Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0626/2019-S1 Sucre, 25 de septiembre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad
Expediente: 28035-2019-57-AL Departamento: Tarija
En revisión la Resolución 08/2019 de 12 de marzo, cursante de fs. 49 vta. a 55 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Karina Tárraga Herrera y Bernardo Ever Sivila Arenas en representación sin mandato de su hijo AA contra Osmar Poldar Fernández Velasco, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero-Juzgado Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Entre Ríos del departamento de Tarija.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 11 de marzo de 2019, cursante de fs. 8 a 17, el accionante a través de sus representantes sin mandato expresó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente -agravado-; solicitó cesación de su detención preventiva; no obstante, en audiencia de 8 de marzo de 2019, el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero-Juzgado Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Entre Ríos del departamento de Tarija -ahora demandado- rechazó su petición, señalando que no procedería porque se dio inicio al juicio oral; empero, no tomó en cuenta que se encontraba privado de su libertad tres meses y medio en el Centro de Rehabilitación de Menores "OASIS" de Tarija, sin que se haya dictado sentencia en su contra, sobrepasando el plazo establecido por el art. "291 inc. d)" del Código Niña, Niño y Adolescente -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, vulnerando el debido proceso en su elemento de legalidad, al aplicar de manera errónea el art. 124 de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025 de 24 de junio de 2010- al régimen de detención preventiva, afectando por ende su derecho a la libertad.
No existe respaldo jurídico para considerar que el inicio del juicio oral se constituya en una causal de improcedencia de la cesación de la detención preventiva tal como indicó el Juez ahora demandado y menos aún que previamente se tenga que analizar los actos dilatorios como pretende hacer ver dicha autoridad judicial cuando refirió que su abogada solicitó un plazo para asumir la defensa en el juicio oral, sin percatarse que el mismo pretendía ser instalado el 21 de febrero de 2019; es decir, vencido el término de los tres meses que establece el art. "291 inc. d)" de la Ley 548; de ello se tiene que también el Juez hoy demandado vulneró el principio de legalidad con afectación directa a la libertad al no regirse al ámbito de protección y razonamiento favorable que merece el ámbito de la jurisdicción penal especializada para adolescentes.
Por otra parte, la autoridad judicial demandada al no haber concedido la cesación de la detención preventiva solicitada, tal como se refirió precedentemente, no cumplió con la debida fundamentación que se constituye en un elemento del debido proceso, afectando su libertad física; sumándose a ello incurrió también en una carente fundamentación; debido a que su decisión adolece de argumento jurídico, pues no hay norma que indique que el inicio del juicio oral suprime el art. "291 inc. d)" de la Ley 548, habiendo invocado como sustento de su decisión la ; que no guarda una relación de analogía fáctica de la que se desprenda el nexo de vinculatoriedad del fallo constitucional; por consiguiente, existió un acto discrecional y arbitrario por parte del Juez hoy demandado al obrar al margen de lo dispuesto por la citada norma.
I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados
La parte accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación e interpretación de legalidad; así como al "principio de legalidad" vinculado al derecho a la libertad, sin citar normativa alguna que los contenga.
I.1.3. Petitorio
El accionante solicitó que se le conceda la tutela y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto Interlocutorio 58/2019 de 8 de marzo y se disponga su libertad.
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
Celebrada la audiencia pública el 12 de marzo de 2019, según consta en el acta cursante de fs. 44 a 48 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante a través de su abogado se ratificó en la acción de libertad interpuesta y ampliándola, señaló que:
- a)El criterio de que existiría una sub regla para la no aplicación del art. 291.I inc. d) de la Ley 458 cuando la víctima tiene una edad menor a la del imputado, viene a ser ilegal y prevaricador, puesto que de acuerdo al razonamiento del legislador se interpuso un plazo de tres meses para que cese la privación de libertad en los casos establecidos por dicha disposición, la cual obedece a una lógica convencional, como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores -Reglas de Beijing-, que implica la no afectación de un adolescente en desarrollo; por ello es que, se vulneraría el carácter temporal de las medidas cautelares de no aplicarse la citada norma, además de ocasionar una tergiversación al sistema penal de adolescentes infractores;
- b)El Juez ahora demandado tiene conocimiento del plazo límite de los tres meses; por lo que, no puede justificarse indicando que su abogada fue quien suspendió la audiencia de juicio oral; toda vez que, la misma estaba señalada para el 20 de febrero de 2019;
- c)Respecto a la SCP "405/2018" que tiene que ver con la ponderación de derechos, la relación fáctica se encuentra vinculada con la revisión de un fallo de un tribunal ordinario sobre un procesamiento de un adulto que reclamaba la interpretación del art. 234.10 -se entiende del Código de Procedimiento Penal- relativo a la peligrosidad del imputado, mayor de edad hacia una víctima de agresión sexual menor de edad; por ende no es vinculante porque en este caso se trata de un adolescente infractor, de ahí que la autoridad judicial demandada citó incorrectamente la Sentencia Constitucional Plurinacional mencionada; y, si bien la ponderación deviene de la "" en ella se utiliza el mismo criterio respecto a la libertad de un padre que no asistía a sus hijos frente al derecho de subsistencia de esos niños que no reciben la asistencia familiar;
- d)En el caso concreto no se encuentra en análisis ningún aspecto referente a la víctima, sino sus derechos; toda vez que, se le impuso una medida de detención preventiva solamente con fines procesales; y,
- e)Se encuentra privado de su libertad más de cien días, lo que repercute en su desarrollo como ser humano, pidiendo por ello, la aplicación de la SCP "125/2017 del 9 de marzo" con relación al interés superior del niño en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño y que fue adoptado por el bloque de constitucionalidad y de convencionalidad.
I.2.2. Informe de la autoridad demandada
Osmar Poldar Fernandez Velasco, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero-Juzgado Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Entre Ríos del departamento de Tarija, por informe escrito presentado el 12 de marzo de 2019, cursante de fs. 42 a 43, manifestando lo siguiente:
- 1)El accionante fue imputado por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente -agravado-, por lo que, el 21 de noviembre de 2018, se dispuso su detención preventiva a cumplirla en el Centro de Rehabilitación de Menores "OASIS" de Tarija; consiguientemente, solicitó cesación de su detención preventiva y la "Juez en suplencia Legal" denegó la misma en audiencia de 12 de diciembre de igual año;
- 2)El 7 de enero de 2019, el Ministerio Público presentó acusación formal contra el adolescente infractor -ahora accionante- por la presunta comisión del hecho ilícito referido, y corridos los traslados de ley se determinó la apertura del juicio oral para el 15 de febrero de idéntico año, fijándose audiencia para el 20 del mismo mes y año, a hora 15:30; es decir, que la apertura mencionada fue antes de los tres meses, fecha en la que el hoy impetrante de tutela pidió la aplicación del art. 104 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en otras palabras la suspensión del juicio oral por un plazo no mayor de diez días para preparar su defensa técnica, por la complejidad y gravedad del caso, a cuya razón se suspendió su realización para el 27 del mes y año señalado;
- 3)En la fecha mencionada se instaló la audiencia de juicio oral, el cual se viene desarrollando con normalidad, es así, que "el día de hoy martes 12 de marzo de 2019" se agotó toda la prueba de cargo ofrecida por el Ministerio Público, habiéndose producido inclusive una pericia psicológica a la presunta víctima, razón por la que el caso reviste de complejidad; toda vez que, es necesario que se realicen una serie de pruebas tanto de la víctima como del adolescente infractor que incide en el desarrollo del juicio; y,
- 4)El principio de razonabilidad como componente del debido proceso sustantivo, no solo opera por el transcurso automático de los plazos procesales, sino por el deber de evaluarse cada caso en concreto; pues si bien en este transcurrió el plazo de tres meses y unos días sin que exista sentencia en primera instancia, debe considerarse también la complejidad del caso en cuestión, porque ciertamente se trata de la presunta comisión de un delito de contenido sexual, que en el desarrollo del juicio merece tiempo para su consideración, tomando en cuenta a su vez la ampulosa prueba ofrecida por ambas partes, más la ejecución de pericias en pleno juicio oral, razones que justifican que hasta la fecha no se haya emitido tal sentencia; empero, que la misma se pronunciará una vez se agote la producción de las pruebas.
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