Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0622/2019-S3 Sucre, 13 de septiembre de 2019
SALA TERCERA Magistrado Relator: MSc. Paul Enrique Franco Zamora Acción de amparo constitucional
Expediente: 28872-2019-58-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 14/2019 de 26 de marzo, cursante de fs. 142 a 144 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rodolfo Noel Becerra de la Roca Romero en representación de MACDONALD & CO. (BOLIVIA) COMERCIAL Sociedad Anónima (S.A.) en Liquidación contra Carlos Alberto Egüez Añez y Ricardo Torres Echalar, Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 13 de marzo de 2019, cursante a fs. 85 a 89, la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 18 de mayo de 2017, Jaime Jorge Di Meglio Espinoza, Director de Liquidación de los Entes Gestores de Seguridad Social, planteó una inhibitoria ante el Tribunal Supremo de Justicia, la cual fue resuelta sin ser tramitada legalmente por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda a través del Auto Supremo de 22 de mayo de 2017, declarándose competente para conocer la ejecución de la Sentencia 173/01 de 27 de marzo de 2001, que antes venía conociendo el Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de La Paz, sin considerar que esta última autoridad y las partes ya habían asumido y consentido esta competencia ocho años atrás.
Ante esa ilegal determinación y considerando que no fue notificado con la solicitud de inhibitoria, se planteó un recurso de reposición, el cual fue rechazado por el Auto Supremo de 30 de julio de 2018; la inhibitoria implica que la autoridad judicial que se considera competente en una determinada causa solicita el expediente a otra que la estuvo dilucidando anteriormente, debiendo esta última autoridad declararse expresamente incompetente.
Con base en lo relatado, alegó la vulneración de su garantía del debido proceso, en los siguientes elementos:
- a)Derecho a la defensa y al juez natural, debido a que, habiéndose interpuesto la referida inhibitoria, la misma fue resuelta sin correrle traslado ni notificarle y sin considerar los antecedentes procesales, ordenando sin más trámite que el Juez citado precedentemente se aparte del conocimiento del proceso de ejecución de la Sentencia 173/01 y remita el expediente de la causa al Tribunal Supremo de Justicia; siendo que, este último sin pronunciarse sobre su competencia simplemente cumple lo dispuesto en el Auto Supremo de 22 de mayo de 2017, configurándose una indefensión total;
- b)Debida fundamentación, puesto que planteó un recurso de reposición contra el antedicho Auto Supremo, cuestionando la competencia de la indicada Sala para conocer el proceso ya que ni siquiera existía cuando se interpuso la demanda en 1999, recurso que fue desestimado con argumentos incongruentes por el Auto Supremo de 30 de julio de 2018, como ser la naturaleza administrativa del contrato suscrito en 1980, la aplicación del art. 2.1 de la Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo -Ley 620 de 29 de diciembre de 2014- y jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, cuando debió aplicarse la de la extinta Corte Suprema de Justicia; y,
- c)Igualdad y seguridad jurídica, ya que cualquier cambio de entendimiento jurisprudencial se aplica única y solamente a casos posteriores a la publicación de la resolución, no siendo aplicable la jurisprudencia ordinaria de 2012, invocada por las autoridades demandadas por ser posterior a su caso.
También manifestó que no se consideró la preclusión de actos como garantía de la seguridad jurídica, ya que el planteamiento de la inhibitoria fue realizado fuera de tiempo, habiéndose extinguido su facultad o potestad para formularla por consentirse la competencia del señalado Juez en 1999; agregando que, en el proceso se sustanciaron varios recursos, ante los cuales se pronunciaron inclusive otras resoluciones, como el , las cuales tienen calidad de cosa juzgada.
Por otra parte, denunció la afectación de su derecho a la justicia, relacionado al derecho de acceso a la información pública, debido a que el Tribunal Supremo de Justicia procedió a eliminar jurisprudencia de la extinta Corte Suprema de Justicia, provocando la imposibilidad de consultar el Auto Supremo 111, que hacía constar que hasta el 2012, era plenamente admisible demandar al Estado boliviano por la vía civil en cuestiones relativas a contratos administrativos.
Finalmente, expresó que no se respetó su prerrogativa a la definición de derechos en un plazo razonable, debido a que la ejecución de la Sentencia 173/01 ya viene durando más de ocho años, lo cual es irrazonable.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
La parte accionante consideró como lesionada la garantía del debido proceso en sus elementos a la defensa, al juez natural, a la debida fundamentación, a la igualdad y seguridad jurídica; y, al derecho a la justicia, relacionado con el de acceso a la información pública y al plazo razonable.
I.1.3. Petitorio
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