0634/2019-S1

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0634/2019-S1 Sucre, 30 de julio de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional

Expediente: 27739-2019-56-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 01 de 7 de febrero 2019, cursante de fs. 128 a 134 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Diedrich Wiebe Giesbrecht contra Juan Carlos León Rodas, Director Nacional; y Sergio Abrahan Imana Canedo, Director Departamental a.i. Santa Cruz ambos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de enero de 2019, cursante de fs. 82 a 94 vta., el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Refirió como antecedentes, que Mario Ortíz Landivar a través de un documento privado con reconocimiento de firmas, transfirió una superficie de 8 500 ha, del predio denominado "Primavera" situado en el municipio de Ascensión de Guarayos provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, en favor de Ewaldo Fischer Albuquerque, quien mediante su representante Oscar Ciro Pereyra Salvatierra, el 3 de agosto de 2005 a su vez decidió trasferir la superficie de 1 004,74 ha, a Diego Arturo Vera Lino y 1 001,25 ha, a Marco Antonio Vera Lino; estos últimos, mediante documento privado de 23 de septiembre de 2011, le transfirieron la superficie de 504 ha, cumpliendo desde esa fecha la función social con el desarrollo de actividad pecuaria y contando con ganado, aspecto reconocido por los vecinos y autoridades de la zona.

Manifestó que con la finalidad de obtener información sobre el proceso de saneamiento de su predio -Primavera-, logró con la intervención de la Defensoría del Pueblo y requerimiento fiscal, acceder a revisar el referido proceso, toda vez que esa información le fue negada por el INRA, bajo pretexto de que su persona no acreditó interés legal; a partir de lo cual conoció que:

a)El predio "Primavera" fue sujeto de un proceso de Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen "SAN-TCO" desde la gestión 1997 y cumplidas todas las etapas del proceso se emitió la Resolución Administrativa (RA) RA-ST 0122/2010 de 3 de mayo, reconociendo a Oscar Ciro "Pereira" Salvatierra como poseedor legal de la superficie de 500 ha ubicadas en el municipio Ascensión de Guarayos, provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz y declarando tierra fiscal la superficie de 8.119,0157 ha, conforme las coordenadas insertas en el plano adjunto de la citada Resolución aclarando que la misma no dispuso la aplicación de medidas precautorias como el desalojo;
b)Luego de tres años de emitida la Resolución Final de Saneamiento, el INRA dictó una Resolución rectificatoria RA-ST 0148/2013 de 11 de diciembre, dando curso a la solicitud de Oscar Ciro Pereyra Salvatierra y procediendo a rectificar el apellido paterno del solicitante quedando como Pereyra -antes Pereira-;
c)A cuatro años de la Resolución Final de Saneamiento Oscar Ciro Pereyra Salvatierra mediante memorial de 30 de julio de 2014, solicitó notificación con la Resolución final;
d)De igual manera pidió el replanteo del predio "Primavera", adjuntando propuestas de cambio del área a ser reconocida;
e)El INRA, mediante Informe Técnico JRLL-SCN-INF-SAN 1253/2014 de 25 de julio, adjuntando dos planos de 15 de agosto de 2014 y notificando a Oscar Ciro Pereyra Salvatierra el 19 de ese mes y año; modificó en gabinete el área que se encuentra inserta en el plano de la RA RA-ST 0122/2010, sin verificar in situ o por inspección ocular, si se afectarían a otras personas o subadquirentes; cuestionando la emisión del citado informe que dispone la modificación de la Resolución Final de Saneamiento que tenía como parte indivisible un plano adjunto, lo cual contraviene los arts. 67 y 343.I del Decreto Supremo (DS) 29215 de 5 de agosto de 2007, Reglamento de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, pues la Resolución mencionada, señala en su punto resolutivo tercero "Ejecútese el replanteo de límites sobre la superficies de 5000.0000 ha (quinientas hectáreas con cero metros cuadrados), conforme dispone el reglamento en actual vigencia" (sic); es decir, que se incumplió lo determinado por el art. 343.IV y la Disposición Final Décima del DS 29215; además, de los arts. 81. inc. a) y 82 de las Normas Técnicas para el Saneamiento de la Propiedad Agraria, Formación de Catastro y Registro Predial aprobado mediante RA 84/2008 de 2 de abril, los cuales determinan que cuando a un predio, se le reconoce superficies inferiores a las mensuradas, se debe efectuar un replanteo para definir con claridad los derechos otorgados y reconocidos, debiendo ser de conocimiento de los colindantes y del público en general, para otorgar la transparencia correspondiente; además, de no vulnerar los derechos de otras partes;
f)El INRA al no cumplir con la normativa, dio lugar a que su persona no tenga conocimiento del cambio o replanteo, pues no pudo apersonarse, plantear observaciones o recursos dejándolo en estado de indefensión; y,
g)Dicha entidad administrativa siguió vulnerando sus derechos con la emisión del Título Ejecutorial PPDNAL380975 en favor de Oscar Ciro Pereyra Salvatierra, quien como se refirió, ya no era propietario del predio, lo que conllevó a considerar su propiedad, como tierra fiscal, constituyéndose todo este atropello, en vías de hecho y no de derecho vulnerándose de esta forma el debido proceso en su vertiente legalidad y derecho a la defensa.

Por otra parte refirió que la comunidad campesina denominada "La Selva", conformada por un grupo de personas, solicitaron al INRA la dotación de tierras, lo que fue atendido por Resolución Administrativa de Autorización de Asentamiento RES-ADM-AUT 023/2016 de 19 de enero, en la que se dispuso el asentamiento de dicha Comunidad en tierras fiscales ubicadas en el municipio de San José provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz en una extensión superficial de "...1.100,9930 ha (Un mil cien hectáreas con nueve mil novecientos treinta metros cuadrados)..." (sic), lugar donde esa comunidad no cumplió la función social; y que al evidenciar que su propiedad tiene mejoras, mediante nota de 1 de abril de 2016, la comunidad campesina "La Selva", solicitó se considere el predio denominado "Primavera" para su asentamiento, pidiendo expresamente esa reubicación mediante nota de 9 de junio de 2017, emitiéndose como consecuencia la RA RES-ADM 032/2017 de 25 de agosto, que en la parte resolutiva primera, dejó sin efecto la RA RES ADM AUT 023/2016 de 19 de enero y en el punto resolutivo segundo autorizó el asentamiento de la comunidad campesina "La Selva" en la tierra fiscal en el municipio de San Javier, provincia Ñuflo de Chávez del departamento de Santa Cruz en una superficie de 500 ha, las cuales según especificaciones técnicas y coordenadas del plano adjunto se sobreponen a su propiedad, vulnerando sus derechos de propiedad y trabajo, al haber otorgado el INRA tierras de su propiedad a terceros como si fueran fiscales; aclaró que no está en contra de que a la referida Comunidad se le dote tierras, pero no sobre el área que se encuentra en su propiedad, la cual adquirió legalmente y de buena fe, teniendo mejoras y cumpliendo la función social desde la gestión 2011.

En ese contexto mencionó que los servidores de INRA Santa Cruz, emitieron el Informe Técnico Jurídico DDSC UDAJ INF. 047/2018 de 13 de marzo, referido a la inspección ocular en la tierra fiscal comunidad campesina "La Selva", aprobado por el Director Departamental de esa entidad administrativa -ahora demandado- y en cumplimiento al Memorándum DDSC-UDAJ-MEMO 045/2018 de 6 de marzo; en el que existen contradicciones e irregularidades, como referir, que se constituyeron en el municipio de Pailón, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz y ejecutar la inspección en otro lugar distinto al designado; no se especificó la ubicación geográfica y la superficie declarada fiscal; señaló varias resoluciones sin especificar cuál de ellas determinan las medidas precautorias y la fecha de notificación; los funcionarios del INRA Santa Cruz se apersonaron al predio "Paraíso" y no así al predio "Primavera" siendo incongruente; no se valoró los datos aportados a la entidad administrativa en reiteradas ocasiones, conculcando su derecho a la defensa; pues sólo se analizó una imagen satelital de la gestión 2017, sin contrastarlas con imágenes de gestiones pasadas existiendo tradición en la posesión y cumplimiento de la función social antes de la promulgación de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria; sin embargo, el informe sugirió la emisión de auto de intimación, recomendación que fue omitida por el Director Departamental del INRA Santa Cruz, actuando de forma negligente, vulnerando los arts. 6 y 446.II del DS 29215 pues en la carpeta de saneamiento del predio "Primavera", consta documentación presentada que acredita su derecho de propiedad que nunca fue analizada, y por la que se hubiera considerado que su posesión es legal recomendando el archivo de la denuncia.

Con esos antecedentes, refirió que el Director Departamental del INRA Santa Cruz, emitió la Intimación DDSC-UDAJ-INT. 037/2018 de 18 de mayo, cuestionándolo de erróneo, toda vez que:

1)La intimación refiere que las tierras fiscales se encuentran ubicadas en el municipio de San Javier, provincia Velasco del departamento de Santa Cruz; sin embargo, basa su decisión en las Resoluciones Administrativas (RRAA) RA-ST 0122/2010 y RA-ST 0148/2013 las que en su parte resolutiva determinaron la existencia de tierra fiscal en el municipio Ascensión de Guarayos, provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz;
2)Se ejecuta un desalojo sin cumplir los procedimientos establecidos en el Capítulo I y II del Título XIV del DS 29215 debiendo emitirse una resolución administrativa de medidas precautorias y si es como consecuencia de un proceso de saneamiento, debe verificarse si en la resolución final se dispuso el desalojo como medida precautoria conculcando el debido proceso en su vertiente legalidad;
3)La diligencia de notificación no es legible por que no coinciden con la inspección, desconociéndose dónde se hubiese pegado la diligencia; y,
4)Las fotocopias adquiridas por requerimiento fiscal, hacen constar que existen dos intimaciones con el mismo número de cite y con la misma fecha en una se consigna la provincia Velasco y la otra Ñuflo de Chávez actuaciones que dan lugar a una nulidad, porque todas las actuaciones son irregulares y vulneran el derecho a un debido proceso en sus vertientes legalidad y congruencia.

En su mérito presentó recurso de revocatoria contra la intimación dispuesta en el informe DDSC-UDAJ-INT 037/2018, aprobada por el Director Departamental del INRA Santa Cruz, mediante memorial de 28 de mayo de 2018 haciendo conocer su derecho propietario, solicitando fotocopias y certificaciones, mismo que fue respondido mediante decreto de 29 de ese mes y año, que dispuso la "...NO ADMISIÓN DEL RECURSO DE REVOCATORIA..." (sic), contra la intimación sugerida por el informe citado supra, con el argumento de que no es un acto recurrible; determinación que le fue notificada el 8 de junio de 2018, considerando que el recurso presentado no fue resuelto conforme al art. 86 del DS 29215; y que dicha providencia no se encuentra motivada ni fundamentada, al no explicar por qué el mismo no fue admitido y menos señalan la normativa legal aplicable, falta aludida -que a su criterio- es causal de nulidad atribuible al Director Departamental del INRA Santa Cruz. En cuanto a la solicitud de fotocopias, certificaciones y otros, realizada en el memorial del recurso de revocatoria se respondió "...ESTESE AL PRESENTE DECRETO..." (sic); lo que devino en que se apersone a la indicada entidad administrativa donde le manifestaron que no podían otorgarle lo requerido, por no acreditar interés legal lo cual aduce es incomprensible toda vez que se le instauró en su contra un desalojo siendo parte del proceso, cuestionando por ello el por qué no tiene derecho a saber los motivos del desalojo y despojo de su propiedad, así como saber cuál es la resolución que determinó tal medida y su notificación a fin de interponer los recursos legales que la ley le franquea, conculcando con su negación sus derechos de petición y defensa.

Ante tales hechos el 19 de junio de 2018 decidió presentar el incidente de nulidad ante la Dirección Departamental del INRA Santa Cruz, contestado por Informe Legal DDS-UDAJ-INF 339/2018 de 2 de julio, por el cual, no se admitió el mismo disponiéndose esté a lo previsto por el art. 7 inc. b) del DS 29215, determinando su rechazo; solicitando nuevamente por memorial de 30 de julio de ese año, pronunciamiento sobre el incidente de nulidad, oportunidad que su derecho al debido proceso fue nuevamente conculcado al emitir el Informe Legal DDSC-UDAJ. INF 0372/2018 de 10 de agosto, refiriendo que la solicitud fue respondida, debiendo estar a lo dispuesto en el Informe Legal DDSC-UDAJ-INF 339/2018, sin explicar el fundamento legal para que dichos informes no cuenten con la aprobación de la Dirección Departamental del INRA Santa Cruz, lo cual los hace carentes de legalidad y conculcan el derecho de petición. Nuevamente el 21 y 25 de septiembre de 2018, solicitó se deje sin efecto la ejecución de desalojo, adjuntando documentación respaldatoria de derecho propietario así como análisis multitemporal del predio, pidiendo otra vez fotocopias simples o legalizadas del proceso de dotación de tierras fiscales a favor de la comunidad campesina "La Selva"; misma que fue informada a la Unidad de Transparencia del INRA Nacional para que tome conocimiento del irregular proceso de desalojo instaurado en su contra y a cuyos memoriales no se dio respuesta hasta la presentación de esta acción tutelar.

El mismo 25 de septiembre de 2018 los servidores públicos ejecutaron una orden de lanzamiento para su desalojo precintando su vivienda con un letrero en el que se señalaba que la misma era "...tierra fiscal y de propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia..."(sic), sin que se le hubiera entregado copia de la referida orden como se advierte del acta refrendada por Notario de Fe Pública 1 de San Javier, identificando en las firmas a un supuesto trabajador del predio "Primavera" -Henry Fernández- quien es miembro de la comunidad campesina "La Selva".

Señaló como corolario a las lesiones de sus derechos fundamentales, que el Director Departamental del INRA de Santa Cruz junto a otros funcionarios se adhirieron a la denuncia presentada por María Chuve Cesari y otro en calidad de representantes de la comunidad campesina "La Selva", por la presunta comisión de los delitos de amenazas y otros ante el Ministerio Público del municipio de Concepción de la provincia Ñuflo de Chávez del indicado departamento, ampliando la misma por el delito de avasallamiento, mencionando que su persona es menonita, cuando presentó documentos que respaldan su nacionalidad boliviana, incurriendo los funcionarios del INRA en discriminación; por su parte, respecto a lo aludido del mismo modo la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos "ApiaguaikiTumpa" del departamento de Santa Cruz por nota de 7 de diciembre de 2017, sentó su denuncia de avasallamiento señalando como autor a un "menono", aspecto que constituye en un acto discriminatorio; asimismo, dicha denuncia recaía sobre tierras que se encuentran en el municipio de San Javier, provincia Ñuflo de Chávez del referido departamento, lo que contradice a la Resolución Final de Saneamiento en la que se establece que el predio "Primavera" se encuentra en el municipio de Ascensión de Guarayos, provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz; así, luego de esta denuncia no se emitió ningún informe decreto o auto para que se dé inicio el procedimiento de desalojo incumpliendo lo establecido en el art. 445 del DS 29215.

I.1.2.Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, alegó la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de legalidad, fundamentación y motivación, a la defensa, a la propiedad privada, al trabajo, al acceso a la información y a la petición, señalando los arts. 13, 14.I, II, III, IV y V, 46, 115, 119.II, 128, 129, 180.I y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, art. 8.2.incs. d) y e) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia se ordene:

i)La nulidad del proceso de saneamiento hasta la emisión del Informe Técnico JRLL-SCN-INF-SAN 1253/2014 de 25 de julio, que aprueba el cambio de ubicación y replanteo del predio "Primavera";
ii)La nulidad de la RA RES-ADM 032/2017 de 25 de agosto emitida en favor de la comunidad campesina "La Selva" y los informes legales emitidos;
iii)La nulidad de obrados del proceso de desalojo; y,
iv)La aplicación de medidas cautelares.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 7 de febrero de 2019, según consta en el acta cursante de fs. 119 a 127 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y la ampliación de la acción

La parte peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó el tenor íntegro de su memorial de acción de defensa y ampliándolo, refirió que:

a)Ewaldo Fischer Albuquerque y Fátima Pereira asumieron posesión del predio "Primavera" en 1995 quienes por intermedio de su apoderado Oscar Ciro Pereyra Salvatierra el 3 de agosto de 2005, transfirieron a los hermanos "Vera Lino" más de 2 000 ha y estos a su vez el 2011 le transfirieron 504 ha del mismo predio por la suma de $us130 000.- (ciento treinta mil dólares estadounidenses) existiendo una minuta aclarativa de coordenadas del predio transferido con ubicación exacta presentada al Director Nacional del INRA conforme consta en la hoja de ruta 30932, haciendo conocer su derecho propietario y la función social que cumplía, pidiendo el saneamiento en su favor, no existiendo una respuesta hasta la interposición de la presente acción tutelar;
b)Se presentó una solicitud de inspección judicial ante el Juez Agroambiental siendo la misma notificada al INRA;
c)La RA RA-ST0122/2010 de 3 de mayo, no tiene ninguna determinación sobre los límites o coordenadas anuladas y declaradas tierra fiscal, la cual en la gestión 2014 fue modificada por un informe; sin embargo, se ha encargado su ejecución a la Dirección General de Saneamiento y la Unidad de Titulación y Certificación, con la ayuda de un plano que tiene especificidad, sobre cuál es la propiedad que se ha adjudicado a Oscar Ciro Pereyra Salvatierra;
d)La solicitud de replanteo del predio "Primavera" ubicado en la provincia Ñuflo de Chávez del departamento de Santa Cruz, con imágenes satelitales en ningún momento fueron de su conocimiento; sin embargo, el INRA conocía que esas tierras estaban siendo trabajadas y cumplían la función social, a pesar de ello, procedió a modificar con un informe el lugar de tierra fiscal y no por resolución;
e)El Informe "1253/2014" es de gabinete y cambia la ubicación del predio de su propiedad volviéndola tierra fiscal, sin darle la oportunidad de defenderse en un debido proceso conforme lo establece el art. 115.I de la CPE, incumpliendo el principio de certeza, certidumbre y taxatividad;
f)El Estado otorgó a una comunidad como dotación de tierra fiscal una propiedad privada, lo que lesiona su derecho a la propiedad garantizada por la Constitución Política del Estado, resultando fácil otorgar tierras fiscales sobre una tierra ya trabajada;
g)En su caso el delito de avasallamiento no se adecua por ser poseedor de la tierra desde la gestión 2011, debiéndose tener en cuenta que el testigo que firma la notificación con la intimación y desalojo se encuentra en la lista de beneficiarios de la dotación siendo parte del proceso cuya representante es María Chuve Cesari;
h)Se incumplió el art. 447 de la ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA), pues los Directores Departamentales o Jefes del INRA, recibido el informe de inspección y pruebas, dentro de los cinco días hábiles siguientes deben determinar la legalidad del asentamiento o el desalojo de las tierras mediante resolución;
i)No se brindó la posibilidad de recurrir la determinación en apego al contenido del art. 448 del DS 29215;
j)La "Resolución 37/2018", tiene dos versiones;
k)Como medidas precautorias solicita el libre ingreso de su persona y sus trabajadores a la propiedad en cuestión para precautelar sus bienes y el ganado, señalando que se encuentran en época de lluvias; y,
l)Existe el primer memorial de 12 de septiembre de 2017; por el cual, pidió la adjudicación de los terrenos, posteriormente conforme se tiene la de hoja de ruta 168/2017 de 18 de octubre, solicitó la adjudicación simple de tierra fiscal y por memorial de 20 de octubre de igual año, pidió nuevamente la adjudicación; sin embargo, a criterio del INRA, no se le otorgó respuesta por ser extranjero.

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