Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0633/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad
Expediente: 53767-2023-108-AL Departamento: Potosí
En revisión la Resolución 01/2023 de 11 de febrero, cursante de fs. 231 vta. a 234 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Eva Céspedes Alejo en representación sin mandato de César Céspedes Alejo contra María René Iñiguez Araujo, Jueza Pública de Familia Primera de la Capital del departamento de Potosí.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 10 de febrero de 2023, cursante de fs. 208 a 216, el accionante expresó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el año 2010, el accionante suscribió un acuerdo conciliatorio con su exesposa, Karina Castro Cuba, mediante el cual se fijó una asistencia familiar de Bs600.- (seiscientos bolivianos) en favor de sus tres hijos menores de edad; posteriormente, el 26 de enero de 2016, a solicitud de la madre, se promovió un incidente de incremento de asistencia familiar, determinándose un monto de Bs1 450.- (mil cuatrocientos cincuenta bolivianos) mensuales.
Años más tarde, el 17 de noviembre de 2022, fue notificado en la ciudad de Sucre, mediante Comisión Instruida, con una planilla de liquidación por la suma de Bs208 800.- (doscientos ocho mil ochocientos bolivianos), supuestamente adeudada por incumplimiento en el pago de asistencia familiar; en tal sentido, en ejercicio de su derecho a la defensa, el 22 del mismo mes y año, dentro del plazo legal de tres días previsto por la normativa aplicable, presentó memorial de observación a la referida liquidación, planteando tres aspectos centrales:
- a)La planilla de liquidación habría sido elaborada con falsedad, mala fe y vulneración del principio de verdad material, por cuanto contenía errores en el cálculo, desconociendo el acuerdo conciliatorio y otras actuaciones cursantes en el expediente; asimismo, sostuvo que, si bien no efectuó pagos a través del juzgado, cumplió con la asistencia familiar de manera directa a favor de sus hijos, incluyendo el pago de colegiaturas, extremos que solicitó sean verificados mediante las declaraciones de sus hijos y requerimientos dirigidos a la unidad educativa correspondiente;
- b)Existía falta de legitimación activa de la demandante, toda vez que sus dos hijas mayores de edad contaban con veinticinco y veinte años, respectivamente, por lo que su madre carecería de legitimación para efectuar dicho cobro, correspondiendo que la autoridad judicial le otorgue el plazo de tres días para subsanar tal observación y, en su caso, se tenga por no presentada la liquidación de pensiones; y,
- c)Correspondía la cesación de la asistencia familiar respecto de su hija mayor, quien contaba con veinticinco años de edad, razón por la cual legalmente ya no correspondía continuar con dicho pago, considerando además que siempre estuvo pendiente de sus hijos, especialmente de ella, quien incluso residía con él en la ciudad de Sucre, donde le brindaba apoyo conforme a sus posibilidades.
Sin embargo, el 23 de noviembre de 2022, la parte demandante presentó un memorial solicitando la aprobación de la planilla de liquidación, petición que fue atendida de manera inmediata, emitiéndose el Auto de 25 del mismo mes y año, mediante el cual se aprobó la liquidación por Bs208 800.- (doscientos ocho mil ochocientos bolivianos) y se dispuso la expedición del correspondiente mandamiento de apremio, sin que previamente existiera pronunciamiento alguno respecto de las observaciones formuladas por el accionante.
Posteriormente, el 27 de enero de 2023, fue notificado con el Auto de 25 del mismo mes y año, mediante el cual la autoridad judicial observó aspectos formales de su memorial de 22 de noviembre de 2022; empero, únicamente respecto de la solicitud de cesación de asistencia familiar, omitiendo pronunciarse sobre la observación a la planilla de liquidación y la alegada falta de legitimación de la demandante; ante dicha situación, subsanó lo requerido y, además, el 1 de febrero de 2023 presentó un nuevo memorial reiterando sus observaciones y solicitando pronunciamiento expreso sobre los puntos omitidos.
No obstante, las reiteradas actuaciones procesales y el seguimiento constante efectuado dentro de la causa -incluyendo múltiples apersonamientos ante el juzgado-, la autoridad judicial no emitió resolución alguna respecto de las observaciones planteadas; asimismo, advirtió que el memorial de observación fue tramitado en un expediente separado (NUREJ al que se adicionó el sufijo "-1"), desvinculándolo indebidamente del proceso principal en el que se aprobó la referida liquidación.
Finalmente, el 7 de febrero de 2023, cuando se constituyó al domicilio de sus hijos con la finalidad de cumplir con la asistencia familiar, fue aprehendido en ejecución del mandamiento de apremio librado por la suma de Bs208 800.- (doscientos ocho mil ochocientos bolivianos), quedando privado de libertad en el Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de Potosí.
En ese contexto, sostiene que su privación de libertad se produjo en un estado de absoluta indefensión, toda vez que la autoridad judicial aprobó la planilla de liquidación sin considerar ni resolver las observaciones oportunamente presentadas, entre ellas aspectos sustanciales como la falta de legitimación de la demandante, la mayoría de edad de las beneficiarias y la indebida aplicación retroactiva del monto incrementado de Bs1 450.- (mil cuatrocientos cincuenta bolivianos) a periodos anteriores a la gestión 2016.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denunció la vulneración de su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 125 y 126 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga:
- 1)La restitución inmediata de su derecho a la libertad, con la reparación de los defectos legales denunciados;
- 2)La nulidad de las actuaciones procesales que se encuentren fuera del marco legal, a partir de la presentación de la liquidación de asistencia familiar que, a su criterio, carece de legitimación activa por falta de personería, dejando sin efecto todos los actuados procesales vinculados a la misma; y,
- 3)Se deje sin efecto el mandamiento de apremio y se ordene la celebración y señalamiento de audiencia dentro de las veinticuatro horas siguientes.
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