación para luego ratificar las decisiones de sobreseimiento y rechazo y respectivamente, consolidándose la vulneración a su derecho a la valoración razonable de la prueba. I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados La parte accionante, denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes a la defensa, igualdad procesal de las partes, a la motivación de las decisiones y a la valoración razonable de la prueba, citando al efecto los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.2 inc. f); y, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). I.1.3. Petitorio Solicitó se conceda la tutela, disponiendo:
- a)Dejar sin efecto las Resoluciones FDP-T.O.R./FACM 259/2018 y FDP-T.I.S./FACM 137/2018, que confirmaron el rechazo a la querella y el sobreseimiento, respectivamente;
- b)Se emitan nuevas resoluciones motivadas y fundamentadas determinando se prosiga con la investigación y se dicte imputación formal contra los ahora terceros interesados; y,
- c)Se condene en costas.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional Celebrada la audiencia pública el 2 de mayo de 2019, conforme consta en acta cursante de fs. 100 a 110 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción La parte impetrante de tutela, ratificó los argumentos expuestos en el memorial de acción de amparo constitucional; asimismo, manifestó que:
- 1)El proceso penal se inició a partir de un control diferido regular en el que se observó que el certificado medioambiental que se utilizó para la importación de un vehículo no era legítimo;
- 2)Las Resoluciones jerárquicas que confirmaron los fallos de rechazo y sobreseimiento carecen de fundamentación y motivación, ya que no se hizo referencia a la Ley General de Aduanas ni a su Reglamento, y tampoco a la normativa propia de la materia aduanera;
- 3)No se les dio un trato igualitario en el trámite del proceso, impidiéndoles la oportunidad de llegar a la instancia de juicio oral, a pesar de existir suficientes medios probatorios;
- 4)No se agotaron todos los medios investigativos necesarios, ya que el Ministerio Público no tomó las declaraciones del personal de la Agencia Aduanera Despachante; y,
- 5)Se liberó de toda responsabilidad a Yolanda Rosario Gonzales Foronda y Richard Sande López Rondal, llevándose el juicio oral solamente contra el acusado Nelson Tirado Agreda. I.2.2. Informe de los demandados Roxana Choque Gutiérrez, Fiscal Departamental de Potosí, no remitió informe escrito y tampoco se hizo presente en audiencia, a pesar de su notificación cursante a fs. 72.
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