0631/2020-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0631/2020-S1 Sucre, 15 de octubre de 2020

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad

Expediente: 33503-2020-68-AL Departamento: Tarija

En revisión la Resolución 008/2020 de 12 de febrero, cursante de fs. 53 vta. a 58 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Armando César Suarez Vargas en representación sin mandato de María Fernanda Forero Michel contra Claudia Gamarra Hoyos, Vocal de la Sala Penal Primera en suplencia legal de su homóloga Segunda, ambas del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 11 de febrero de 2020, cursante de fs. 3 a 15, la accionante a través de su representante sin mandato, expresó lo siguiente los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En mérito a la imputación formal de 7 de enero de 2020 presentada en su contra por la supuesta comisión del delito de asesinato en grado de complicidad; el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Tarija emitió el Auto Interlocutorio 08/2020-MCP de 9 de enero, disponiendo su detención preventiva en el Centro Penitenciario Morros Blancos de Tarija; determinación contra la que interpuso recurso de apelación incidental, argumentando que el citado Juez incurrió en una errónea valoración de los elementos de prueba; toda vez que, dicha autoridad judicial estableció la probabilidad de autoría contenida en el art. 233.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sin considerar que existe un Informe -no refiere fecha- emitido por el Investigador asignado al caso, en el cual se señaló que su persona y otras coimputadas mujeres no participaron en ningún tipo de agresión, Informe que se basó tanto en grabaciones de las cámaras de seguridad como en declaraciones testificales.

Consecuentemente, en alzada, a través del Auto de Vista 21/2020-SP2 de 24 de enero, la Vocal de la Sala Penal Primera en suplencia legal de su similar Segunda, ambas del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -ahora demandada- resolviendo el recurso de apelación incidental interpuesto declaró la improcedencia de la misma y confirmó lo sostenido por el Juez a quo, estableciendo la concurrencia del primer requisito contenido en el art. 233 del CPP sin ningún sustento argumentativo lógico que esté debidamente fundamentado y motivado; toda vez que, no existen elementos objetivos que generen convicción que su persona de alguna manera hubiera participado en la comisión del delito de asesinato en grado de complicidad, siendo que en la imputación formal no se individualizó su participación, habiéndose pedido su detención por haber estado junto con los agresores antes o después de los hechos; asimismo, dicha determinación se pronunció con una errónea valoración de la prueba pues se utilizó el Informe -no refiere fecha- emitido por el Investigador asignado al caso, como un elemento irrefutable y referencial, sin considerar que en el mismo se señaló que su persona y otras coimputadas mujeres no participaron en ningún tipo de agresión, y si bien se hizo referencia que sus personas se encontraban "agarrando botellas y amenazando", ese hecho se desarrolló en lugar y tiempo diferente, que no tiene relación con el fallecimiento de la víctima; además de referirse "'...y las mujeres que se encontraban las detienen a los agresores para que dejen de golpearlo, luego se retiran del lugar...'" (sic) aspecto que desvirtuaría la posibilidad de participación en la comisión del tipo penal de asesinato, que al no ser considerado contravino la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- ya que la detención preventiva debe ser aplicada excepcionalmente, cuando las demás medidas cautelares personales sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho, privilegiando la libertad antes que su restricción, aplicando de manera individualizada dicha normativa y no juzgarse la participación en grupo, más aún cuando no existen presupuestos legales de subsunción del hecho al tipo penal ni elementos objetivos que demuestren el grado de complicidad, pues su persona se constituye en testigo presencial y de ninguna manera probable autora.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

La accionante denunció la lesión a sus derechos a la libertad; y, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, valoración de la prueba, tutela judicial efectiva y legalidad, así como el principio de inocencia, citando al efecto, los arts. 22, 23 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se emita un nuevo Auto de Vista en el que se aplique la Ley 1173, privilegiando el respeto al debido proceso en sus vertientes debida fundamentación, motivación y congruencia en relación a la concurrencia del art. 233.1 del CPP; y, disponiendo la aplicación de medidas sustitutivas necesarias.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 12 de febrero de 2020, según consta en el acta cursante de fs. 51 a 53, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliándolo manifestó que al emitir el Auto de Vista 21/2020-SP2, la parte demandada vulneró su derecho al debido proceso en su elemento fundamentación y motivación debido a que efectuó una generalización argumentativa respecto un hecho fáctico relativo a la afectación de un bien jurídico que está en proceso de investigación como lo es la vida, puesto que al momento de valorar la imputación formal y el Auto Interlocutorio 08/2020-MCP no realizó una individualización sustentada respecto a su persona, pues no refiere cual el grado de participación de manera específica, concreta y cual el elemento de convicción necesaria; además, se puso en conocimiento de la autoridad judicial demandada que "...el Juez de primera instancia si bien ha caracterizado la participación de otras personas que en este caso no tiene nada que ver en relación de nuestra defendida no sea expuesto de manera clara y concreta de qué forma cual es el nexo de causalidad hubiera tenido nuestra defendidas más si el Juez Instructor ha tomado el informe del asignado al caso que dice textualmente que la señorita mi defendidas no hubiera participado de acciones que afecten el bien jurídico la vida..." (sic) Informe que se constituye en elemento de convicción objetivo sustentable para que el aludido Juez en la sana crítica y en aplicación de la Ley 1173 pueda considerar "la excepcionalidad"; no obstante, la Vocal ahora demandada no explicó "...porque se está decidiendo en relación a ella no en conjunto..." (sic), por qué la detención domiciliaria con escolta, el arraigo, la presentación de garantes no serían suficientes en el caso.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Claudia Gamarra Hoyos, Vocal de la Sala Penal Primera en suplencia legal de su similar Segunda, ambas del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija mediante informe presentado el 12 de febrero de 2020, cursante a fs. 50, manifestó que el Auto de Vista 21/2020-SP2 cuestionado se ha encuadrado a derecho, pues contiene la exposición de las circunstancias fácticas y legales que sustentan la parte resolutiva, explicando la valoración armónica e integral de los elementos indiciarios aportados, consecuentemente solicitó se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de antecedentes cursantes en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa memorial de "Ampliación de Imputación Formal" de 7 de enero de 2020, presentado por el Ministerio Público ante el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Tarija, por el cual, se imputa formalmente a Luis Álvaro Llanos Gallardo y otros, por la presunta comisión del delito de asesinato, previsto y sancionado por el art. 252.2 y 3 del Código Penal (CP); y, a María Fernanda Forero Michel -ahora accionante- y otras, por la supuesta comisión del ilícito de asesinato en grado de complicidad -art. 252.2 y 3 con relación al art. 23 del aludido cuerpo normativo-. Asimismo, se solicita la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva de los imputados (fs. 23 a 27).

II.2. Mediante Auto Interlocutorio 08/2020-MCP de 9 de enero, Gustavo Taboada Suárez, Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Tarija, considerando que el Ministerio Público presentó imputación formal contra Álvaro Llanos Gallardo y otros, entre ellos la ahora accionante, y habiéndose desarrollado la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, declara la procedencia de la detención preventiva de los imputados, siendo su plazo de duración de seis meses conforme lo solicitado por el Ministerio Público, bajo los siguientes fundamentos:

II.3. Del Acta de Audiencia de Apelación de Medidas Cautelares de 24 de enero de 2020, se advierte que, los imputados Luis Álvaro Llanos Gallardo y otros -incluida la ahora accionante- alegan dentro de la impugnación interpuesta -recurso de apelación incidental- contra el Auto Interlocutorio 08/2020-MCP, que el Juez de primera instancia no cumplió con la obligación de valorar correctamente la prueba; toda vez que, no hay prueba para establecer el primer requisito contenido en el art. 233 del CPP, siendo obligación de dicha autoridad judicial tomar en cuenta que no concurre el requisito material para determinar la detención preventiva, pues "...el propio encargado de la investigación dijo que las mujeres impidieron que sigan agrediendo, la obligación del juez ante la evidencia del informe que está en el expediente no debió aceptar que esta señorita vaya a la cárcel..." (sic), no es posible "acusar" por simples suposiciones sino por "elementos"; consecuentemente no se debió aplicar la detención preventiva cuando la Ley 1173 determina que el juez debe aplicar las medidas cautelares contenidas del 1 al 9 del art. 231 Bis de la ley adjetiva penal si no existe la probabilidad de autoría; y además el Juez a quo no estableció un plazo de duración de la detención preventiva (fs. 45 a 46 vta.).

II.4. Mediante Auto de Vista 21/2020-SP2 de 24 de enero, Claudia Gamarra Hoyos, Vocal de la Sala Penal Primera en suplencia legal de su homóloga Segunda, ambas del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -ahora demandada-, señalando que se verificó que la fundamentación realizada por el Juez a quo fue concisa y clara, y no existe una irregularidad ni ilegalidad por cuanto se cumplió de manera expresa con lo que manda la ley, declara "sin lugar" al recurso de apelación incidental interpuesto por los imputados -entre ellos la accionante-, manteniéndose firme e inalterable el Auto Interlocutorio 08/2020-MCP, bajo los siguientes fundamentos:

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables1, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa.

En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

...el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia (las negrillas y subrayado nos corresponden).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vs. Venezuela2, refirió que:

77. La Corte ha señalado que la motivación 'es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión'. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.

78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las 'debidas garantías' incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso (las negrillas son adicionadas).

Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

...(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad...