Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0630/2019-S4 Sucre, 14 de agosto de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional
Expediente: 27379-2019-55-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 1/2019 de 29 de enero, cursante de fs. 741 a 743 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gustavo Martín y Luis Fernando ambos Mercado Herrera en representación legal de David Gonzáles Antezana contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berríos Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 20 de diciembre de 2018, cursante de fs. 580 a 601, y de subsanación el 15 de enero de 2019 (fs. 611 a 629), el accionante a través de sus representantes legales, expuso los siguientes argumentos:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el Juzgado Público Civil y Comercial Tercero del departamento de Potosí, fue tramitado el proceso ordinario de nulidad de documento que siguió contra Macario Cruz Zegarra -hoy tercero interesado-, solicitando la nulidad del documento privado de compra venta de acciones y cuotas de capital de la empresa Minera Industrial "Chaska Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)", de 30 de mayo de 2012 y su adenda de 27 de julio del mismo año, el cual culminó con la Sentencia 022/2015 de 20 de mayo, que declaró improbada su demanda; y, probadas tanto la excepción de falta de acción y derecho como la demanda reconvencional de resolución de los contratos, resarcimiento de daños y perjuicios, y restitución de bienes y dineros entregados e invertidos en infraestructura y maquinaria, fallo que fue confirmado por Auto de Vista 57/2017 de 15 de febrero, contra el que interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma.
En cuanto a los motivos de forma, denunció la infracción de los arts. 67 y 90 del Código de Procedimiento Civil (CPC abrg), por no haberse constituido litisconsorcio pasivo necesario, al no integrarse a la litis a la Minera Industrial "Chaska S.R.L." y a sus socios; no obstante que, en la reconvención se demandó la restitución de bienes, maquinarias y equipos que se encontrarían en el ingenio minero de dicha sociedad comercial, así como de inversiones que se afirmó haberse efectuado en la infraestructura de la aludida sociedad, dejando así en absoluta indefensión a dicha empresa y a dos de sus socios José Guillermo Quevedo López y Joaquín Copa Arroyo.
El segundo motivo del indicado recurso de casación en la forma, se refirió a la infracción del art. 236 del CPC abrg, con relación a los arts. 90 y 227 del cuerpo legal precitado, debido a que el Auto de Vista 57/2017, carece de fundamentación motivación e incurrió en incongruencia omisiva de los trece agravios fundados en apelación.
En cuanto a la casación en el fondo, como primer motivo, denunció la infracción de los arts. 128 y 214 del Código de Comercio (Ccom); 549 inc. 1) del Código Civil (CC), validación indebida en la Sentencia 022/2015 y en el Auto de Vista 57/2017, de documentos privados de transferencia de cuotas de capital de la Minera Industrial "Chaska S.R.L.", sin que medie su instrumentación en escritura pública de acuerdo a la exigencia de la ley. Como segundo motivo, expuso la infracción del art. 568 del sustantivo civil, por validación indebida en la Sentencia precitada. El , declaró infundado el recurso planteado, vulnerando sus derechos al debido proceso por falta de fundamentación; a la impugnación; y, a la igualdad, por incongruencia omisiva debido a que no existe pronunciamiento sobre los motivos alegados en casación y además, no haberse efectuado una interpretación igual a la de otros fallos que correspondieron a supuestos fácticos similares.
En relación a la incongruencia omisiva y desigualdad de consideración jurídica, apuntaron que los Magistrados demandados, negaron atender el primer motivo de la casación en la forma; referido a, la ausencia de conformación del litisconsorcio pasivo necesario, al amparo de un formalismo sustentado en una supuesta carencia de reclamo en apelación, inobservando el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal que se desprende del valor-principio justicia y del de verdad material, conforme interpretó la . Añadieron que las autoridades demandadas no interpretaron adecuadamente, la garantía del debido proceso que no resguarda el ritualismo procesal estéril; y, tampoco asumieron que el principio de verdad material comprende la superación de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales; en ese sentido, soslayaron pronunciarse sobre la indicada denuncia contenida como se indicó en el primer motivo del recurso de casación en la forma, en el que se acusó la afectación de derechos propios y de terceros ajenos a la litis; es decir, no solo los propios sino los de la Minera Industrial "Chaska S.R.L." y dos de sus socios, pues la Sentencia pronunciada, ordenó la restitución de maquinaria que se encontraba en poder de la citada empresa, de la que es socio; razón por la que, resulta incoherente e injusto que se convalide un proceso en el que se dispuso de derechos de terceros que no formaron parte del mismo, realidad y verdad material, que fue denunciada en casación y no fue considerada en el fallo objeto de la presente acción de amparo constitucional.
A ello se añade que confrontado sus recurso de apelación y de casación, con el Auto Supremo rebatido en esta acción tutelar, específicamente con el cuarto considerando, apartado I, se puede advertir que las autoridades demandadas erraron al considerar que la falta de litisconsorcio pasivo necesario no se había reclamado ante el Juez de primera instancia o ante el Tribunal de apelación; es decir, erraron al aplicar la doctrina del per saltum, pues en el recurso de casación en la forma, en el primer motivo planteado, no solo se afirma que fue reclamado en la contestación a la demanda reconvencional sino que indicó que fue también impugnado en la apelación transcribiendo las partes pertinentes de ambos recursos.
También negaron la consideración del primer motivo de casación en la forma, al amparo de un formalismo, inobservando el principio de igualdad, pues en otros casos se dispuso la nulidad de oficio por esa razón, aun sin que medie reclamo, como se evidencia en los , y 139 de 30 de julio de 2012 de la Sala Civil Liquidadora, de manera que al limitarse a indicar que carecía de derecho para reclamar por los terceros; además de errar, al aseverar que no existió reclamo en apelación incurrieron en un peligroso trato desigual ante similares supuestos fácticos.
Continuando con su exposición, señalaron que el , carece de motivación y fundamentación porque habiéndose planteado en su recurso de casación en la forma, la infracción del art. 236 del CPC abrg, con relación a los arts. 90 y 227 del citado cuerpo legal, debido a que el Auto de Vista 57/2017, carecería de fundamentación, motivación y congruencia cuando resolvió los agravios primero al noveno y décimo primero e incurrió en incongruencia omisiva e insuficiente motivación y fundamentación sobre los agravios décimo primero, décimo segundo y décimo tercero, las autoridades demandadas no dieron una respuesta a tal agravio, especificando los siguientes:
- a)No existió ningún pronunciamiento respecto a que el Auto de Vista referido, no se expresó con relación a que la Sentencia impugnada no guarda las formalidades de los arts. 190 y 193 del mencionado Código; y, 1286 y 1311 del CC, al no haberse compulsado la prueba conforme a lo previsto por el art. 375 del CPC abrg, limitándose a enunciar los arts. 489 y 490 del sustantivo civil, soslayando la norma comercial al valorar los documentos de 30 de mayo y 27 de julio de 2012; y, los arts. 128 y 787 del Ccom, conculcando los derechos de los otros dos socios;
- b)Los Magistrados demandados, al considerar el criterio del Tribunal de apelación respecto al segundo agravio de la apelación, concluyeron que debió activarse el reclamo como error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba sin justificar por qué o cómo arribaron a esa conclusión; y, lo que es peor, ingresó en un ámbito más lesivo al dejar entrever que su persona carecería de legitimación para demandar, la nulidad que pretendía por "saber" del vicio que lo invalidaba, exponiendo una conclusión subjetiva y nociva que no fue sustentada en alguna prueba;
- c)No emitieron ninguna respuesta sobre que el Auto de Vista aludido, no se pronunció con relación a la existencia de contradicción en la Sentencia 022/2015, ni sobre si tal contradicción infringía el art. 549 inc. 4) del CC;
- d)En el acápite V, con relación al cuarto agravio, el fallo cuestionado incurre en el mismo acto lesivo denunciado, además de ser ininteligible su razonamiento;
- e)En los apartados VI y VII, en los que consideraron el quinto agravio de la apelación, asumieron que no concurre relación de causalidad entre la infracción denunciada y el fundamento del mentado Auto de Vista, pero no explicaron cómo arribaron a dicha determinación, incurriendo en fundamentación insuficiente;
- f)En el acápite VIII, respecto al sexto agravio del recurso de apelación, las autoridades demandadas señalaron que debió recurrirse de casación en el fondo por error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba sin referir la norma o fundamento por el cual se arribó a tal decisión; por lo que, adoptaron una determinación subjetiva e insuficiente;
- g)Los puntos IX y X del Auto Supremo cuestionado, se limitaron a indicar que la contradicción era infundada cuando en la práctica las refutaciones planteadas eran varias y no explicaron por qué consideraron que cada una de ellas no era tal; ocurrió lo mismo en el acápite XI, cuando sobre el agravio octavo de la apelación, en forma contradictoria a una anterior conclusión, consideraron que su persona no podía valerse de una prueba no citada en su demanda cuando por la misma razón, consideraron prueba que favorecía al entonces demandado; y,
- h)En el punto XII, sobre el noveno agravio los Magistrados demandados tendenciosamente, analizaron el caso del rechazo de la prueba ofrecida por su parte al amparo del decreto de "fojas 340" (sic), y no lo hicieron respecto a la prueba rechazada a la parte contraria, incurriendo en incongruencia omisiva. Finalmente, apuntaron que en el punto XIII del Auto Supremo mencionado, sobre los agravios décimo y décimo primero de la apelación, sostuvieron que el recurrente debió impugnar la conclusión probatoria sin explicar por qué y en mérito a qué fundamentos, adoptaron tal decisión.
Sobre el recurso de casación en el fondo, el segundo considerando y refiriéndose al primer motivo de dicha impugnación, el , afirmó erróneamente que su persona al plantear la demanda no había impugnado la falta de forma en la suscripción de los contratos aludiendo que no se generó la prelación con relación a los otros socios, y que ese fue el aspecto esencial para acusar el vicio de forma en la suscripción de los contratos, también hizo referencia a las facultades del administrador y en cuanto a las cuotas de capital, no expreso que los documentos carezcan de forma por no ser generados mediante documento público, como ahora acusa en el recurso de casación al indicar que debió efectuarse por escritura pública en base a los arts. 128 y 214 del Ccom, esta última norma no fue descrita en el memorial de demanda, menos se indicó que los documentos debieron ser suscritos por medio de escritura pública. Al respecto, aclaró que en la demanda de fs. "13 a 16 vta." (sic), se reclamó la falta de forma prevista por ley como requisito de validez, lo que fue ratificado en la apelación de la sentencia, de manera que el justificativo de las autoridades demandadas para no pronunciarse en el fondo, es equívoco, amén de que desconoce los principios de verdad material y valor-principio justicia, lo que demuestra desde luego, una indebida motivación e insuficiente fundamentación.
Añadió también que en el mismo considerando segundo de la Resolución confutada, sobre el segundo motivo de la casación, inobservo una vez más, los principios de verdad material y justicia, pues el documento privado, principal objeto de la acción resolutoria en la reconvención; es decir, el de 30 de mayo de 2012, en la cláusula primera, estipula una condición suspensiva cuando indica que José Guillermo Quevedo López, se comprometió a cancelar la deuda de $us400 000.- (cuatrocientos mil dólares estadounidenses), en el plazo determinado; sin embargo, en caso de no hacerlo, Macario Cruz Zegarra asumirá la deuda pendiente, cancelando la deuda total, así como la propiedad del 100% del ingenio y las acciones o cuotas de capital social de dicha empresa; lo que implica que para demandar la resolución de ese contrato y de su adenda, debía haber cumplido la citada obligación, lo que no ocurrió, verdad material de la que no podían abstraerse los Magistrados demandados en el , porque dicha conclusión resulta de la simple lectura del propio documento; es decir, de la prueba, dado que resulta grosero, lesivo e irracional, entender que tal documento pueda valorarse para declararse incumplido por su persona pero abstrayéndose de su propia lectura y del acatamiento por parte del entonces demandado en el proceso, lo que nuevamente acredita fundamentación indebida e insuficiente.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
El accionante a través de sus apoderados legales denunció que fueron lesionados el debido proceso en sus elementos motivación o fundamentación, impugnación e igualdad; y, su derecho a la tutela judicial efectiva, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
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