0635/2022-S3

El accionante, por intermedio de su abogado, ratificó los alegatos de su demanda constitucional, y ampliando en audiencia manifestó que:

1. a)El argumento del Fiscal de Materia coaccionado en sentido de que al haberse suscitado los hechos quince años atrás no daría curso para obtener una sentencia condenatoria, o que sobrevendrá una prescripción, no pueden sustentar una resolución de sobreseimiento basado en hechos futuros que puedan o no acontecer;
2. b)En la Resolución Fiscal de Sobreseimiento, se admite la comisión expresa del delito de falsedad, pero valorando la prueba refiere que no sería imputable; y, respecto al uso de instrumento falsificado, sostiene que quien hace uso tiene que conocer su falsedad, pero que en el caso no se pudo demostrar que el imputado hubiera "realizado" o conocido de la falsedad, y que tampoco se acreditó el perjuicio más aún si el documento falso de "2005" recién se inscribió el derecho propietario en DD.RR el 2018; además la imputación por los delitos es el 2019; y,
3. c)Si bien fiscales y autoridades judiciales no están obligadas a seguir las conclusiones de los peritos, pero de acuerdo con el art. 1333 del Código Civil (CC) están obligados a generar sus propias conclusiones, lo que evidencia la indebida valoración de la prueba.

Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, por informe escrito, cursante de 71 a 89 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada refiriendo que:

1. 1)La Resolución Fiscal Departamental 067/2020, expresa los motivos de hecho y derecho de la decisión;
2. 2)En la denuncia de 17 de enero de 2019, se alega que producto de una relevación de información sobre la transferencia en adjudicación de un área de uso público en la U.V 61, Mza. 39 de 20 de diciembre de 2004, en favor de Ysidro Umaña Pereda, se advirtieron irregularidades con indicios de responsabilidad penal de ex funcionarios del municipio y del referido particular; asimismo, se sostiene que en el Testimonio 035/2005, se dispuso el cambio de uso de suelo público a vivienda mediante Ordenanza Municipal 038/99, aprobando el intercambio mediante la figura de permuta, donde no se hace referencia a la U.V 61, también se alega que el imputado canceló la tasa por servicios y del valor del terreno en la cuenta de Fondo en Custodia del Gobierno Municipal, sin advertirse documentación sobre tales pagos, siendo que los extractos de dicha cuenta solo muestran pagos a partir del 2014;
3. 3)En respuesta al requerimiento fiscal de 2 de abril de 2019, la Secretaría Municipal de Planificación del GAM de Santa Cruz de la Sierra, hace conocer que de la revisión de archivos, no se cuenta con documentación original debido a que los instrumentos públicos son remitidos a la Dirección de Bienes Municipales para su custodia, como tampoco cuentan con fotocopia de la citada Ordenanza Municipal;
4. 4)En el cuaderno de investigaciones cursa fotocopias simples del Testimonio 035/2005, la Ordenanza Municipal "038/2019" de 16 de julio de 1999;
5. 5)Del dictamen pericial del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) de 12 de agosto de 2019 que tuvo por objeto analizar la veracidad de las firmas en el documento de Testimonio 035/2005, se concluyó que las firmas de María Antonieta Santibañez Tamashiro y Rómulo Calvo Bravo no corresponderían a esas personas;
6. 6)Ysidro Umaña Pereda presentó demanda de usucapión y extinción de derecho propietario por prescripción en contra del Gobierno Municipal, por lo que en audiencia de "12" de agosto de 2020, el Juez Civil y Comercial Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, declaró probada la excepción de tercería de dominio excluyente, ordenándose a la oficina de DD.RR la cancelación de la matrícula "70111060176246", motivando a la representación de la Alcaldía interponer recurso de apelación siendo rechazado por Auto 538/2020 por encontrarse fuera de plazo, rechazándose también un incidente de nulidad;
7. 7)Ysidro Umaña Pereda, por memorial de "26" de octubre de 2020, acompañó fotocopia simple alodial donde consta que el terreno con matrícula "70111060176246" fue cancelada de acuerdo a la Sentencia ejecutoriada de 12 de agosto del citado año, cancelación que tuvo lugar con base en la certificación del Secretario del referido juzgado estableciendo la ejecutoria del "proceso";
8. 8)El 20 de octubre de 2020, la Alcaldía interpuso recurso de compulsa contra el Auto 538/2020, siendo resuelto por la Sala Civil de turno mediante Auto 15 de 6 de noviembre de 2020, que declaró legal la compulsa, aclarando que el fallo fue emitido de forma posterior a la resolución de sobreseimiento, por lo que se encuentra pendiente de resolución el recurso de apelación planteado por el GAM de Santa Cruz de la Sierra, proceso que dirimirá el derecho propietario;
9. 9)"En ese sentido", se dictó la Resolución Fiscal Departamental RRMM 067/20, con la garantía, objetividad, debido proceso, fundamentación, motivación y congruencia, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y la cita de las normas de manera congruente, sustentando la parte dispositiva;
10. 10)Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones, se pronunció la SCP 0134/2019-S1 de 17 de abril; asimismo, se tiene que la motivación no necesariamente debe ser ampulosa en consideraciones y citas legales, pudiendo ser concisa y satisfacer los puntos demandados;
11. 11)El impetrante de tutela alega la lesión del principio de verdad material, al respecto la SCP "1233/2017" de 28 de diciembre refiere que la valoración de la prueba es facultad privativa de la jurisdicción ordinaria; y, con relación a la congruencia se tiene la SC 0486/2010-R de 5 de julio;
12. 12)Cabe precisar de manera "ENFATICA Y CATEGORICA" que el Ministerio Público ejerce la acción penal pública, estando sujeta a principios en el marco de la previsto por el art. 225 -se entiende de la CPE- concordante con la Ley Orgánica del Ministerio Público que establece que su actuación se sujeta a los principios de unidad, jerarquía, objetividad, obligatoriedad y probidad, debiendo en todas las etapas procesales considerar no solo las circunstancias que sustente una acusación, sino también las que sirvan para disminuir o eximir de responsabilidad al imputado; por lo que, sus funciones no se encuentran sometidas a otros Órganos del Estado, además que bajo el principio de unidad y jerarquía es único e indivisible en todo el territorio;
13. 13)El Fiscal de Materia actuó conforme los antecedentes cursantes en el cuaderno de investigación, efectuándose un análisis descriptivo de la actividad probatoria realizada durante la investigación;
14. 14)Conforme la jurisprudencia mencionada, las deficiencias alegadas tendrían que ser relevantes, de lo contrario modificar la resolución tendría como efecto emitirse un nuevo fallo con el mismo resultado;
15. 15)Por otra parte la jurisprudencia, a través de la SC 1237/2004-R de 3 de agosto, establece que esta acción de defensa no puede ser utilizada como otra instancia ordinaria pretendiendo la revisión de las decisiones de las autoridades judiciales;
16. 16)La presente acción tutelar, de acuerdo con el art. "323 inc.3" del CPP no es "procedente" por no cumplirse con el principio de "subsidiariedad" según prevén los arts. 53 y 54.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo), siendo que existe una demanda civil que dirimirá el derecho propietario;
17. 17)Debe considerarse que el derecho penal es de última ratio, según precisó el Auto Supremo A.S. 276/2014-RRC de 27 de junio;
18. 18)No es evidente las lesiones alegadas, puesto que el peticionante de tutela no demostró de qué manera se vulneraron los derechos y garantías invocados, toda vez que la Resolución Fiscal Departamental RRMM 067/20 expuso los hechos realizando la fundamentación legal citando las normas que sustentan la parte dispositiva, como tampoco demostró cual la relevancia constitucional; y,
19. 19)El Ministerio Público no contravino lo dispuesto por el art. 203 de la CPE, observando y cumpliendo la jurisprudencia constitucional; por lo que, no deben dejarse sorprender con acusaciones y argumentos alejados de la realidad, más aun si la supuesta afectación al debido proceso queda desvirtuado por estar alejadas de la verdad material.

Luis Enrique Rodríguez Suárez, Fiscal de Materia, por informe escrito, cursante de fs. 92 a 94, impetró se deniegue la tutela solicitada, refiriendo que:

1. i)El accionante es "funcionario Ministerio Público", estando en la obligación de agotar las instancias procesales, en el presente caso, Ysidro Umaña Pereda fue procesado e investigado por la presunta comisión del delito de contratos lesivos al Estado y otros;
2. ii)La investigación siguió su curso normal, incluso se emitió Resolución de rechazo de denuncia que no fue objetada por el impetrante de tutela;
3. iii)El sobreseimiento es un mecanismo que en determinadas circunstancias cierra el proceso con relación al imputado, y se emite por estimarse que carece de fundamento o está extinguida la pretensión represiva;
4. iv)El peticionante de tutela pretende utilizar este medio de defensa constitucional para suplir la obligación que tenía de cumplir con la carga de la prueba, ya que el art. 6 del CPP refiere la presunción de inocencia y que la carga de la prueba corresponde al acusador;
5. v)La subsidiariedad no solo se agota en el aspecto formal, es decir sobre la obligación de utilizar todos los recursos establecidos por el ordenamiento jurídico, sino que a través de esos medios se reclamen todos los actos ilegales que supuestamente le causan agravio;
6. vi)El art. 128 de la CPE establece que -se entiende la acción de amparo constitucional- es una garantía para proteger los derechos fundamentales;
7. vii)La legitimación es un concepto que define la posibilidad de acceder a los tribunales, pudiendo participar de forma activa o pasiva;
8. viii)El art. 40.11 de la LOMP establece la facultad de resolver, de manera fundamentada, la imputación formal, el rechazo -entiéndase de la denuncia-, el sobreseimiento, y la acusación formal dentro del plazo señalado por ley; y,
9. ix)Los argumentos del Ministerio Público se encuentran debidamente fundamentados conforme al ordenamiento jurídico vigente, situación convalidada por el Fiscal Departamental al ratificar el sobreseimiento, por lo que no se lesionó ningún derecho ni garantía constitucional.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 106/21 de 30 de julio de 2021, cursante de fs. 102 a 107 vta., denegó la tutela solicitada; determinación asumida bajo los siguientes fundamentos:

1. a)Resulta necesario establecer que la revisión es "ejercida" desde la última resolución hasta la primera, por lo que el control tutelar no puede omitir las resoluciones emitidas en última instancia, ello bajo el principio de subsidiariedad, toda vez que existe una exposición de agravios relacionadas con la resolución emitida por el Fiscal de Materia coaccionado, debiendo fundamentar los agravios en los que incurrió la última resolución esgrimida en la jurisdicción ordinaria o en el caso de auto, ante el Ministerio Público, es decir, la Resolución Fiscal Departamental RRMM 067/20;
2. b)De la lectura del memorial de acción de amparo constitucional, se tiene una mención de agravios relacionados con la citada Resolución, precisión que se realiza en cuanto a la resolución sobre la cual se ejercerá el control tutelar, y en caso de evidenciarse los agravios, podría ingresarse -entiéndase a revisar- la resolución del Fiscal de Materia, siempre y cuando sea evidente;
3. c)Respecto a la Resolución Fiscal Departamental RRMM 067/20, el accionante alega que no expone las razones por las que resolvió de una u otra manera los agravios, existiendo ausencia de fundamentación, que no es lo mismo que fundamentación errada; por otra parte se reclama que no se consideró los aspectos cuestionados en el memorial de impugnación, así como aluden cumplir con la carga argumentativa a los fines de la verificación de la valoración probatoria; es decir, la acción de amparo funda tres agravios, el primero con relación a la omisión de pronunciamiento sobre los reclamos del memorial de impugnación; segundo, que en consideración a los agravios no explica ni funda las razones y los motivos por los cuales asume la decisión; y tercero, la errónea valoración de la prueba;
4. d)Con relación al primer agravio, se tiene que en el memorial de impugnación a la Resolución de Sobreseimiento, en las tres primeras partes, hace una contextualización de los elementos constitutivos de los tipos penales endilgados; en el apartado III.3 menciona la falta de la valoración probatoria transcribiendo cada uno de los elementos cursantes en el cuaderno de investigación respecto de los cuales el Fiscal de Materia dispuso el sobreseimiento; al efecto, la Resolución Fiscal Departamental RRMM 067/20 en el Considerando 4 hace referencia a los elemento constitutivos del tipo penal, y en el considerando 6, expone las razones por las cuales considera que "...se innova un valor probatorio a la luz y los cánones del debido proceso a todos y cada uno de los elementos de prueba..." (sic); es decir, existe un pronunciamiento respecto a los agravios invocados, aclarándose que no se está ingresando a revisar si la motivación es la correcta, por lo que el reclamo no resulta evidente;
5. e)Con relación al segundo agravio "...ni en la audiencia oral, ni en la acción de amparo formalmente presentada ha tenido a bien ser proveídos..." (sic), siendo inexistente una argumentación sobre la relevancia constitucional sobre una motivación arbitraria y cuál de los elementos de interdicción a la arbitrariedad se adecúa a la motivación que considera absurda, ilógica o con error evidente; incluso en la fs. 46 del expediente constitucional argumenta "...a continuación y el dolo de precisar los supuestos fácticos de los derechos vulnerados se cumpla con la carga argumentativa, hechos demostrados 1..." (sic);
6. f)La Resolución Fiscal de Sobreseimiento no es motivo de revisión por el principio de subsidiariedad, debiendo analizarse previamente la última resolución;
7. g)La Resolución Fiscal Departamental RRMM 067/20 establece en el acápite de hechos probados "...ahí si ingresa la Resolución del Fiscal Departamental, no considera los puntos impugnados; es decir, reitera el argumento de ausencia de pronunciamiento aun cuando en lo subtítulo expresamente manifiesta que existe una errónea motivación, funda inclusive la ausencia de congruencia sin precisar cuál es elemento obviado de lo peticionado, lo fundado y lo dispuesto, por lo que tampoco es evidente que la parte accionante hubiese unido a esta Sala Constitucional de la carga argumentativa pertinente para ingresar a verifica si existe una motivación arbitraria o una motivación insuficiente, así como tampoco si existe incongruencia, o incongruencia aditiva interna o externa." (sic); y,
8. h)En cuanto a la errónea valoración de la prueba, -entiéndase de acuerdo con lo señalado por- la 0SCP 0340/2016-S de 8 de abril, debía establecerse qué pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad deductiva previsibles, lo que no fue precisado por la parte peticionante de tutela, tampoco señala cuáles no fueron recibidas o no fueron producidas, menos argumentó la incidencia de esa omisión o valoración irrazonable en la Resolución final que se traduce como nexo de causalidad.

La parte accionante alega que:

1. 1)El Fiscal de Materia accionado emitió Resolución Fiscal de Sobreseimiento a favor del tercero interesado, carente de motivación, fundamentación, congruencia, y valoración pertinente de la prueba, manifestando que no se aportaron suficientes elementos para sustentar una acusación; y,
2. 2)Ante la impugnación de dicha Resolución, el Fiscal Departamental accionado, confirmó el fallo impugnado mediante la Resolución Fiscal Departamental omitiendo valorar los elementos provenientes del Informe de Auditoría Interna D.A.I. 474/2018, por el contrario señaló que no podía establecerse ningún perjuicio, y que el derecho propietario fue dilucidado en la vía civil, encontrándose ejecutoriado, lo cual no es evidente; asimismo, señaló que al haber transcurrido el hecho hace quince años, operarían institutos jurídicos como la prescripción, sin considerar que uno de los delitos denunciados es de corrupción, pero la autoridad Fiscal Jerárquica se limitó a reiterar los argumentos del Fiscal de Materia, sin motivar ni fundamentar su resolución, resultando incongruente entre lo pedido y lo resuelto; consecuentemente, ambas autoridades fiscales lesionaron el debido proceso en los precitados componentes, así como el derecho a la defensa, y los principios de legalidad y seguridad jurídica.