Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0633/2019-S4 Sucre, 14 de agosto de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional
Expediente: 25393-2018-51-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 885/2018 de 30 de agosto, cursante de fs. 422 a 429 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jaime Huallpara Quispe, Administrador Ecónomo del Arzobispado de la ciudad de nuestra señora de La Paz contra Carlos Alberto Eguez Añez y Ricardo Torres Echalar, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Mediante memoriales presentados el 7 de agosto de 2018, cursante de fs. 294 a 311 vta., y de subsanación el 16 de igual mes y año (fs. 333 a 337 vta.), el accionante manifestó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 29 de noviembre de 2013, Irineo Jhony Toledo Marín, instauró ante Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social Tercero del departamento de La Paz, un proceso laboral contra el Arzobispado de la ciudad mencionada por cobro de supuestos salarios y beneficios, y no obstante que nunca existió relación laboral alguna ni trabajo efectivo, en base a errores garrafales cometidos en la valoración de los elementos de prueba y en omisión de la confesión expresa de la parte contraria sobre la ayuda proporcionada al demandante por principio caritativo, se dictó la Sentencia 235/2015 de 12 de octubre, declarando probada la demanda y condenando a la entidad al pago de Bs141 670,77 (ciento cuarenta y un mil seiscientos setenta con 77/100 bolivianos).
Ante la evidente violación del debido proceso sobre la valoración de la prueba, se formuló recurso de apelación impugnando la decisión del Juzgador, denunciando los errores cometidos por éste en la compulsa de los elementos de convicción, así como en la aplicación de la norma laboral; sin embargo, la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con escaso fundamento, confirmó la decisión de primera instancia, mediante Auto de Vista 36/2016 de 7 de julio, ratificando las vulneraciones cometidas por el inferior; en tales circunstancias, de forma adecuada, clara y concreta, especificando los agravios cometidos por el Tribunal de apelación, planteó recurso de casación objetando dicha determinación, denunciando puntualmente:
- a)La errónea valoración de la prueba sobre:
- 1)Los certificados de trabajo "de fs. 11 y 12 de obrados" (sic);
- 2)La confesión espontánea en la demanda y confesión provocada; y,
- 3)Las planillas, papeletas de pago y circulares que demostraban que el personal de la institución era dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; asimismo, acusó la vulneración de los arts. 154, 158, 161 y 167 del Código Procesal de Trabajo (CPT), así como de los principios de verdad material y primacía de la realidad, previstos en los arts. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 4 del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006; empero, la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Auto Supremo (AS.) 022/2018 de 20 de febrero, declaró infundado el recurso a través de argumentos totalmente superficiales que no respondieron a los reclamos formulados, limitados únicamente a la trascripción de normas adjetivas laborales, sin explicar los motivos por los cuales no habrían existido los errores denunciados.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
El accionante alegó la lesión del debido proceso, en sus elementos de una debida fundamentación, motivación y congruencia, y de valoración de la prueba, así como de la garantía de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115.II y 178.I de la CPE.
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela y se deje sin efecto el AS. 022/2018, debiendo los demandados emitir nuevo pronunciamiento de forma fundamentada, incorporando la motivación que haga compresible su decisión, bajo criterios de razonabilidad y equidad al momento de valorar la prueba.
Asimismo, impetró la aplicación de medida cautelar de cese y suspensión de toda medida coercitiva de ejecución del y sus efectos.
I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
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