Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0626/2019-S2 Sucre, 1 de agosto de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad
Expediente: 28265-2019-57-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 022/2019 de 21 de marzo, cursante de fs. 44 a 47, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Saúl Villarpando Ballesteros y Sergio Vicente Rivera Renner en representación sin mandato de Heriberto Fernández Laimecusi contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda; y, Elisa Exalta Lovera Gutiérrez, Vocal de la Sala Penal Cuarta, ambas del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 20 de marzo de 2019, cursante de fs. 16 a 24 vta., el accionante a través de sus representantes sin mandato, expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado de Partido y de Sentencia Penal Primero de Sica Sica del departamento de La Paz, a través del Auto Interlocutorio 94/2018 de 23 de noviembre, concedió la cesación de la detención preventiva e impuso en su lugar medida sustitutiva de detención domiciliaria; determinación que fue objeto de recurso de apelación incidental por el Ministerio Público, radicando la causa en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, la cual a través de Auto de Vista 58/2019 de 19 de febrero, emitido con voto dirimitorio de la Vocal de la Sala Penal Cuarta del aludido Tribunal Departamental de Justicia -ahora codemandada-, revocó el mencionado Auto Interlocutorio 94/2018, e impuso su detención preventiva, omitiendo dar las razones sobre la necesidad de imponer una medida tan extrema; además que la Vocal convocada a efecto de dirimir la disidencia, no contaba con los antecedentes completos del legajo de apelación, tampoco estuvo presente en la audiencia de apelación y no lo escuchó bajo la inmediación que debe existir, dejándose guiar por la decisión de su par.
Para la determinación de detención preventiva se asumieron criterios de razonabilidad y proporcionalidad en desmedro de su derecho a la presunción de inocencia, señalando que persistiría el riesgo procesal contenido en el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); además que en los argumentos de la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, están referidos a que la medida cautelar del sistema procesal penal boliviano tiene como finalidad de preservar la continuidad del proceso y proteger a la víctima o a la sociedad, sin considerar que con la detención domiciliaria se observó el normal el desarrollo del juicio oral; asimismo, fundamentó su posición en la potestad reglada, conforme a la "", que no estaba vinculada al caso, principio que se encuentra por debajo de los principios constitucionales in dubio pro reo o necesidad, y que está vinculado al Ministerio Público y no a la autoridad jurisdiccional.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación; y, a la defensa; citando al efecto el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene su libertad "...por no existir riesgos necesarios que pervivan..." (sic), correspondiendo incluso la libertad pura y simple.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 21 de marzo de 2019; según consta en acta cursante de fs. 37 a 43, produciéndose los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su demanda tutelar y amplió los mismos señalando que:
- a)No se demostró el por qué es necesario aplicar una medida excepcional y apartarse de la regla;
- b)Tampoco hay proporcionalidad con la detención domiciliaria si la víctima supuestamente se encuentra en Sahapaqui y no existe posibilidad de que éste se le acerque;
- c)El Ministerio Público no estableció las razones por las que persiste los riesgos procesales; por lo que, las Vocales demandadas fallaron ultra petita;
- d)El Auto de Vista 58/2019, es contrario al sistema constitucional porque la Vocal codemandada, no puede resolver algo sin oír a las partes;
- e)No aplicaron principios estrictos de medidas cautelares -idoneidad, necesidad, etc.-;
- f)Ante equivalencia de votos se debe optar siempre por la interpretación más favorable;
- g)Se justificó todas las inasistencias a las audiencias y no tiene rebeldía; y,
- h)Se encuentra en riesgo su libertad; por cuanto, existe un mandamiento de aprehensión.
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda; y, Elisa Exalta Lovera Gutiérrez, Vocal de la Sala Penal Cuarta, ambas del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito presentado el 21 de marzo de 2019, cursante a fs. 30 y vta., manifestaron que:
- 1)Al existir una acusación formal sigue vigente la probabilidad de autoría; por lo que, al concurrir el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, se hace necesaria la detención preventiva, a efecto de que no obstaculice el proceso que se encuentra en fase de juicio, inclusive se citó a la "......" (sic), por ende, la Resolución que se emitió está fundamentada;
- 2)No se verificó si en la interpretación, se afectaron principios constitucionales uniformadores del ordenamiento jurídico;
- 3)Los hechos descritos en la presente acción de libertad, no se subsumen en las diferentes modalidades que reviste dicha acción de defensa;
- 4)No se afectó el derecho a la libertad del accionante; por cuanto, la fundamentación fáctica jurídica fue debidamente expuesta en el Auto de Vista 58/2019;
- 5)Respecto a la "......" (sic), el peticionante de tutela citó el caso Servellón García Vs. Honduras, la cual no mencionó en la audiencia de apelación ni en el memorial de complementación y enmienda solicitado por éste;
- 6)Es necesario que el demandante de tutela, a tiempo de cuestionar la legalidad ordinaria cumpla con ciertas exigencias, en este caso, señalar de qué manera se vulneró el citado derecho a la libertad; y,
- 7)No puede determinarse la libertad pura y simple, como solicitó el impetrante de tutela; dado que, no hay jurisprudencia constitucional que autorice al juez de garantías a determinar ello.
I.2.3. Intervención del tercero interesado
El abogado de la víctima en audiencia manifestó que:
- i)La política del Estado es luchar contra la violencia, entre ellos los delitos de violencia sexual;
- ii)Se habla de una menor de edad, de quien se protege su seguridad; por cuanto, no puede defenderse y se halla protegida por la ley y la Norma Suprema;
- iii)El accionante se encuentra con detención domiciliaria que no cumple y tampoco hizo conocer que no estuvo presente en las dos últimas audiencias, cuando el fin del juicio es que esté presente;
- iv)Se fundamentó de acuerdo al principio de la sana crítica y a una valoración justa, velando por la niñez;
- v)El impetrante de tutela, siempre fue asistido por sus abogados; por lo que, existe igualdad; y,
- vi)La defensa técnica del solicitante de tutela, se limitó a hacer una mera relación de lo que falta o no, pero omitió en señalar que derecho se lesionó.
1.2.4. Resolución
La Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz, a través de la Resolución 022/2019 de 21 de marzo, cursante de fs. 44 a 47, concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 58/2019, disponiendo que ambas autoridades deben dictar una nueva resolución, conforme a los datos del proceso y sin esperar su turno, dejándose sin efecto el mandamiento ordenado;
Determinación asumida bajo los siguientes fundamentos:
- a)El voto dirimidor de la Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, carece de una debida fundamentación, ya que si bien fundamentaron respecto al riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, no expresó una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes ni manifestó los fundamentos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, pues la Vocal dirimidora para llegar a una decisión en su parte resolutiva, debió munirse de todos los antecedentes del cuaderno de apelación incidental, así como lo sucedido y expresado por las partes durante el desarrollo de la audiencia oral en las que se expusieron los agravios y la respuesta a dichos agravios, lo contrario vulnera el derecho a la defensa y a ser oído; y,
- b)Con el referido voto dirimidor, mínimamente tuvo que efectuar una interpretación más favorable al imputado, además del principio pro actione y pro homine; ya que toda autoridad judicial tiene el deber de interpretar las norma más favorable a la persona, conforme a los principios y valores que irradia la Norma Suprema.
I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
Al no existir consenso en la Sala, de conformidad con el art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.
II. CONCLUSIONES
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
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