0636/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0636/2019-S1 Sucre, 30 de julio de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 27688-2019-56-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución de 18 de febrero de 2019, cursante de fs. 107 a 111 pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Luis Verduguez Aguilar contra José Eddy Mejía Montaño y María Anawella Torres Poquechoque Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y Fernando Milko Cárdenas Cabero, Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la (EPI Sur) del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido de la demanda

A través de memoriales presentados el 10 y 17 de enero de 2019, cursante de fs. 79 a 85 vta. y 91 a 94 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Aproximadamente hace cuatro meses le entregó de forma voluntaria su vehículo marca Toyota, tipo Corolla, clase Vagoneta, color blanco, motor 5E0928767, chasis EE1040030310 con placa de circulación 1553-RFT y demás datos consignados en el Certificado de Propiedad Automotor (CRPVA) a Ramiro Mamani Aguilar, para que trabaje como taxi de horas 6:30 a 21:30, con la finalidad de que el nombrado le entregue una renta de más o menos Bs80.- (ochenta bolivianos) por día para el sustento de su familia, esto en el entendido de ser un conocido suyo, siendo su actividad del impetrante de tutela la reventa de vehículos usados en el departamento de Cochabamba; empero la referida persona se había involucrado en el supuesto delito de tráfico de sustancias controladas hecho que conoció por versión de su esposa Margarita Condori Urquieta el 30 de marzo de 2017, cuando vía teléfono le informó que su carro estaría secuestrado en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

Ante esta situación, inmediatamente acompañando sus documentos originales pidió al Ministerio Público su devolución, el cual emitió la providencia por el que le indica que acuda al Juez de control jurisdiccional; toda vez que, por Auto de 31 de marzo de 2017 había sido objeto de incautación por haber sido sorprendido el conductor en flagrancia con la sustancia controlada de cocaína de unos "70 gramos" en el bolsillo de su pantalón; razón por la cual una vez puesto el caso a conocimiento del Ministerio Público y ante la autoridad judicial, el imputado mereció la detención preventiva, en cuya audiencia de consideración de medidas cautelares, no obstante de que el Ministerio Público no solicitó la incautación de su vehículo, el Juez de oficio, de forma ultra petita dispuso su incautación.

Refiere que del informe policial emitido por la investigadora asignada al caso, así como de las actas de lectura de derechos y garantías, de aprehensión, requisa de vehículo, prueba de campo, pesaje de sustancias controladas, todas del 30 de marzo de 2017, pudo evidenciarse que la sustancia controlada se encontró en posesión del acusado fuera de su vehículo y cuando ya había descendido del mismo, en cuya requisa no se encontró nada, no pudiéndose argumentar que en su automóvil estaría hábilmente camuflado dicha sustancia (en macacos), ya que en su calidad de propietario desconocía de las actividades ilícitas del conductor, siendo la incautación de su herramienta de trabajo arbitraria que le está ocasionando perjuicios económicos para la manutención de su familia, máxime si el acusado no es propietario del vehículo porque los delitos son personalísimos.

Con esos antecedentes recurrió ante la autoridad judicial, quien por Auto de 4 de septiembre de 2017, rechazó in limine su solicitud argumentando que conforme al art. 255 del Código de Procedimiento Penal (CPP), para acreditar el derecho propietario debería demostrar la adquisición del vehículo antes de la fecha de resolución de incautación y que de acuerdo a los arts. 314 y 355 de la citada norma, a tiempo de plantear el incidente de devolución, debió adjuntar prueba como ser el contrato de compra venta, la resolución de tránsito entre otros, a fin de establecer la calidad de propietario o la fecha de su adquisición; asimismo, refirió que no habría probado a que título hubiera comprado el vehículo, porque no había adjuntado el documento de compra venta, la Declaración Única de Importación (DUI) entre otros, cuyo Registro Único de Automotor (RUAT) supuestamente se habría registrado el 12 de abril de 2017, posterior a la resolución de incautación, siendo falso esa aseveración, ya que conforme al CRPVA el registro del vehículo a su nombre fue mucho antes a la incautación.