0622/2023-S4

En la Resolución 021/2022 de 20 de abril, cursante de fs. 77 a 82 vta, se plasmó la intervención efectuada en audiencia, donde puede evidenciarse que la parte hoy accionante ratificó el contenido de la acción de libertad interpuesta, y ampliándola señaló que:

1. a)Hizo referencia al art. 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, señalando que no se puede utilizar a un "niño" para hacer procesos penales por lo que se interpuso la acción de libertad reparadora e innovativa;
2. b)Fue presentado sin su consentimiento a los medios de comunicación vulnerando el art. 296 del Código de Procedimiento Penal (CPP), aspectos que fueron reclamados a la Fiscal ahora demandada "no ha hecho nada, el Juez ahora accionado no ha hecho nada y la Vocal también ahora accionada, no ha corregido en nada ante los reclamos realizados habiéndose vulnerado el derecho a la dignidad humana" (sic), dañando su imagen y honor que se encuentran mellados;
3. c)La Vocal demandada emitió un fallo carente de fundamentación, pues no se pronunció acerca de la probabilidad de autoría y la calificación provisional, vulnerando la presunción de inocencia, por lo que corresponde conceder la tutela ante la inexistencia de flagrancia;
4. d)Se realizó una fundamentación genérica de los riesgos procesales contenidos en el art. 234.7 y 235.2 del CPP, la cual debió ser de manera individualizada;
5. e)Exhibiendo videos, señaló que corresponderían al 18 de marzo de 2022, donde la menor sale de la discoteca "QUEEN", otro de 19 de igual mes y año, donde la misma llega en un vehículo a dicha discoteca, y otro video de donde podría establecerse que ésta desciende junto con la policía e ingresan al lugar, en cuyo contexto refirió que no existe fundamentación sobre la probabilidad de autoría;
6. f)El Informe de acción directa sería falso, ya que del Informe Psicológico practicado a la menor, está habría trabajado en la discoteca "DUBAI", aspectos que se reclamaron a la Fiscal, al Juez y la Vocal hoy demandados, al no existir objetividad del Ministerio Público en el hecho; y,
7. g)No se pretende que la jurisdicción constitucional realice una valoración, sino que ejerza control de la jurisdicción ordinaria, y disponga se emita nuevas resoluciones en relación a las medidas cautelares, que el Ministerio Público de aplicación al art. 225 -no precisa de que norma-, la Vocal demandada cumpla con el art. 124 del CPP y la Policía de aplicación al principio de verdad material conforme al art. 180 de la CPE, debiendo abstenerse de armar casos utilizando a menores de edad, por lo que solicita se les ordene que informen la verdad debiendo remitirse dentro el plazo correspondientes al Ministerio Público, y que esta institución a su vez exija informe a la Policia Boliviana de cuando se encontró por primera vez con la menor, que el Juez pronuncie nueva resolución fundamentada respecto a los reclamos que efectuó, al igual que la Vocal demandada, debiendo darse el plazo de 24 horas para que emita nuevo Auto de Vista en función a la nueva resolución que pronuncie el Juez Cautelar. "Que, habiéndose realizado las consultas correspondientes la parte accionante señala que todo momento se ha reclamado la ausencia de fundamentación en la relación a la probabilidad de autoría y que si no se hubiera reclamado no se estaría en este momento en una acción de defensa" (sic).

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito de 20 de abril de 2022, cursante a fs. 66 y vta., manifestó:

1. 1)Como Tribunal de alzada se rigen por el principio de limitación establecido en el art. 398 del CPP; es decir que, se emite la fundamentación correspondiente en torno a los agravios expuestos por la parte apelante, la respuesta a los mismos, siendo sobre estos, antecedentes y los elementos de prueba presentados, además de tomarse en cuenta que la víctima es una persona vulnerable por su condición de mujer, aspectos sobre los cuales con fundamentos de hecho, derecho y jurisprudenciales fue emitido el Auto de Vista 199/2022, ;
2. 2)El delito es de orden público, por lo que corresponde al Ministerio Público la carga de la prueba a los fines de llegar a la verdad histórica de los hechos;
3. 3)El accionante no cumplió con los presupuestos para que la jurisdicción ordinaria ingrese al análisis de la legalidad ordinaria;
4. 4)La medidas cautelares son temporales y variables, es decir que no causan estado; y,
5. 5)El accionante no precisó de manera cierta y concreta como se habrían vulnerado sus derechos y garantías constitucionales, argumentos en base a los cuales solicitó se deniegue la tutela impetrada.

Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz, a través de informe escrito presentado la misma fecha, que consta a fs. 63 y vta., preciso que:

1. i)Por turno de fin de semana conoció la imputación formal con aprehendido emitido por la Fiscal ahora demandada, habiéndose llevado audiencia cautelar, donde fue emitido el Auto Interlocutorio 90/22 de 21 de marzo de 2022, realizándose un estudio exhaustivo de los argumentos de la defensa, así como una valoración objetiva e integral de los elementos probatorios y de los antecedentes de la causa, en base a los cuales se dispuso que guarde detención preventiva, determinación que conforme bien afirma el hoy accionante fue confirmada por el Tribunal de alzada mediante el Auto de Vista 228/2022, consecuentemente debe entenderse que cualquier acto u omisión irregular, ilegal o arbitrario, tuvo que ser cuestionado a través del recurso de apelación, en cuya consecuencia no procede la acción de libertad en su contra, por lo que solicitó se deniegue la tutela; y,
2. ii)Finalizando aclaró que el proceso fue devuelto al Juzgado de Instrucción Penal Primero del departamento de La Paz, donde radica la causa.

Sarina Guardia Guardia, Fiscal de Materia, por informe cursante a fs. 64 a 65, presentado la fecha referida, manifestó que:

1. a)El 24 de febrero de 2022, tuvo conocimiento de una acción directa, por lo que se dio inicio a una investigación mediante imputación formal, por el presunto delito de trata y tráfico de personas y corrupción niña, niño y adolescente, siendo la víctima menor de edad la cual se encontraba reportada como desaparecida, realizando las investigaciones para llegar al esclarecimiento de los hechos para determinar lo que en derecho corresponda, por lo que no actuó de forma ilegal como refiere el accionante;
2. b)Por lo que solicitó se deniegue la tutela impetrada dado el carácter temerario de la acción tutelar interpuesta, pues su actuación fue enmarcada en la 0SCP 3941/2018-S2 y 0017/2018, que en la ratio decidendi establece que las autoridades deben aplicar la perspectiva de género e interseccionalidad, bajo el principio pro actione en favor de los más débiles y en base al art. 60 de la CPE, al ser deber del Estado y la sociedad garantizar la prioridad de la niña, niño y adolescente, velando por la protección de sus derechos como manda la Convención Interamericana de Derechos Humanos como el Pacto de San José de Costa Rica.