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TCP

0619/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
9 de abril de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0619/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0619/2026-S2 Sucre, 9 de abril de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad

Expediente: 48916-2022-98-AL Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución de "8" -lo correcto y en adelante es 9- de julio de 2022, cursante de fs. 34 a 38, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ronald Raúl Orozco Rosales en representación sin mandato de Adhemar Claros Tejada contra María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, Karen Irlanda Munguía Barrientos, Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del referido departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial de 8 de julio de 2022, cursante de fs. 2 a 7, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal con Código Único de Denuncia (CUD) 301102012103636, seguido en su contra, solicitó en varias oportunidades la cesación a su detención preventiva; empero, Karen Irlanda Munguía Barrientos, Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante Auto Interlocutorio de 24 de mayo de 2022, señaló que:

  1. a)No acreditó la existencia de un trabajo futuro en los términos del art. 234.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); ya que, para demostrar una relación laboral posterior, era indispensable rescindir contractualmente el vínculo anterior, si bien su persona presentó un acuerdo de rescisión suscrito con el empleador René Ricardo Pacheco Zurita, el formulario presentado el 21 de abril del mismo año carece de validez legal plena, toda vez que el reconocimiento de firmas y rúbricas fue realizado únicamente por el imputado y no por ambas partes, sin considerar que se trataba de un contrato de trabajo a futuro condicionado a la obtención de su libertad. Respecto a la segunda relación laboral a futuro, tampoco realizó un análisis integral de todos los elementos superados como el contrato aclaratorio y complementario, el Número de Identificación Tributaria (NIT), Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA), licencia de funcionamiento, certificado de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), talonarios de factura, declaraciones juradas fiscales, informe del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Quillacollo, entre otros, como aspectos exigidos a un empleado; y,
  2. b)Respecto al peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del referido Código, de conformidad con el art. 250 del mismo cuerpo legal -que faculta la modificación de las medidas cautelares, incluso de oficio-, solicitó la aplicación de la , que establece que no es permisible fundar los riesgos procesales utilizando los mismos elementos que sustentaron la probable autoría, toda vez que esto generaría una condición imposible de superar; sin embargo, la Jueza codemandada aplicó la normativa de manera estrictamente formal, omitiendo el estándar constitucional señalado.

Ambos extremos fueron objeto de apelación incidental y María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandada-, mediante Auto de Vista 183/2022 de 23 de junio, señaló lo siguiente:

  1. 1)Respecto al peligro de fuga contenido en el art. 234.1 del CPP:
  2. i)Ratificó el criterio del Auto Interlocutorio de 24 de mayo de 2022, relativo a la necesidad de contar con un acuerdo de rescisión de contrato anterior para validar el trabajo a futuro declarando improcedente los agravios fundamentados; en ese orden, lo único que hizo fue verificar el fundamento de la Jueza a quo, señalando que no se aparta de criterios de razonabilidad o sana crítica y que no vulnera el razonamiento de la jurisprudencia que fuera citada, desacreditando los supuestos análogos, confundiéndolos con los antecedentes particulares del caso, sin considerar que la misma concluyó que resulta una pretensión desmedida exigir a la parte el NIT, el reconocimiento de firmas y rúbricas del contrato a futuro, una nota fiscal al empleado, y otros documentos que acreditan la existencia y funcionamiento de la empresa al empleado, cuando esa responsabilidad recae en el empleador;
  3. ii)Cuestionó la vigencia de dos contratos a futuro para acreditar trabajo, haciendo entrever que se trataría de dos relaciones laborales vigentes y que por ello no se puede acreditar el último contrato a futuro; y,
  4. iii)Declaró procedente el recurso de apelación incidental que planteó el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), agravando las observaciones efectuadas por la autoridad judicial de primera instancia, bajo una nueva exigencia excesiva al empleado de demostrar solvencia financiera de la empresa empleadora para realizar contrataciones, siendo una obligación del contribuyente empresario, así también la valoración omisiva al verificar la declaración jurada y no los estados financieros de ventas de tres meses; y,
  5. 2)Sobre el peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, declaró improcedente el recurso de apelación planteado por su persona, debido a que no fue objeto de razonamiento alguno la aplicabilidad de la relativa a la imposibilidad de aplicarse una construcción perjudicial imposible de superar al estar vinculada con los elementos que sirvieron para sustentar la probabilidad de autoría.

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