0636/2022-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0636/2022-S1 Sucre, 15 de julio de 2022

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad

Expediente: 40102-2021-81-AL Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución de 05/2021 de 5 de mayo, cursante de fs. 53 a 56 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Dennis Daniel Gutiérrez Vargas en representación sin mandato de Bruno Nicolás Rafael Arias y Luis Alejandro Ibarra Ramos contra Mirtha Mabel Montaño Torrico, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 de mayo de 2021, cursante de fs. 23 a 26, los accionantes expresaron los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Fueron identificados como miembros circunstanciales de un supuesto grupo que participó de un atraco frustrado al Banco Mercantil Santa Cruz S.A.; por lo que, se encuentran con detención preventiva dos años, tres meses y nueve días, siendo esa su situación jurídica, se sometieron al procedimiento abreviado, mismo que se desarrolló el 24 de julio de 2020 en el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, cuyo titular emitió sentencia condenándoles a cuatro años de privación de libertad; determinación que, en la misma audiencia fue apelada de manera verbal por los representantes legales del Banco Mercantil Santa Cruz S.A.

Habiéndose emitido la Sentencia Condenatoria, se cumplió con el procedimiento de notificación a las partes de forma oportuna para que, en el plazo de quince días hábiles el referido Banco Mercantil Santa Cruz S.A. pueda presentar su recurso de apelación restringida; empero, nunca sucedió, quedando solo en apelación verbal; y, a las demás partes para que en el plazo de cinco días respondan a la apelación, lo cual fue cumplido el 2 de septiembre de 2020, que a partir de esa fecha el proceso se quedó sin movimiento alguno, simplemente con la noticia en secretaria del referido juzgado, de que se encontraba en apelación verbal desde el 24 de julio del citado año; por la que el expediente no podía ser entregado a ninguna de las partes, dejando a los condenados en un "limbo" jurídico, esperando sin respuesta alguna para seguir el proceso en los plazos establecidos por la norma, hasta que el 29 de octubre del referido año, el Juez de la causa mediante decreto conminó a la parte apelante a que en el plazo de cuarenta y ocho horas de su legal notificación, provea las fotocopias necesarias a efectos de la remisión al Tribunal de alzada; sin embargo, hasta la fecha -se entiende a la presentación de la acción de libertad-, la parte apelante no cumplió, ocasionando la espera y dilación innecesaria, sin que nadie pueda pedir o proponer algo que permita solicitar la libertad ante la espera de la ejecutoria de sentencia.

Una vez remitidas las fotocopias a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, esta debió resolver la apelación en el plazo establecido por ley; empero, hasta la fecha no sucedió, a pesar de que, en reiteradas oportunidades solicitaron dar por confirmada la "sentencia de fecha 23 de julio de 2020" al tratarse de privados de libertad y poder someterse a los beneficios que la ley lo permite; puesto que,. ya cumplieron más de la mitad de la sanción penal que se les impuso en la sentencia condenatoria; por lo que, señala que no es posible que los Vocales de la referida Sala Penal Primera se valgan de excusas infundadas para evitar que las personas privadas de libertad busquen alternativas para mejorar su situación jurídica, o que traten como una demora atribuible al apelante, quien debió perder la oportunidad de apelar por el simple hecho de no apegarse a lo establecido en los arts. 407 al 409 del Código de Procedimiento Penal (CPP), aspecto que debió ser tomado en cuenta por los Vocales de la Sala Penal Primera y resolver con prontitud el recurso de apelación restringida; más aún, tomando en cuenta la resolución emitida dentro de una anterior acción de libertad que concedió la tutela al verificar el mal procedimiento dentro la causa.

I.1.2. Derecho y principio supuestamente vulnerados

Los impetrantes de tutela denunciaron la vulneración de su derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad, citando al efecto los arts. 15 y 24 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Los accionantes, en audiencia solicitaron, se conceda la tutela impetrada, conminando a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, para que resuelva la apelación planteada, y ejecutoriarse la "sentencia", para poder acceder a un beneficio penitenciario.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

La audiencia pública se realizó el 5 de mayo de 2021, según consta en acta de audiencia de acción de libertad, cursante de fs. 52 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los peticionantes de tutela, a través de su abogado, ratificaron íntegramente los fundamentos de su memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestaron que al no haberse realizado el trámite para la remisión del recurso de apelación ni por el interés del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. -parte apelante-, ni por el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, a pesar de haber hecho solicitudes para agilizar la remisión, no lo hicieron, habiendo por ello presentado una acción de libertad contra el juez del referido juzgado; por lo que, el mismo día se remitieron los antecedentes en originales, ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, al haberles concedido la tutela; por lo que, se evidencia el procedimiento dilatorio y les preocupa hasta cuando se vaya a resolver la apelación, tomando en cuenta que ya llevan detenidos más de dos años, que la mencionada Sala Penal tiene poco avance y no se puede permitir que esta se excuse sin fundamento, indicando que tiene carga procesal, afectando de esa forma, a que puedan acogerse a algún beneficio, al haber cumplido más de la mitad de su pena. Solicitando se conceda la tutela y se conmine a la referida Sala Penal para que pueda resolver las apelaciones de las personas privadas de libertad y así se pueda ejecutoriar la sentencia para que puedan acceder a un beneficio penitenciario.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

I.2.3. Resolución

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Se tiene Sentencia condenatoria de 24 de julio de 2020, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, en aplicación del procedimiento abreviado, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público de oficio y posterior denuncia del Banco Mercantil Santa Cruz S.A., contra Bruno Nicolás Rafael Arias, Luis Alejandro Ibarra Ramos -ahora accionantes- y otros, por el delito de robo agravado en grado de tentativa, por la cual se les condenó a la pena de cuatro años de privación de libertad, en el Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, condenándoles también al pago de costas a favor del Estado; y que, al encontrarse detenidos desde el 26 de mayo de 2019, la pena finalizaría el 26 de enero de 2023. Sentencia que fue apelada en la misma audiencia por el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (fs. 10 a 11 vta.).

II.2. Cursa Resolución 12/2020 de 28 de noviembre, emitida por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, dentro la acción de libertad interpuesta por los -ahora impetrantes de tutela- contra la Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del citado departamento; en la cual, concedió la tutela en la modalidad innovativa, ante la tardía remisión de antecedentes del recurso de apelación planteado por el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. contra la Sentencia de 24 de julio de 2020 (fs. 2 a 6 vta.).

II.3. A través de Nota de 27 de noviembre de 2020, Rosario Beatriz Orozco García, Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, remitió a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento el expediente de apelación restringida contra las Sentencias de 19 de marzo y 24 de julio, ambos de 2020, emitidas dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia del Banco Mercantil Santa Cruz S.A., contra los solicitantes de tutela y otros (fs. 22).

II.4. Consta Decreto de 27 de noviembre de 2020, emitido por Ana María Daza Nava, Secretaria de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por el cual radica la causa remitida en grado de apelación restringida; y, por otro lado, citando el art. 130 del CPP, además de señalar que el Acuerdo de Sala Plena que determinó la redistribución de causas, generó a dicha Sala excesiva carga procesal que impide cumplir razonablemente con los plazos procesales, lo cual hace justificable la suspensión del plazo para el sorteo de la causa y en consecuencia el plazo de duración máxima, hasta que sea sorteado conforme el orden cronológico que corresponda (fs.48).

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho El art. 8.II de la Constitución Política del Estado, se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo, el cual resulta el vivir bien; en este sentido, como ya se tiene expuesto, se ha previsto no solo los valores generales entre los cuales figura la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se funda la jurisdicción ordinaria, entre ellos el principio de celeridad -arts. 178 y 180.I de la CPE-, el cual obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tratamiento y velando por el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la norma suprema.

Es así que, la Constitución Política del Estado, anterior y actual, ha previsto un medio de defensa para resguardar estos derechos, valores y principios a través de acciones, efectivas, oportunas e inmediatas, entre ellas, la acción de libertad, misma en una interpretación evolutiva del artículo 125 de la CPE5 de parte del Tribunal Constitucional como máximo guardián de la norma fundamental, fue incorporando las tipologías de esta acción de defensa, con el fin de tutelar una garantía sustitutiva y esencial, como es la celeridad procesal vinculada a la libertad física o personal de las personas privadas de libertad, sin necesidad de agotar medios intraprocesales de defensa.

En tal sentido, la SCP 0044/2010-R de 20 de abril6, efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus -ahora acción de libertad-, expuso las tipologías de esta acción, como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que básicamente se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad.

En esa misma línea, la SCP 0465/2010-R de 5 de julio, confirmó dichos postulados y la necesidad contar con medios constitucionales efectivos para resguardar sobre todo el derecho a la libertad, en ese sentido señaló que:

"Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales".

A partir de esa interpretación, se tiene que el nuevo modelo constitucional reconoce de igual forma las tipologías de la acción de libertad, las mismas que son utilizadas en la práctica en el ámbito constitucional, así pues, esta misma SCP 0465/2010-R de 5 de julio, señaló que:

"Este Tribunal Constitucional, tomando en cuenta el contexto de la Constitución vigente y de la Ley del Tribunal Constitucional -que aún continúa vigente- concluyo que los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho. (SC 0044/2010-R de 20 de abril)".

En este mismo sentido, la referida Sentencia Constitucional citada, reiteró que el hábeas corpus, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye:

"...en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad"

III.2.1.La dilación en la remisión y resolución de los recursos de apelación, supuesto de procedencia dentro el ámbito de protección de la acción libertad traslativa o de pronto despacho

De lo desarrollado y explicado precedentemente se llega a la comprensión de que la jurisprudencia fue uniforme en asumir que la naturaleza jurídica de la acción de libertad en su tipología traslativa o de pronto despacho, la cual también deviene o se encuentra implícita en el art. 125 de la CPE, busca apresurar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad o de la que está siendo procesada penalmente, en observancia al principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado y cuya finalidad es garantizar el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, exigiendo a los administradores de justicia su aplicación.

En tal sentido, uno de los supuestos de procedencia de este tipo de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene que ver con el recurso de apelación, que es un medio por el cual se ejerce el derecho a recurrir, garantizado por el art. 180.II de la CPE7, y en la norma penal, este derecho se halla establecido en el art. 394 del CPP8; es así que, como todos los derechos, el de recurrir está sujeto a las normas generales que lo rigen, entre ellos la oportunidad o el plazo, el contenido o expresión de agravios y la forma en que deban formularse, en materia penal el legislador ha establecido estas normas generales para todos y cada uno de los medios de impugnación previstos en la norma adjetiva citada; entre ellos, el recurso de apelación restringida, el cual, se halla previsto en el art. 407 del CPP, que señala que:

"Artículo 407. (Motivos). El recurso de apelación restringida será interpuesto por inobservancia o errónea aplicación de la ley. Cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente aplicado constituya un defecto del procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o ha efectuado reserva de recurrir, salvo en los casos de nulidad absoluta o cuando se trate de los vicios de la sentencia, de conformidad a lo previsto por los artículos 169 y 370 de este Código. Este recurso sólo podrá ser planteado contra las sentencias y con las limitaciones establecidas en los artículos siguientes".

Consecuentemente, su presentación y tramitación debe estar sujeta a las previsiones de los arts. 408 y siguientes del CPP, que establecen que:

"Artículo 408. (Interposición). El recurso de apelación restringida será interpuesto por escrito, en el plazo de quince (15) días de notificada la sentencia. Se citarán concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas y se expresará cuál es la aplicación que se pretende. Deberá indicarse separadamente cada violación con sus fundamentos. Posteriormente, no podrá invocarse otra violación. El recurrente deberá manifestar si fundamentará oralmente su recurso". Artículo 409. (Emplazamiento y remisión). Interpuesto el recurso, se pondrá en conocimiento de las otras partes, para que dentro del término de diez días lo contesten fundamentadamente. Si se ha producido una adhesión, se emplazará a contestarla dentro de los cinco (5) días. Vencidos los plazos con contestación o sin ella, se remitirán las actuaciones en el término de tres (3) días ante el tribunal de alzada y se emplazará a las partes para que comparezcan en el plazo de diez (10) días a contar desde la remisión.

Artículo 410. (Ofrecimiento de prueba). Cuando el recurso se fundamente en un defecto de forma o de procedimiento, se podrá acompañar y ofrecer prueba con ese objeto. La prueba se ofrecerá al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él. Se aplicarán las normas previstas para la producción de prueba en el recurso de apelación incidental.

Artículo 411. (Trámite). Recibidas las actuaciones, si se ha ofrecido prueba o se ha solicitado expresamente la audiencia de fundamentación, el tribunal convocará a una audiencia pública dentro de los diez (10) días de recibidas las actuaciones. Concluida la audiencia o si no se convocó a la misma, la resolución se dictará en el plazo máximo de veinte (20) días (Las negrillas añadidas es nuestra)".

En ese marco, conforme establece la norma procesal penal -art. 407-, una vez interpuesto el recurso de apelación restringida, y cumplido el trámite previo a su remisión, es decir, correr el traslado a las demás partes del proceso otorgándoles diez días para su contestación, con respuesta o sin ella el Juez deberá disponer su remisión al Tribunal de alzada en el plazo de tres días, emplazando a las partes a su comparecencia en el plazo de diez días computables desde la remisión; consiguientemente, el o los vocales de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, una vez recibida las actuaciones, conforme se haya planteado la apelación, dentro los diez días deberán convocar a una audiencia pública, la misma que una vez concluida o si no se convocó a audiencia, el Tribunal de alzada dictará resolución en el plazo máximo de veinte días; en ese marco, las autoridades jurisdiccionales y el Tribunal de alzada, deben sujetarse a los preceptos contenidos en el mismo, así como observar los plazos previstos para su tramitación y resolución, tomando en cuenta que este recurso de apelación restringida, al igual que los otros recursos de apelación previstos en la norma, tienen como fin, definir la situación jurídica de un procesado, por lo tanto, su atención debe ser rápida pronta y oportuna, puesto que la dilación indebida o injustificada, activa la procedencia de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho.

A tal efecto, las autoridades jurisdiccionales que conozcan una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tienen el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso. En tal sentido, el no cumplimiento de los plazos previstos en esta norma, que luego del procedimiento y trámite para su tratamiento, la autoridad de instancia tiene un plazo de veinte días para emitir resolución; apertura la vía constitucional a través de la acción de libertada traslativa o de pronto despacho.