Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0617/2022-S2 Sucre, 22 de junio de 2022
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional
Expediente: 41970-2021-84-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 105/21 de 29 de julio de 2021, cursante de fs. 56 vta. a 61, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Choque y Leonarda Churqui Zeballos contra Jesús Becerra Hidalgo.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 21, 23 y 27 de julio de 2021, cursantes de fs. 20 a 26, 33 y vta.; y, 42, los accionantes señalaron que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 15 de octubre de 2019, suscribieron con los hijos de la ahora demandada contrato de anticrético de un bien inmueble, consistente en cuatro cuartos, un comedor, una sala, un recibidor, una cocina, un garaje y una tienda, estableciendo en su cláusula tercera la suma convenida de Bs83 520.- (ochenta y tres mil quinientos veinte bolivianos), por el plazo de un año, a computarse a partir del "21" de noviembre de 2019 hasta el "21" de igual mes de 2020, dinero que se les debió devolver vencido dicho término; empero, hasta la interposición de la presente acción de defensa aquello no fue efectivizado.
Desde el momento que tomaron posesión de la propiedad, fueron objeto de agresiones físicas y verbales constantes por parte de la demandada, y habiéndose cumplido el año obligatorio del referido acuerdo, la prenombrada empleando medidas de hecho, realizó el corte de los servicios básicos de agua y luz eléctrica en varias oportunidades; actuando de forma arbitraria cerraba con llave los medidores, ocasionando que acudieran a sus vecinos a fin de obtener el líquido elemento, afectando de sobremanera en la cocción de alimentos y preparación de la leche de su hija menor de edad.
El 1 de junio de 2021, la mencionada de forma abusiva puso cadenas y candados a los accesos de ingreso al inmueble y al garaje, encerrándola al interior junto a sus hijos, y dejando a Carlos Choque afuera con su movilidad hasta altas horas de la noche; suceso que denunció a la Estación Policial Integral (EPI-3) del Plan 3000 de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC); lo cual, acreditó mediante informe realizado por Cristhian Lizarazu Escobar, funcionario policial, quien presenció el hecho, mismo que persistiría hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar; es decir, que no les permitía el ingreso a través de dichos accesos, pese a la emergencia sanitaria por el COVID-19; además, prohibió el uso de la tienda hacia la calle, impidiendo que generen recursos.
El 21 de julio de 2021 a horas 17:50, nuevamente fue agredida físicamente por la demandada, causándole siete días de impedimento físico, lo cual acreditó mediante acta de denuncia verbal de 22 de igual mes y año, presentada ante la EPI-3 del Plan 3000 de la FELCC; sufriendo agresiones verbales y amenazas de muerte, que le hizo temer por su vida.
Acompañaron prueba documental inherente a que intentaron conciliar en dicha Estación Policial el día que quedaron restringidos del ingreso a su vivienda, viéndose afectada su salud por tanta agresión verbal y física que sufrieron.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denunciaron la lesión de sus derechos a la vida, a la integridad física y psicológica, al acceso a los servicios básicos de agua potable y electricidad, al hábitat, a la vivienda, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad, a la salud y al trabajo, citando al efecto los arts. 15.I, 16.I, 18, 19.I, 20.I y 25.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo:
- a)Prohibir a la demandada realizar cualquier acto de intimidación, violencia y/o agresión contra su integridad física y psicológica, y la de sus hijos;
- b)Prohibir la restricción del servicio de agua potable, o apagar el térmico del medidor de electricidad de forma arbitraria o a través de terceros; y,
- c)El retiro de las cadenas que les impediría el ingreso al inmueble, debiendo abstenerse de efectuar actos de perturbación, permitiendo el acceso a la vivienda y al garaje que tomaron en anticrético con su familia.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia pública virtual el 29 de julio de 2021, según consta en acta cursante de fs. 52 a 56 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
Los accionantes a través de su abogado, ratificaron in extenso el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo señalaron que:
- 1)El 2019 suscribieron un contrato por "...4 cuartos, 1 comedor, 1 sala, 1 recibidor, 1 cocina, 1 garaje y una tienda..." (sic);
- 2)Compartirían una superficie del inmueble con la demandada, y su intención era retirarse del mismo una vez concluido el año de anticresis; empero, el dinero que dieron por ese concepto no les fue devuelto;
- 3)En cuanto a la restricción de los servicios básicos de agua y energía eléctrica efectuada por la nombrada, solo podía ser efectivizada por las instituciones que los prestan;
- 4)Las agresiones físicas que propinó la aludida -a Leonarda Churqui Zeballos-, fueron denunciadas a la instancia pertinente, recabando un certificado médico forense que dio cuenta de las lesiones, consistentes en: hematoma en el cráneo, un edema en el rostro, una equimosis, y que le fue arrancado el cuero cabelludo "...lesión compatible (...) con tracción, rotación traumática de salud por equimosis..." (sic);
- 5)A través de secretaría de "sala" hicieron llegar un audio, mediante el cual, la demandada confesó que cortó los mencionados servicios porque no pagaron el consumo de los mismos, cuando eso le correspondía a las instituciones que los proveen; y,
- 6)Denunciaron la vulneración de sus derechos a la vida, a la integridad física y psicológica, tanto de ellos como los de su hija, señalando los arts. 15 de la CPE; 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I.2.2. Informe de la demandada
Jesús Becerra Hidalgo, por informe escrito presentado el 29 de julio de 2021, cursante a fs. 50, y en audiencia de garantías, señaló que:
- i)El 20 de ese mes y año, la accionante estuvo consumiendo bebidas alcohólicas, debido al cumpleaños de su hijo menor, y el 21 de igual mes y año, aún bajo los efectos del alcohol, la agredió físicamente causándole tres días de impedimento, cuyo motivo fue el contrato de anticrético, y que "a la fecha" el dinero por dicho concepto no fue devuelto;
- ii)Lo vertido por los impetrantes de tutela no sería cierto; por el contrario, ellos fueron quienes la insultaban llamándola "...ladrona, estafadora, devolveme mi dinero..." (sic); pese a que, suscribió un contrato de anticrético inscrito en Derechos Reales (DD.RR.);
- iii)El "26 de marzo", los prenombrados iniciaron en su contra proceso ejecutivo, estando próximo el remate de su bien inmueble;
- iv)Existía una fuga de agua, y para hacerla reparar cortó el servicio del líquido elemento, solo mientras se realizó ese trabajo; respecto al corte de energía eléctrica, este se debió a los fuertes vientos; toda vez que, se soltó un cable que lo provocó, pero el mismo se produjo en una sola habitación y no así en todo el inmueble como señalaron los peticionantes de tutela;
- v)Puso en venta la propiedad, pero los mencionados ahuyentaron a los posibles compradores, manifestándoles que su persona era una estafadora;
- vi)Debido a que, el vehículo de los solicitantes de tutela malogró la entrada principal de la vivienda, "...hizo arreglar esa entrada, y para que no pasaran nuevamente por ahí, no arruinaran lo que hizo arreglar (...) es que ella les impidió el pas[o], pero no fue hasta la fecha, sino que fue por ese día, para que se pudiera curar bien el cemento..." (sic); y,
- vii)Los aludidos utilizaron todos los ambientes contemplados en el contrato, viviendo pacíficamente, y con el uso sin restricción de los indicados servicios; razones por las que, en virtud a las pruebas de descargo, solicitó se deniegue la tutela impetrada.
I.2.3. Resolución
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 105/21 de 29 de julio de 2021, cursante de fs. 56 vta. a 61, concedió la tutela solicitada, disponiendo de forma provisional, el inmediato cese de las medidas de hecho, la restitución del inmueble a favor de los accionantes, con intervención de Notario de Fe Pública o con el auxilio de la fuerza pública; así como, el respeto y la convivencia social de los habitantes en la propiedad, bajo alternativa de asumir medidas coercitivas en caso de incumplimiento; con base en los siguientes fundamentos:
- a)Del informe rápido de DD.RR., advirtió que Carlos Zabala Becerra figuraba como propietario y él hubiera recibido el dinero por concepto del anticrético;
- b)Del informe policial de 9 de junio de ese año, emitido por Cristhian Lizarazu Escobar, funcionario policial, evidenció que se apersonó al lugar en cuestión, intentó comunicarse con la ahora demandada, quien desde el interior manifestó que "...no dejaría ingresar el vehículo en particular..." (sic), también precisó que las puertas del garaje estaban con cadena y candado por la parte externa; prueba de la que denotó la concurrencia de medidas de hecho ejercidas por la prenombrada; si bien, no sería la propietaria, empero, viviría en el aludido inmueble; por lo que, sería aplicable la modulación de la legitimación pasiva de quienes hubieran incurrido en acciones de hecho;
- c)En atención a la , el anticresista "...tiene derecho posesorio sobre el inmueble en cuestión, derecho posesorio (...) que le ha sido cedido por parte el propietario formal y legítimamente mediante un contrato de anticresis..." (sic); relación contractual que no fue resuelta en la vía judicial; y,
- d)Respecto a los servicios básicos, los solicitantes de tutela refirieron que estos fueron cortados; empero, la demandada sostuvo que estos tendrían acceso a dichos servicios manteniéndose cada una en su posición; mismos que, al constituirse en derechos fundamentales, más aún en la emergencia sanitaria por el COVID-19, no debería restringirse su acceso, por quienes ostentan derecho propietario o de posesión siendo el caso de la demandada.
En cuanto a la complementación y enmienda de los peticionantes de tutela sobre la medida para garantizar el acceso a dichos servicios, esa Sala resolvió que, una vez retomada la "posesión", debería permitírseles el mencionado acceso.
II. CONCLUSIONES
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Por Segundo Testimonio 917/2019 de 15 de octubre, -de anticrético- suscrito entre Rosember Zabala Becerra, representante de Carlos Zabala Becerra -propietario del bien inmueble-; y, Carlos Choque y Leonarda Churqui Zeballos -anticresistas, ahora peticionantes de tutela-, acordaron en la cláusula tercera el plazo de un año forzoso, que se computaría desde el 1 de noviembre de 2019 hasta el 1 de igual mes de 2020, por la suma pactada de Bs83 520.- (fs. 5 a 6 vta.).
II.2. A través del informe de 9 de junio de 2021, Cristhian Lizarazu Escobar, Oficial Patrullero, señaló que el 2 de igual mes y año a horas 22:00, tomó contacto con Carlos Choque -hoy accionante-, quien pidió ayuda "...manifestando que la dueña de casa en el cual vive en anticrético no la dejaba ingresar y que así mismo su esposa y sus hijos estarían dentro del domicilio..." (sic), constituyéndose a esa vivienda, trató de contactarse con Jesús Becerra Hidalgo, quien desde el interior del inmueble sostuvo que: "...no dejaría ingresar el vehículo particular de (...) Carlos Choque al garaje del domicilio..." (sic), intentó razonar con la prenombrada indicándole que debía cumplir el contrato de anticrético; asimismo, vio que "...las puertas [del] garaje estaban aseguradas con una cadena y un candado por la parte externa. Posteriormente (...) Leonarda Churqui Zeballos e hijos salieron del domicilio, indicando que fue por la persiana de la venta[na], así mismo manifestó que su familia ser[í]an víctimas de abusos de malos tratos por (...) Jes[ú]s Becerra Hidalgo..." (sic [fs. 9]).
II.3. Consta Disco Compacto (CD) de 15 de julio de 2021, a partir del segundo minuto de grabación de video la demandada señaló "...Como tú te has encaprichado hoy día, pues yo me voy a encaprichar de devolverte, puedes ir a quejarte donde te dé la gana (...) hoy se cavó tu tumba, vos la grabaste, porque no te voy a devolver (...), cuando me dé la gana te voy a dar la plata" (sic), escuchándose golpes hacia la impetrante de tutela (fs. 19).
II.4. Mediante Certificado Médico Legal-Forense de 21 de julio de 2021, Ana Katherine Ramírez Gamón, Médico Forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de la Fiscalía General del Estado, otorgó siete días de incapacidad a la accionante por las lesiones que presentó (fs. 31 y vta.).
II.5. Se tiene acta de denuncia verbal de 22 de igual mes y año, presentada por la peticionante de tutela contra la demandada por el delito de lesiones graves y leves (fs. 32).
II.6. Cursa CD con grabaciones de video de 26 de julio de 2021, que mostró un ambiente amplio con dos persianas hacia la calle, mismas que solo se abrirían por el interior, no pudiendo asegurarse por la parte exterior (se observó como la apertura de las persianas solo se realizaría desde el interior), haciendo imposible que la casa se quede sola; ya que, para efectuar la reparación de televisores (se evidenció varios equipos y pantallas en el piso) que fueron grabados en la filmación y salón de belleza (dos espejo y dos sillones), dicho ambiente no tendría luz eléctrica. Del mismo medio magnético en las dos últimas grabaciones se advirtió el medidor de luz con candado y de agua con piedras encima (fs. 38).
II.7. A través de Declaración Voluntaria 0466/2021 de 29 de julio, Tania Mercado Mendoza, refirió que hace doce años sería vecina de la demandada, y desde noviembre de 2019, los solicitantes de tutela ingresaron al inmueble de la prenombrada como anticresistas; escuchó como estos la insultaban, amenazaban y le faltaban al respeto (fs. 48).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la vida, a la integridad física y psicológica, al acceso a los servicios básicos de agua potable y electricidad, al hábitat, a la vivienda, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad, a la salud y al trabajo; toda vez que, la demandada de manera arbitraria cortó los referidos servicios básicos; además, puso cadenas y candado a la puerta principal y al garaje, obligándoles a ingresar a través de las persianas de la tienda, misma que les prohibió abrir impidiéndoles generar ingresos, coartando su derecho al trabajo; asimismo, a fin de que desocupen el inmueble, la prenombrada ejerce agresiones físicas y psicológicas en su contra y de sus hijos, sin la intención de devolverles el dinero que se entregó a razón del contrato de anticrético suscrito, viviendo en total zozobra.
Mostrando 38 de 75 parrafos.