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TCP

0624/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
9 de abril de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0624/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0624/2026-S2 Sucre, 9 de abril de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 55880-2023-112-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 43/23 de 27 de abril de 2023, cursante de fs. 40 vta. a 43 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Gerardo Robles Saravia en representación legal de Alberto Arteaga Brito y Nelvy Palacios Landívar contra Freddy Pérez Chavarría y Efraín Cruz Limachi, Vocal y ex Vocal de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 27 de marzo y 4 de abril de 2023, cursantes de fs. 8 a 12; y, 20, la parte accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro de la ejecución del proceso ejecutivo seguido en su contra por Jorge David Gabriel Vargas Angulo en su contra, Yasmina Dorado Palacios -su entonces representante legal- formuló incidente de nulidad de notificación contra la diligencia cursante a "fs. 502" -a través de la cual se le dio a conocer el decreto de 14 de agosto de 2019, por el que se aceptó su apersonamiento como su representante legal-; y, de los subsiguientes actos procesales; toda vez que, las diligencias de comunicación desde entonces fueron practicadas en tablero judicial, lo que impidió la oposición de su defensa en casi toda la instancia de ejecución de sentencia, cuando otorgaron un poder consular a la nombrada, al residir sus personas en Estados Unidos de Norteamérica; y, siendo que ella, de conformidad a lo establecido en el art. 72.VI del Código Procesal Civil (CPC), se apersonó al proceso señalando el domicilio procesal, correspondía que las ulteriores notificaciones sean practicadas en el mismo y no en el tablero de notificaciones del Juzgado, por constituir el precepto antes señalado, en una excepción a la regla contenida en el art. 84.I del citado cuerpo normativo; sin embargo, fueron ilegalmente notificados de esa manera, consignado sus nombres en dichas actuaciones, como si en el momento de la notificación hubiesen tenido su permanencia y domicilio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cuando en realidad residían fuera del País. Dicho incidente, fue declarado improcedente por Auto Interlocutorio 783/2021 de 17 de junio, en el que, el Juez de la causa fundó tal determinación en los arts. 84 y 105.II -se entiende del CPC-, sin analizar si la nulidad demandada transgredió o no las garantías del debido proceso con incidencia en los derechos a la igualdad y la defensa; aspecto por el cual, la mencionada decisión fue impugnada.

En consecuencia, mediante Auto de Vista 198 de 15 de junio de 2022, los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -demandados-, confirmaron la improcedencia, a través de un fallo incongruente; pues, el mismo no tiene relación entre lo solicitado y lo resuelto; así, en el recurso de apelación, denunció que el Juez a quo, no analizó si el acto considerado nulo, violaba alguno de los principios que rigen las nulidades procesales; tampoco si la nulidad demandada transgredió o no las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa; evidentemente el vicio era o no de proporción grosera; y, si la demanda de nulidad cumplió o no con los principios establecidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en su componente congruencia; y, a la defensa, citando al efecto los arts. 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

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