Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0625/2019-S3 Sucre, 13 de septiembre de 2019
SALA TERCERA Magistrado Relator: MSc. Paul Enrique Franco Zamora Acción de libertad
Expediente: 29400-2019-59-AL Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución AL-0035/2019 de 31 de mayo, cursante de fs. 123 a 129 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sandra Carolina Ferrufino Becerra contra Patricia Torrico Ortega y Jesús Víctor Gonzales Milan, Vocales de la Sala Penal Segunda y Tercera respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 30 de mayo de 2019, cursante de fs. 3 a 7 vta., la accionante expresó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de asesinato en grado de complicidad previsto y sancionado por el art. 23 y 252 del Código Penal (CP), se llevó a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares el 21 de septiembre de 2018, en el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, oportunidad en la que se determinó medidas sustitutivas a la detención preventiva; sin embargo, "en noviembre" la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento, en audiencia de apelación de medida cautelar, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres del mismo departamento, a pesar de no existir elementos de convicción suficiente que determinen la concurrencia del art. 233.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
El 7 de mayo de 2019, se realizó la audiencia de cesación de la detención preventiva en el referido Juzgado, habiendo acompañado para dicho efecto elementos probatorios que acreditaban los elementos de arraigo como el contar con domicilio, actividad lícita y desvirtuando el art. 234.1 y 2 del CPP, así como documental para endilgar lo previsto en el art. 235.1, 2 y 4 de la referida norma; empero, la Jueza a quo lejos de realizar una correcta valoración de los elementos probatorios y contrastarlos con los fundamentos que dieron lugar a su detención preventiva, emitió Resolución arbitraria y carente de fundamentación; por lo que interpuso recurso de apelación incidental a los fines de que el Tribunal de alzada corrija los errores groseros, pero dicha instancia procedió en igual sentido; es decir, de manera contraria a la ley.
Es así que el 30 de igual mes y año, se desarrolló la audiencia para considerar la apelación incidental de medida cautelar en la precitada Sala Penal, donde fundamentó los siguientes agravios:
- a)No existió correcta valoración de los elementos probatorios acompañados, entre ellos el registro domiciliario con sus formularios, títulos de propiedad, declaratoria de herederos, certificaciones de la Organización Territorial de Base (OTB) -no precisa donde-, declaración jurada, muestrario fotográfico, acta de allanamiento y otros; toda vez que, la Jueza de primera instancia sostuvo que en dichas literales de manera imprescindible se debía identificar el derecho propietario en virtud a la "...SS.CC. 1625/2003...", realizando observaciones innecesarias y excesivas;
- b)Sobre la actividad lícita, la Jueza a quo, tampoco realizó una correcta valoración de los elementos probatorios entre ellos contratos de trabajo a futuro, legalidad de la empresa que la contrató, sosteniéndose que eran simples fotocopias e insuficientes para demostrar la existencia legal de una empresa; y,
- c)Sobre el peligro de obstaculización, la Jueza mencionada basó su fundamentación de los peligros procesales descritos en el art. 235.1, 2 y 4 del CPP, en meras presunciones, indicando que su persona estaría en afán de destruir, modificar u obstaculizar la investigación, incluso induciendo a otras personas a ello. Empero, estos agravios no fueron atendidos por el Tribunal de alzada, considerando que, en relación al elemento domicilio resultó excesivo que sostenga el deber de adjuntar documentos que acrediten la titularidad del derecho propietario; sobre el trabajo indicó que debían subsanarse los errores de fechas de la documental que demostró la existencia legal de la empresa y en relación al peligro de obstaculización, sostuvieron que se debía llamar severamente la atención a la Jueza precitada por haber permitido que se realice nueva contrastación de los presuntos nuevos hechos, debiendo declararse la inconcurrencia del peligro de obstaculización, conforme la línea jurisprudencial constitucional, que refirió la abstención de fundar los mismos en supuestos y sin contar con elementos probatorios que demuestren objetivamente que trató de modificar o suprimir algún elemento de prueba.
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