0639/2019-S2

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga:

1. a)La nulidad de la Resolución FGE/RJGP/DAF/RJ-PD 159/2018; y,
2. b)La emisión de un nuevo fallo conforme a ley, respetando el debido proceso y el principio de inmediación.

José Alexander Osinaga Ribera, a través de su abogado reiteró el contenido íntegro de su memorial de acción de amparo constitucional; indicando además lo siguiente:

1. 1)Juan Bautista Vargas Osinaga, Investigador Disciplinario, en principio contestó el recurso jerárquico de forma absolutamente contraria al informe presentado en esta acción de defensa; señalando que la decisión de María Inés Yáñez Cáceres, ex Autoridad Sumariante era correcta, siendo que los sometidos al proceso disciplinario no eran responsables de ninguna falta; solicitando incluso a la autoridad jerárquica confirmar la Resolución Sumaria 04/2017, porque no existía argumento alguno para revocarla;
2. 2)Amalia Arancibia Garrón, fue asignada como Autoridad Sumariante en suplencia legal; quien no debió asumir taxativamente la anulación irregular de la Resolución Sumaria 22/2017, sino, llevar adelante la audiencia sumaria, donde escuche a las partes y tome contacto con ellas para aplicar los principios de la sana crítica, la psicología y la experiencia, tal cual se lo solicitó oportunamente; empero, por orden del ex Fiscal General del Estado, emitió una Resolución, lesionando el debido proceso y el principio de inmediación;
3. 3)La Autoridad Sumariante demandada indicó que no correspondía enmendar la determinación del superior jerárquico, máxime si se hubiera precisado cuáles son los derechos vulnerados y de qué forma causaron agravio; siendo que en su momento se le explicó cuáles las violaciones efectuadas, cómo se produjeron y cómo se podrían enmendar;
4. 4)La Resolución Sumaria 04/2018, en su último párrafo señala que la misma fue pronunciada y firmada en audiencia pública y en presencia de las partes en el despacho de la Autoridad Sumariante; lo cual no es evidente; pero ello, hace evidenciar que la forma de emitir una resolución, es celebrar la audiencia de consideración con carácter previo; y,
5. 5)No es correcto afirmar que la solicitud de regulación de procedimiento no está establecida en el Reglamento del Régimen Disciplinario del Ministerio Público, o que no era posible anular además la Audiencia Sumaria; cuando, sobre toda normativa jurídica se encuentra la Ley Fundamental que reconoce los derechos y el principio ahora denunciados como lesionados.

Osman Arias Villarroel, en la audiencia, se adhirió en calidad de accionante a la presente demanda tutelar, siendo aceptada por el Tribunal de garantías; manifestó lo siguiente:

1. i)La última impugnación incluye los reclamos sobre el fondo de la Resolución 04/2018, pero también sobre el procedimiento adoptado por la Autoridad Sumariante;
2. ii)No puede aplicarse el principio de unidad para las autoridades sumariantes, porque el proceso disciplinario está evolucionando, no es estrictamente escrito, sino, también oral, con sus características de concentración, inmediación, publicidad y contradicción, principios que solo pueden cumplirse y verificarse cuando la autoridad que conoce la audiencia sumaria es la misma que dictará la resolución;
3. iii)Debe tomarse en cuenta la SCP 1279/2016-S2 de 5 de diciembre, que hace referencia al debido proceso y su observancia en procesos administrativos sancionatorios, en los cuales deben impregnarse de todos sus elementos; en ese sentido, también incluyen los procesos disciplinarios llevados a cabo en el Ministerio Público;
4. iv)El Reglamento del Régimen Disciplinario del Ministerio Público, no admite incidentes, tampoco contempla muchas figuras jurídicas que hacen del debido proceso, siendo restrictivo al derecho a la defensa; empero, para ello se encuentra la Constitución Política del Estado que establece parámetros para llevar adelante un debido procesamiento; además el propio Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0341/2018-S3 de 31 de mayo, refirió que toda actividad sancionatoria debe ser impuesta previo proceso en el que se respeten todos los derechos inherentes al debido proceso, dentro de los cuales se encuentra la defensa;
5. v)Las primeras Resoluciones sumarias absolutorias, no les causaban agravios para que puedan ser impugnadas; por ello, no opera el acto consentido; empero sí, las últimas que dispusieron y confirmaron su destitución, contra las cuales se está interponiendo la presente acción tutelar; y,
6. vi)El incumplimiento del principio de inmediación provocó que una nueva autoridad sumariante que no conoció la producción de la prueba ni los alegatos, llegó a una conclusión distinta a la de aquella, que en dos oportunidades los absolvió de sanción; en consecuencia, al impedir que se lleve adelante una nueva audiencia sumaria, donde puedan exponer los descargos o refutar los argumentos contrarios, se les vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos de derecho a la defensa y el principio de inmediación. Por lo que, solicitan se conceda la tutela.

Fausto Juan Lanchipa Ponce, actual Fiscal General del Estado, mediante informe escrito de 3 de enero de 2019; y a través de sus representantes, en audiencia de consideración de esta demanda tutelar, indicó:

1. a)Del análisis de los arts. 126 al 129 de la LOMP, respecto a los procesos disciplinarios, no se contempla la realización de una nueva audiencia por reenvío, tampoco en el Reglamento del Régimen Disciplinario del Ministerio Público, el que no admite la aplicación subsidiaria de las normas del Código de Procedimiento Penal;
2. b)La Autoridad Sumariante demandada, conforme al art. 5.6 de la LOMP, emitió su Resolución basándose en el principio de unidad de actuación; es decir, sobre la base de los actuados realizados por la anterior Sumariante, contando con los elementos necesarios para tal efecto; por lo que, no se lesiono el principio de inmediación; y,
3. c)En su momento no se reclamó la vulneración de derecho alguno en la sustanciación de la audiencia, para solicitar su nulidad, pues se debe probar que la misma les causó un perjuicio irreparable. Por lo que, corresponde denegar la tutela por actos consentidos.

Amalia Arancibia Garrón, Autoridad Sumariante del Régimen Disciplinario del Ministerio Público de Santa Cruz de la Sierra, Beni y Pando, mediante informe de 3 de enero de 2019, señaló:

1. 1)Actuando en suplencia legal, emitió la Resolución Sumaria 04/2018 dando cumplimiento cabal a la Resolución FGE/RJGP/RJ-PD 032/2018, que dispuso la anulación de la Resolución Sumaria 22/2017 y la emisión de una nueva; estando compelida a ello, sin poder revocar ni enmendar la determinación del superior jerárquico;
2. 2)Cumplió el procedimiento previsto en los arts. 127 de la LOMP y 64 del RRD del Ministerio Público; toda vez que, analizó la prueba documental aportada por los sujetos procesales; por lo que, no se quebrantó el principio de inmediación, dada la naturaleza del proceso sumario, al no haberse producido la prueba testifical;
3. 3)Llegó al convencimiento que los accionantes, adecuaron su comportamiento a la falta disciplinaria contemplada en el art. 121.18 de la LOMP, sostenida en prueba idónea;
4. 4)No existe dentro del Reglamento del Régimen Disciplinario del Ministerio Público, el procedimiento de repetir la audiencia sumaria; la Resolución jerárquica únicamente anuló la determinación de primera instancia; además, contó con los antecedentes necesarios como la prueba aportada por las partes y el acta de la última audiencia donde se encuentran los argumentos de la defensa, para poder emitir una determinación conforme a ley; de lo contrario, hubiera actuado ultra petita, pues el vicio evidenciado está en la Resolución de primera instancia y no en la actuaciones desarrolladas en la audiencia sumaria;
5. 5)El hecho de no haber estado presente durante la celebración de la audiencia sumaria en calidad de Autoridad Sumariante, no implica que los impetrantes de tutela no fueron escuchados; por el contrario, los alegatos y argumentos vertidos constan en antecedentes, que fueron considerados para emitir su Resolución;
6. 6)Los demandantes de tutela pretenden subsanar su irresponsabilidad, al no haber presentado prueba de descargo oportunamente ni expresado sus agravios en el recurso jerárquico; y,
7. 7)Los peticionantes de tutela solicitaron dejar sin efecto la resolución jerárquica; por lo que, no sería viable anular la Resolución de primera instancia.

Juan Bautista Vargas Osinaga, Fiscal Investigador del Régimen Disciplinario de la Fiscalía General del Estado, en calidad de tercero interesado, a través de informe de 3 de enero de 2019 y en audiencia, manifestó:

1. i)No se vulneró el derecho a la defensa de los accionantes, porque la asumieron de forma material y técnica desde el inicio hasta la finalización del proceso disciplinario 114/2016;
2. ii)Únicamente quedó nula la Resolución de primera instancia; no así, la audiencia sumaria; además, los peticionantes de tutela no reclamaron oportunamente sobre los defectos de procedimiento; y,
3. iii)Existe un acto consentido por parte de los accionantes, porque deberían impugnar la primera Resolución jerárquica que dispuso dejar sin efecto la Resolución Sumaria; además, no existe coherencia entre el supuesto acto lesivo y la pretensión jurídica. Por lo que, solicita se deniegue la tutela impetrada.

Luís Guillermo Gutiérrez Fleig, a través de sus abogados, en audiencia señaló:

1. a)Al tiempo de responder los recursos jerárquicos, los accionantes no reclamaron sobre la aplicación del principio de inmediación, porque las primeras Resoluciones sumarias fueron emitidas a su favor, consintiendo en dos oportunidades el hecho de no llevarse adelante la audiencia sumaria; incurriendo en actos consentidos y confesados; y,
2. b)El principio de unidad también somete a las autoridades sumariantes conforme lo dispone el art. 63 del RRD del Ministerio Público; en ese sentido, no es exigible que la autoridad sumariante que inició el proceso disciplinario, sea necesariamente la que dicte sentencia; en todo caso, el Ministerio Público ejerce sus funciones a través de los Fiscales que lo conforman en su integridad, con unidad de actuación en el ejercicio de sus funciones.

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 01 de 3 de enero de 2019, cursante de fs. 925 a 928, concedió la tutela impetrada, disponiendo:

1. 1)La nulidad de la Resolución Sumaria 04/2018 y de la Resolución FGE/RJGP/RJ-PD 159/2018 emitidas por las autoridades demandadas; y,
2. 2)Que, se dicte una nueva resolución en la que se le respete el principio de inmediación como un elemento y argumento a considerarse por la resolución del Fiscal General del Estado.

Determinación efectuada sobre la base de los siguientes fundamentos:

1. i)El derecho a la defensa no fue vulnerado en la tramitación del procedimiento administrativo al que fueron sometidos los Fiscales de Materia demandados, porque lo ejercieron para oponerse a los extremos de la denuncia, participar en las audiencias asistidos de sus abogados, haciendo efectivo el principio de contradicción;
2. ii)Respecto al derecho al debido proceso en su componente del principio de inmediación, el mismo fue vulnerado; toda vez que, conforme los arts. 115 y 203 de la CPE, los procesos administrativos también están sometidos a principios generales, que no pueden ser desconocidos por las autoridades que los sustancian;
3. iii)El Reglamento del Régimen Disciplinario del Ministerio Público, no puede servir de justificativo, frente a las normas establecidas por la Constitución Política del Estado, que garantiza al debido proceso en todos sus elementos, como es la inmediación; en ese sentido, el mismo no puede ser reemplazado por el de unidad; el cual sostiene la labor investigativa del Ministerio Público, que actúa en calidad de acusador; sin embargo, en este asunto, se encuentra participando como juzgador, asumiendo las responsabilidades de un juez penal y los principios generales del derecho penal, porque se busca una sanción en el ámbito administrativo; sobre lo cual, en ese sentido también se pronunció la jurisprudencia constitucional;
4. iv)El principio de inmediación implica que la autoridad que inicia el trámite del proceso administrativo tiene convivencia, contacto e interacción directa con las partes; lo cual no aconteció en este asunto, porque la Autoridad Sumariante demandada recibió la documentación y directamente emitió la Resolución Sumaria 04/2018, lesionando dicho principio; y,
5. v)El art. 126 de la LOMP detalla el procedimiento disciplinario previo, que lo desarrolló María Inés Yáñez; asimismo, la referida Ley también establece que dado el carácter sumarísimo del procedimiento administrativo, la autoridad sumaria que inicia la audiencia debe concluir el acto con una resolución; de donde se tiene que no se cumplió el mismo, lesionando el principio de inmediación; pues la nueva Autoridad Sumariante demandada, debió cumplir los arts. 126 y 127 de la LOMP, iniciando una nueva audiencia sumaria en observancia además de la jurisprudencia constitucional y del Auto Supremo "195/2014".

II.4. A través del memorial presentado el 18 de junio de 2018, los peticionantes de tutela solicitaron a la Autoridad Sumariante demandada, la regularización de procedimiento y llevar a cabo la audiencia sumaria en cumplimiento del principio de inmediación; argumentando además, que:

1. a)La Resolución FGE/RJGP/DAJ/FJ-PD 032/2018 al sustentarse en el art. 69 inc. d) del RRD del Ministerio Público, no solo tenía que dejar sin efecto la Resolución Sumaria 22/2017, sino, anular el proceso hasta el supuesto vicio más antiguo que hubiere implicado indefensión material o afectación a derechos y garantías constitucionales;
2. b)Resultaba lógico que la misma Autoridad Sumariante que cumplió con el principio de inmediación; es decir, que conoció todo el proceso disciplinario en su contra, emita directamente una nueva resolución; sin embargo, al asumir dicho cargo otra persona, ésta no podía pronunciarla de igual forma, ya que no sustanció la audiencia sumaria; existiendo la necesidad, de volver a convocarla a efectos de garantizar el debido proceso;
3. c)Más allá de la relación de documentos y mención de los argumentos de las partes, que ya están plasmadas en un acta; la nueva Autoridad Sumariante, tiene el deber de emitir su resolución con base en un razonamiento lógico, coherente, efectuando una correcta valoración de las pruebas; aplicando la ciencia, la lógica, la psicología y la experiencia; es decir, asumiendo las reglas básicas de la sana crítica; pero ello, no sería posible, si no se vincula a las partes en la audiencia sumaria; lo contrario, conculcaría los arts. 115.II de la CPE y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y,
4. d)Interpretar arbitrariamente la normativa procesal disciplinaria, al emitirse una nueva resolución sin previa audiencia de juicio oral, se vulnerarían las garantías del debido proceso (fs. 587 a 590 vta.).

II.5. Por Resolución Sancionatoria 04/2018 de 20 de julio, la Autoridad Sumariante demandada, declaró:

1. 1)No responsables a los accionantes de la falta disciplinaria prevista en el numeral 6 del art. 121 de la LOMP; y,
2. 2)Responsables de la falta disciplinaria muy grave contenida en el numeral 18 de la LOMP, en aplicación del art. 65 inc. a) del RRD del Ministerio Público; y, en mérito al art. 122.I.3 de la referida Ley, dispuso la sanción de destitución definitiva del cargo y consiguiente retiro de la Carrera Fiscal. Además; y,
3. 3)Rechazó la solicitud de regularización de procedimiento impetrados; y sobre el particular, argumentó que conforme lo dispone la Resolución Fiscal Departamental GPJ S-032/2018, únicamente quedó nula y sin efecto la Resolución de primera instancia y no el acto procedimental que es la audiencia sumaria; además, ninguno de los sujetos procesales reclamó oportunamente sobre defectos de procedimiento; por lo que, queda dictar nueva resolución en cumplimiento de la determinación asumida por el superior jerárquico; sin tener atribución para enmendarla ni revocarla (fs. 626 a 645).

II.6. Cursa memoriales presentados el 28 de agosto y 3 de septiembre, ambos de 2018, los impetrantes de tutela interpusieron recurso jerárquico contra la Resolución Sancionatoria 04/2018, solicitando anular el procedimiento hasta el vicio más antiguo por la lesión a sus derechos y garantías constitucionales; es decir, hasta el inicio de la audiencia sumaria, o en su defecto, revoque la decisión asumida; lo cual, sostuvieron en los siguientes argumentos:

1. i)La Resolución FGE/RJGP/DAJ/FJ-PD 032/2018, es inusual e ilegal; pues no solo debió declarar la nulidad de la Resolución de primera instancia, sino, el proceso hasta el vicio más antiguo, como lo dispone el art. 69 inc. d) del RRD del Ministerio Público; es decir, hasta la audiencia sumaria, volviendo a repetir el juicio oral;
2. ii)La Autoridad Sumariante en suplencia legal, no podía directamente emitir una nueva resolución, no solo porque estaría inobservando la normativa señalada, sino, porque no sustanció la audiencia;
3. iii)Más allá de realizar una relación de los documentos y la mención de los argumentos de las partes, la resolución debe contener un previo razonamiento lógico, coherente y basado en una correcta valoración de las pruebas, con la aplicación de la ciencia, las reglas de la lógica, psicología y la experiencia, lo que se traduce en el cumplimiento de las reglas básicas de la sana crítica; esto no es posible, si la Autoridad Sumariante no está en contacto con las partes, no oyó sus argumentos, no vio desfilar las pruebas, no estuvo en íntima vinculación personal como juzgadora con las partes o con los elementos probatorios, pues no conoció directamente el material del proceso desde su iniciación hasta la conclusión, incumpliendo con el principio de inmediación, lesionando el debido proceso; y,
4. iv)El rechazo realizado por la Autoridad Sumariante a su solicitud de regularización del procedimiento, en sentido, que únicamente dio cumplimiento estricto de la Resolución del superior jerárquico, no pudiendo abstenerse de cumplir lo ordenado por el Fiscal General del Estado; ello, demuestra una falta de independencia, que ante una solicitud fundamentada, para que no incurra en una ilegalidad, la rechazó manifestando su sometimiento al superior jerárquico; en consecuencia, dicha resolución con relación a este agravio no se encuentra debidamente fundamentada ni motivada (fs. 650 a 659 vta.; y, 668 a 680 vta.).

II.7. Se tiene la Resolución FGE/RJGP/DAJ/RJ-PD 159/2018 de 25 de septiembre; a través de la cual, Ramiro José Guerrero Peñaranda, ex Fiscal General del Estado, en cumplimiento del art. 128.II de la LOMP y 69 inc. b) del RRD del Ministerio Público, resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria 04/2018 sobre la base de los siguientes fundamentos:

1. a)Amalia Arancibia Garrón tuvo el respaldo legal para para dictar la Resolución de primera instancia, por ello, no se incumplió el principio de inmediación;
2. b)El hecho que la actual Autoridad Sumariante no tuvo contacto directo con las partes, no significa que no tomó conocimiento de los alegatos que fueron consignados en el acta correspondiente, por tal motivo, no se lesionó el debido proceso;
3. c)Los recurrentes no señalaron expresamente qué derechos fueron lesionados al no haberse sustanciado la audiencia sumaria, únicamente indicaron los arts. 115.II de la CPE y 8.1 de la CADH; debiendo discurrir una debida fundamentación y motivación, de qué manera hubo inobservancia de las normativas aludidas dentro de la sustanciación del proceso disciplinario;
4. d)La Autoridad Sumariante obró en función al Reglamento del Régimen Disciplinario del Ministerio Público, a los alcances de la Resolución jerárquica referida y en estricto apego a la normativa procedimental disciplinaria; este actuar no constituye una supuesta falta de independencia de la Autoridad Sumariante, al contrario, está garantizada por disposición del art. 13 del RRD;
5. e)No se formularon en el momento procesal oportuno los defectos del procedimiento disciplinario que hubieran implicado indefensión material o afectación por la falta disciplinaria muy grave procesada, resultando precluido este derecho, por haber consentido su realización; y,
6. f)La parte recurrente ingresó en contradicción al solicitar a la vez la nulidad de obrados y la revocatoria de la Resolución Sancionatoria 04/2018 (fs. 687 a 714).

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas:

1. 1)Sobre el debido proceso: 1.i) Sobre las garantías procesales del debido proceso; 1.ii) El debido proceso en el ejercicio de la actividad sancionadora del Estado; 1.iii) El derecho a la defensa como garantía jurisdiccional del debido proceso. Especial mención al derecho a ser oído y a los principios de publicidad, oralidad e inmediación; y, 1.iv) La audiencia pública en el proceso disciplinario desarrollado por el Ministerio Público; y,
2. 2)Análisis del caso concreto.

La Constitución Política del Estado otorga al debido proceso tres caracteres o dimensiones:

1. a)En el art. 115.II, lo consagra como derecho al señalar que: "El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones";
2. b)En el art. 117.I, lo caracteriza como garantía, al establecer que: "Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso..."; y,
3. c)En el art. 180.I, lo precisa como un principio procesal; este reconocimiento también fue desarrollado por la jurisprudencia constitucional en la SC 0086/2010-R de 4 de mayo1 y en la SCP 0903/2013 de 20 de junio²2, entre otras.