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TCP

0618/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
9 de abril de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0618/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0618/2026-S2 Sucre, 9 de abril de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 56145-2023-113-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 105 de 7 de junio de 2023, cursante de fs. 358 vta. a 361, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Abidon Yssa Escobar en representación legal de Marie Denise González Pinto contra Mirael Salguero Palma y Marcelo Velásquez Molina, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 18 y 26 de mayo de 2023, cursantes de fs. 212 a 220; y, 237 y vta., la accionante, a través de su representante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso civil extraordinario de desalojo de vivienda que siguió contra Agustina Guevara Delgadillo -hoy tercera interesada- ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz, fue emitida la Sentencia 102 de 8 de julio de 2022, por la cual se declaró probada la demanda, otorgando el plazo de veinte días a la prenombrada para la desocupación y entrega del bien inmueble ubicado en la localidad de Santa Rita inscrito en Derechos Reales (DD.RR.) bajo la Matrícula 7014010000110, con la prevención de expedirse mandamiento de lanzamiento en caso de resistencia.

En ese contexto, Agustina Guevara Delgadillo y Felipe Escobar Irusti -tercero "afectado" en el proceso civil- interpusieron recursos de apelación contra la Sentencia, señalando como agravios que existieron errores procesales y que se omitió compulsar la prueba; ante lo cual, contestó negativamente, indicando -entre otros puntos- que no se identificaron agravios y que se reiteraron argumentos de un incidente que fue rechazado anteriormente; por otro lado, cabe mencionar que la prenombrada confesó que ocupaba el bien inmueble objeto del proceso en razón a que le fue entregado por Jaime Villarroel Durán -quien le habría vendido originalmente el mismo-. Por consiguiente, pese a que no fue solicitado, mediante Auto de Vista 109/2023 de 6 de abril, Mirael Salguero Palma y Marcelo Velásquez Molina, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy demandados- anularon obrados hasta la admisión de la demanda y dispusieron que el Juez a quo ordene a la parte demandante que subsane o adecúe su acción conforme a los fundamentos de la decisión, argumentando que se acreditó su derecho propietario y "...no así la relación en la que se encontraba la demandada..." (sic), sin considerar los principios de especificidad, finalidad del acto, trascendencia y no convalidación que rigen las nulidades procesales; por ende, la referida Resolución de segunda instancia fue expedida de forma arbitraria y sin sustento razonable.

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas, y de la garantía del debido proceso en sus elementos legalidad, fundamentación, motivación y congruencia; citando al efecto los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE), 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

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