0623/2022-S3

El accionante por intermedio de su representante sin mandato, ratificó los argumentos expuestos en la demanda verbal de la presente acción de libertad y en audiencia ampliando, manifestó que:

1. a)Se encuentra cumpliendo la extrema medida desde el 8 de enero de 2020, al establecerse la concurrencia de peligros procesales, medida que debía durar seis meses, resultando obligación del Juez señalar el cumplimiento de dicho plazo, audiencia para considerar su situación jurídica;
2. b)Cumplidos los seis meses de privación de libertad, solicitó la cesación de la detención preventiva al amparo de lo establecido en el art. "239.1" del CPP, llevándose a cabo la audiencia el 26 de agosto de 2020, habiéndose dispuesto la suspensión de plazos por la emergencia sanitaria del Coronavirus (COVID-19), tiempo en el que permaneció detenido, Resolución que fue apelada, si bien es cierto que el Tribunal de alzada declaró improcedente el recurso; empero, considerando lo establecido en el art. 239.2 de la norma procesal penal respecto al plazo de cumplimiento de la extrema medida, conminó al Juez ahora accionado a que en el plazo de veinticuatro fije audiencia para determinar el tiempo de la detención preventiva y considerar su situación jurídica; y,
3. c)El acto procesal ordenado por el superior en grado, fue señalado para el 20 de noviembre de 2020, oportunidad en la que el Juez accionado, nuevamente rechazó la cesación de la detención preventiva; contra dicha determinación, mediante memorial presentado el 24 del citado mes y año, al amparo del art. 251 del CPP, interpuso apelación incidental, emitiéndose decreto de 25 de igual mes y año, por el que se dispuso la remisión de antecedentes a la Sala Penal de turno; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción tutelar, ello no aconteció.

Iver Fernando Gonzales Casano, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, presente en la audiencia virtual, refirió que:

1. 1)"...lo poco que pudo entender es que existe una Apelación Incidental de Medida Cautelar, pendiente de remisión ante el Tribunal de alzada..." (sic); al respecto, se debe considerar que su persona viene atendiendo más de tres mil causas en movimiento y que se encuentra en suplencia de su similar segundo, así también está supliendo al Juzgado de Instrucción Penal y de Violencia contra la Mujer de la "EPISUR" del referido departamento; y,
2. 2)"...de momento no tiene conocimiento de los datos del proceso, puesto que se encuentra con baja médica y no asiste a su fuente laboral desde el día de ayer..." (sic), así lo demuestra la prueba que "existe" en la audiencia, misma que acredita su baja médica por tres días, en razón a ello, considera que la acción de libertad debió ser planteada contra el Juez que se encuentra de turno. I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución de "6" de marzo de 2021, cursante de fs. 51 a 52 vta., concedió la tutela solicitada; disponiendo que la autoridad judicial accionada a través de Secretaría, inmediatamente remita el cuadernillo de medidas cautelares ante la Sala Penal correspondiente; así también llamó la atención al Juez accionado por no exigir el cumplimiento de sus determinaciones y realizar un control eficiente de los procesos, máxime cuando se trata de privados de libertad; decisión asumida bajo los siguientes fundamentos:

1. i)De la revisión de antecedentes se tiene que el 8 de enero de 2020, se ordenó la detención preventiva del hoy impetrante de tutela en el Centro Penitenciario San Antonio del citado departamento, por el término de seis meses;
2. ii)Por memorial presentado el 13 de noviembre de 2020, el peticionante de tutela solicitó la cesación de la extrema medida, siendo programada la respectiva audiencia para el 20 del mismo mes y año, llevado a cabo el acto procesal, la autoridad judicial accionada rechazó la referida petición, habiendo el accionante interpuesto apelación incidental por memorial de 20 de noviembre de 2020:
3. iii)La autoridad judicial accionada emitió decreto de 25 de igual mes y año, disponiendo la remisión de fotocopias legalizadas ante la Sala Penal de turno, desconociéndose si dicho proveído fue puesto a conocimiento de las partes, pues no existen las cartillas de notificación;
4. iv)También consta que mediante decreto de 16 de noviembre de 2020, se conminó al Ministerio Público para que dé cumplimiento a la última parte del art. "234" del CPP; la Fiscal asignada al caso, por memorial de 19 de noviembre de 2020 presentó acusación formal contra el impetrante de tutela, por el delito de feminicidio en grado de tentativa, sorteada la causa, la misma fue remitida al Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamental de Cochabamba;
5. v)En ese contexto, se tiene que ante el planteamiento del recurso de apelación incidental y ordenada la remisión a la Sala Penal, dicha orden no fue cumplida no obstante de haberse dispuesto que se envíen fotocopias legalizadas, y ante la supuesta negligencia o descuido del peticionante de tutela de no proveer los recaudos, se debió proceder conforme los instructivos emitidos por Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia, los que direccionan en sentido de que ante la falta de provisión de recaudos, es la Secretaria quien debe gestionar las fotocopias al tener acceso a las fotocopiadoras de Presidencia, Servicios Judicial u otras unidades, ello con la finalidad de dar celeridad a los trámites; también, excepcionalmente pudo remitirse el cuadernillo original ante el Tribunal de alzada, lo que tampoco ocurrió; consecuentemente, se incumplió lo previsto en el art. 251 del CPP, en ese sentido, la autoridad jurisdiccional es la que ejerce el control del personal subalterno, por cuanto se trata de una solicitud relativa a la libertad de una persona cuyo tratamiento se debe realizar con la mayor celeridad posible;
6. vi)En el caso de autos, han transcurrido más de noventa días sin que se haya remitido la apelación incidental ahora reclamada, evidenciando una dilación excesiva; aclarando que en el caso no existe constancia de haberse conminado a la parte apelante la provisión de recaudos; lo expuesto, demuestra una contravención a lo previsto en el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE) con relación al art. 251 el CPP, y por lo tanto es susceptible de "sanción"; y,
7. vii)Por lo anotado, habiéndose determinado la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales del accionante, "...es posible dirigir la acción contra la autoridad accionada..." (sic), quien ostenta legitimación pasiva, remarcando que dicha omisión de remisión, impide que el referido Tribunal de Sentencia Penal Segundo donde radica la causa, pueda conocer solicitudes de cesación a la detención preventiva.