Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0632/2019-S1 Sucre, 30 de julio de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional
Expediente: 27782-2019-56-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 01/2019 de 7 de febrero, cursante de fs. 95 vta. a 96 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Clovis Ugarteche Rocha contra Mirael Salguero Palma, Fiscal Departamental de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 28 de enero de 2019, cursante de fs. 64 a 68 vta., el accionante manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro de la denuncia presentada por Félix Toledo León contra Juan Antonio Gil Alba, Eusebia Padilla Cortez, Celsa y Lorena ambas Gil Padilla, por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, su persona como Fiscal de Materia de La Guardia del departamento de Santa Cruz, el 30 de agosto de 2018, conforme a los arts. 73 y 74 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, presentó su excusa para conocer el caso; toda vez que, ese mismo día a través de su esposa María Estela Gil Céspedes, llegó a tener conocimiento que parientes cercanos a ella estaban siendo investigados por la comisión de ilícitos y que la dirección funcional de dicha investigación estaba a cargo de su persona, no obstante que con anterioridad conoció el caso sin tomar en cuenta quiénes realmente eran los sujetos procesales; sin embargo, el entonces Fiscal Departamental del referido departamento, emitió la Resolución Fiscal Departamental JCC 022/18 de 5 de septiembre de 2018, negando validez a su excusa, sin tener en cuenta que de acuerdo al art. 74.I de la LOMP, tenía veinticuatro horas para presentarla, no habiendo considerado tampoco que tomó conocimiento el día que la presentó, concluyendo la autoridad fiscal superior que su persona habría contravenido lo dispuesto por las normas en materia de excusa; sin embargo, no hizo referencia alguna al tema relacionado con el tiempo, ni siquiera valoró la documentación presentada oportunamente, evitando analizarla puesto que no dio a conocer su criterio al respecto; emitiendo asimismo, una determinación incongruente por cuanto en el numeral 2 de la parte resolutiva, envió el caso a la Fiscalía de la localidad de El Torno del citado departamento, dando lugar a su requerimiento; empero, por otro lado, declaró ilegal la misma, remitiendo antecedentes a la autoridad sumariante disciplinaria, resultando evidente la contradicción existente en la parte dispositiva de la Resolución hoy cuestionada.
En ese sentido, la Resolución jerárquica:
- a)No explicó por qué al considerar el respeto al plazo fijado para el efecto, dejó de lado la documentación que acompañó al formular la excusa, concluyendo arbitrariamente que su persona no habría actuado de manera oportuna dentro de las veinticuatro horas, cuando en realidad no dejó de vencer dicho término, no habiéndose expuesto la valoración presumiblemente negativa que la documentación que adjuntó habría merecido, la misma que desde su enfoque acreditaba su correcto proceder en cuanto al momento preciso, válido y oportuno en que planteó su excusa;
- b)Se abstuvo de pronunciarse sobre los medios que acompañó para sustentar su alejamiento del caso, no existiendo ningún análisis de la falta de idoneidad de la documentación que demostraba la concurrencia de la causal de excusa, habiéndose incluso señalado sin exponer las razones al respecto que no se habría acreditado la existencia de elementos que sustenten su apartamiento del caso; y,
- c)La parte resolutiva no condice con lo prescrito por el legislador; toda vez que, por un lado dispuso remitir antecedentes a la autoridad sumariante, declarando ilegal su excusa, pero por el otro, ordenó al Fiscal de Materia de El Torno del referido departamento que asuma conocimiento del caso; en ese sentido, el declarar ilegal la referida excusa pero no mantenerlo como titular de la acción penal, se constituye en despropósito que atenta al debido proceso, pues en todo caso declarada ilegal su excusa, la ley lo obliga a llevar adelante el ejercicio de la acción penal; por lo que, a partir de esta decisión también se le obstaculiza el cumplimiento de sus funciones.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
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