0622/2023-S3

El peticionante de tutela a través de su abogada, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de la acción de libertad, y ampliando en audiencia, manifestó que:

1. a)En la última parte del acta de su declaración señaló "...si quiero agregar que los puñetes que me agredieron los policías, que tengo lesiones en mi rostro y una patada que me dieron..." (sic); y,
2. b)El Fiscal de Materia hoy coaccionado, lamentablemente no le extendió el requerimiento de forma física, y a sabiendas que se encontraba detenido no emitió un requerimiento correcto y completo.

Javier Rolando Chaca Quina, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito, cursante a fs. 48 y vta., señaló que:

1. 1)Es evidente que durante su turno semanal conoció el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el hoy accionante y "otros", por la presunta comisión del delito de robo agravado; siendo también cierto, que se solicitó oficio para la valoración médica del prenombrado, el cual se tiene ordenado por Auto Interlocutorio 71/2022 de 14 de marzo; no obstante, que el Fiscal de Materia ahora coaccionado informó en la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares que ya emitió el requerimiento fiscal con esa finalidad;
2. 2)Se tiene "oficio", el cual no fue recogido por la abogada del impetrante de tutela; el mismo que tampoco fue posible remitirlo a la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, porque esa dependencia no efectúa ese tipo de trámites, lo que antes se realizaba a través de los funcionarios de apoyo jurisdiccional encargados de generar diligencias; empero, "al presente", ya no existe ese personal; y,
3. 3)No se vulneró derecho alguno del prenombrado.

Wilson Víctor Medrano Patti, Fiscal de Materia, mediante informe escrito, cursante a fs. 40 y vta., refirió que:

1. i)En horas de la mañana del 13 de marzo de 2022 -día en el que se encontraba de turno- atendió un caso por la presunta comisión del delito de robo agravado con seis aprehendidos, entre los cuales se encontraba el hoy accionante, sorprendido en flagrancia, quien al advertir de la presencia policial, se dio a la fuga, siendo interceptado en la Av. Ladislao Cabrera, encontrándosele en posesión de un cuchillo de color negro y una cuerda de color plomo;
2. ii)A horas 19:10 de la indicada fecha, la abogada del impetrante de tutela se apersonó ante las dependencias del Ministerio Público de El Alto del departamento de La Paz, solicitando verbalmente que se le otorgue requerimiento fiscal para la valoración médica por el IDIF de su defendido y la habilitación por el Sistema Justicia Libre (JL1) para el acceso a través del portafolio digital; dicha petición fue aceptada -a pesar de que su jornada laboral culminó- procediéndose a la habilitación pedida y la remisión del requerimiento para el médico forense de turno del IDIF, cargándose a la plataforma virtual JL1 a horas 19:22 e interoperado al Médico Forense del IDIF a horas 19:23, sorteándose al perito en medicina forense Julio Guillermo Dalence Montaño para que efectúe la valoración médica;
3. iii)Una vez interoperado, se le explicó a la defensa del accionante que se comunique con el investigador y/ o representante de la celdas de la FELCC, para que el señalado sea trasladado al Ministerio Público para su valoración médica requerida; misma que expresó su aceptación y se retiró de su despacho;
4. iv)Por otra parte, también se atendió la solicitud de requerimiento para el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción, Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SIPPASE), que la abogada del peticionante de tutela solicitó el 14 de marzo del 2022, lo que fue decretado en la misma fecha; emitiéndose los requerimientos fiscales el 15 del indicado mes y año; y,
5. v)Por lo referido, se advierte que las peticiones verbales y escritas efectuadas por la defensa del accionante fueron atendidas de manera oportuna, con la emisión de requerimientos en su debido momento; por lo que, extraña que hasta la fecha de presentación de este informe, la misma no haya diligenciado ante las instancias requeridas; inclusive en la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares la autoridad judicial hoy accionada determinó que se oficie al IDIF para su valoración médica; empero, la parte accionante omitió cumplir con la orden judicial; por lo que solicitó que se deniegue la tutela solicitada.

La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 06/2022 de 16 de marzo, cursante de fs. 55 a 56 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)El Fiscal de Materia hoy coaccionado, a solicitud de la abogada del impetrante de tutela, emitió requerimiento fiscal para la remisión del aprehendido -accionante- el 13 de marzo de 2022, para su revisión médica; asimismo, se tiene una Nota de 15 de igual mes y año, dirigida al referido representante del Ministerio Público, mediante la cual, Julio Guillermo Dalence Montaño -Médico Forense de turno del IDIF- informó que el accionante no asistió para lo requerido; empero, en dicho informe no consta el cargo de recepción por la autoridad fiscal ni que fue interoperado para su conocimiento; tampoco en esa Nota se hizo saber que el requerimiento fiscal estaba incompleto; por lo que, se considera que se tiene por cumplida la actuación del Fiscal de Materia coaccionado con relación a la emisión del requerimiento fiscal para la revisión por el Médico Forense del IDIF;
2. b)El Investigador hoy coaccionado, no presentó descargo alguno ni se tiene ninguna evidencia del actuar de manera positiva al cumplimiento del requerimiento fiscal; además, que no viabilizó el requerimiento fiscal, teniendo en cuenta que en ese momento, la condición del accionante era de aprehendido y mal podía tener la libertad de trasladarse ante el Médico Forense del IDIF, sin la custodia correspondiente;
3. c)En cuanto al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz -hoy accionado-, se evidencia que a través del Auto Interlocutorio 71/2022, dispuso la aplicación de medidas cautelares y a su vez que se oficie ante el IDIF para la valoración médica correspondiente del accionante; con relación a lo cual, consta una fotocopia legalizada del oficio librado el 15 de marzo del 2022; asimismo, se evidencia la remisión del cuaderno de control jurisdiccional al "Juzgado Primero Cautelar" en la misma fecha, a horas 16:20;
4. d)En el audio presentado, se escucha a una persona de sexo femenino identificándose como "...doctora Quisbert sobre coordinación para que se libre el oficio..." (sic); sin embargo, no se puede establecer en qué momento se produjo la comunicación y con qué persona; y,
5. e)En la impresión de la comunicación por WhatsApp al número de celular "60558174", se evidencia una comunicación en la que se indica "'doctora a qué hora estaría en juzgados' '8 y media de la mañana los padres de mi cliente están desesperados esa es la citación están muy preocupados por su salud, comprendo doctora se va a intentar, estarán también los familiares'" (sic), comunicación que aconteció entre horas 17:00 y 19:00, aproximadamente; no obstante, no se tiene convicción de que la misma se efectuó con la autoridad judicial accionada; tampoco se advierte una negativa expresa en esa conversación, respecto a la emisión de lo que se solicitó; por lo que, teniendo en cuenta que la responsabilidad es personal, no existe evidencia del accionar vulneratorio de la referida autoridad judicial; y si bien, los funcionarios de apoyo jurisdiccional tienen legitimación pasiva para ser demandados, en el presente caso no se les demandó; tampoco existe un memorial posterior a la fecha de la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares respecto del cual, el referido Juez hubiera hecho caso omiso; por lo que, no se evidencia la vulneración del derecho a la vida o integridad física del accionante.

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la integridad física y al debido proceso -se entiende- en su elemento de celeridad; puesto que:

1. 1)El Fiscal de Materia ahora coaccionado, respondiendo al pedido de requerimiento fiscal formulado por su abogada para su revisión médica, ordenó la misma sin consignar en dicho requerimiento, la orden de traslado del Médico Forense del IDIF a las celdas de la FELCC;
2. 2)El funcionario policial hoy coaccionado, luego de hacer esperar a sus familiares por aproximadamente dos horas y tratarlos con prepotencia, no efectivizó su traslado ante el indicado Médico Forense para su revisión médica ordenada por el representante del Ministerio Público; y,
3. 3)El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz -hoy accionado-, no garantizó la entrega del oficio mediante el cual ordenó su revisión médica por el IDIF.

Sobre el particular, la SCP 0369/2021-S1 de 23 de agosto, señala que: "El contenido del derecho a la vida consagrado en innumerables artículos de la Constitución Política del Estado y de las normas del bloque de constitucionalidad, se extiende no solo a representar la interdicción de la muerte arbitraria, sino, que implica la creación de condiciones de vida digna, que involucra, en lo conducente a la acción de libertad, a otros derechos conexos e interdependientes que no se encuentran en el ámbito de su protección, como por ejemplo:

1. 1)El derecho a la salud y la integridad personal de los privados de libertad;
2. 2)El derecho a la salud en problemas jurídicos vinculados con el derecho a la libertad de locomoción y arraigos;
3. 3)El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en cualesquiera de sus formas; incluso,
4. 4)Cambiando la tradición jurídica civilista de considerar persona solo a las existentes físicamente; es decir, la consideración de sujeto de derecho y derechos a la persona fallecida y a su dignidad, en una visión plural del derecho a la vida digna en contextos de retenciones de cuerpos de pacientes en centros hospitalarios, entre otros supuestos; razón por la cual, el Estado asume un doble rol; primero, garantizar que las personas no sean privadas de ese derecho; y segundo, implementar simultáneamente políticas para garantizar una vida en condiciones acordes a su dignidad; resumiéndose estas obligaciones en dos sentidos; vale decir, su respeto y su protección, respectivamente.